Para las citadas organizaciones la reforma promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy es un “nuevo crimen” contra el derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo.
Las organizaciones laicas Europa Laica, Unión de Ateos y Librepensadores y la Federación Nacional del Librepensamiento (Francia) han elaborado una declaración conjunta para denunciar la reforma de la ley del aborto e instan al resto de asociaciones laicas o de 'librepensamiento' a que se unan a este fin.
En su declaración, estas organizaciones, miembros de la Oficina Europea de Coordinación del Libre Pensamiento, señalan que la reforma de la ley del aborto es "una nueva cruzada nacional-católica contra el derecho de las mujeres a su libertad de conciencia" y aseguran que detrás del nuevo texto "está la jerarquía católica a su más alto nivel vaticano y las organizaciones pro-vida".
Para las citadas organizaciones la reforma promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy es un "nuevo crimen" contra el derecho de las mujeres a disponer libremente de su cuerpo.
Recuerdan, además, que en el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno sólo existen dos supuestos de despenalización del aborto: que sea "necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, siempre que se produzca en las 12 primeras semanas y el hecho haya sido denunciado.
La ley de 2010, vigente actualmente, establece que se puede abortar sin alegar ninguna razón en las primeras 14 semanas de gestación, es decir, una ley de plazos similar a la que hay en la mayoría de los países de la Unión Europea, señalan.
Para estas organizaciones el PP en connivencia con los sectores "más integristas del catolicismo internacional" pretenden volver a situaciones en las que las mujeres no tendrían derecho a decidir sobre su maternidad.
Con la ley actual, las menores de 16 y 17 años tienen que informar a sus padres, a menos que aleguen causas especiales para no hacerlo (mala relación con ellos o presiones para no abortar…), una posibilidad que ya no existe en la reforma ya que los padres tendrán la obligación de acompañarlas y la potestad de decidir sobre ellas.
Otra de las diferencias es que actualmente un embarazo de más de 22 semanas solo puede interrumpirse si existen "anomalías fetales incompatibles con la vida" y para ello debe constar el diagnóstico en un dictamen emitido con anterioridad por un médico especialista que no sea el que practique la intervención.
También se autoriza el aborto cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable, que debe ser confirmado por un comité clínico.
En el nuevo texto del Gobierno el supuesto de enfermedad del feto se elimina, y queda supeditado a los efectos que esa dolencia genere en su madre de modo que se deberá garantizar que la mujer sufrirá un daño "no irreversible pero sí importante y duradero" en su salud física o psíquica.
Para ello, se pide un informe de dos médicos especialistas que, además, no pueden trabajar en el centro en el que se practique el aborto.
En el caso de enfermedades incompatibles con la vida el requisito será doble: un informe médico que confirme los riesgos para la madre y otro que pruebe la patología del feto de acuerdo con el Comité de Bioética de España.
