Las comunidades gobernadas por el PP han optado por apurar al máximo su incorporación a la asignatura en espera de que Mariano Rajoy gane las elecciones de 2008 -ha anunciado ya su intención de suprimirla si llega a La Moncloa- o, al menos, de que algún juez dicte la suspensión cautelar de la materia ante los recursos de objeción de conciencia presentados por algunos padres.
Éstos, -más de 15.000, según los promotores de los recursos- alegan que "parte de los contenidos" de la asignatura "no respetan la libertad de conciencia" y "son radicalmente opuestos a los principios religiosos, morales y éticos que rigen la educación familiar".
Por esa razón demandan un aula aparte para que sus hijos estudien una alternativa distinta a Educación para la Ciudadanía. La presidenta de la patronal católica de centros privados, Isabel Bazo, propone que se habilite la biblioteca del colegio y los hijos de los objetores repasen allí los artículos de la Constitución. Bazo reconoce que la asignatura se ajusta a la legalidad, pero opina que "no todo lo legal es moral".
En esferas más espirituales, Jaime Urcelay, el presidente de Profesionales por la Ética, comenta que "no se resigna" a que sus hijos escuchen en su casa y en clase de religión que Dios es el "centro y motor de todos y cada uno de los pensamientos humanos" y se encuentren después en clase de Ciudadanía con la realidad de una existencia completamente laica.
Ni a Bazo ni a Urcelay les consuela que los colegios de sus hijos pueden elegir el libro de texto más acorde con sus creencias. "No quiero ni el manual de Casals ni el de Octaedro", dice, a modo de ejemplo entre dos libros bien diferentes. "Yo lucho para que no obliguen a mis hijos a asistir a esa clase", señala el presidente de Profesionales por la Ética.
Urcelay está convencido de que los jueces o el tribunal Constitucional acabarán por amparar el derecho que plantean a la objeción de conciencia. Pero no parece tan claro.
El Tribunal Constitucional avala la regulación de la objeción de conciencia para el antiguo servicio militar; ha emitido dictámenes no coincidentes ante la negativa de algunos médicos a practicar abortos y se ha mostrado contundente ante una demanda de objeción fiscal: "La objeción de conciencia es un derecho que no puede aplicarse de manera que concluya en el incumplimiento de la ley", ha argumentado.
Y la ley está muy clara en este caso para los responsables del Ministerio de Educación. El secretario general, Alejandro Tiana, recuerda que la inasistencia a clase conlleva el suspenso de la asignatura y éste la imposibilidad de pasar de curso. También destaca Tiana que la objeción "orquestada en campañas puede interpretarse como desobediencia civil".
