Nota de prensa del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias

Tras la presentación del informe sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, en el Consejo de Ministros del pasado 16 de febrero, realizada por la vicepresidencia primera del Gobierno Carmen Calvo, deseamos expresar nuestro profundo malestar tanto por el contenido del mismo como por la nula solución que aporta.

Cabe recordar que el listado corresponde en parte a una PNL presentada en 2017 por el propio PSOE cuando se encontraba en la oposición, a la vez que, una vez en el gobierno, ha demorado largamente su presentación recurriendo, incluso, una petición del Portal de Transparencia del propio gobierno.

Y cabe, también, realizar las siguientes consideraciones:

1.-El informe no niega la posible inconstitucionalidad de las inmatriculaciones, que es lo que hemos venido defendiendo. Sin embargo, no propone ninguna mayor investigación o actuación del gobierno al respecto. En clara connivencia con la jerarquía católica se limita a validar, en general, la “legalidad” de todo el proceso inmatriculador.

2.-El listado resulta completamente insuficiente por varios motivos:

a) No contempla las inmatriculaciones anteriores realizadas, desde 1946 hasta 1998, que seguramente serán mucho más numerosas que las posteriores a la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el gobierno de José María Aznar en 1998. En ese caso, estaríamos hablando probablemente de unos 100.000 bienes inmatriculados.

b) Los bienes enumerados resultan, en la mayoría de los casos, completamente inidentificables al no hacer mención a su nombre más conocido, ni a su localización concreta, superficie, número de finca, polígono o parcela u otra referencia catastral.

c) No constan, evidentemente, todos aquellos bienes que hayan sido vendidos por la iglesia tras su inmatriculación, como es el caso, por ejemplo, de numerosas casas rectorales construidas por los ayuntamientos.

3.-No aporta solución alguna a una problemática de apropiación masiva de patrimonio cultural. Resulta inviable descargar sobre los ciudadanos y los ayuntamientos la responsabilidad de reclamación individual. Una problemática de esta envergadura es un problema de estado y requiere que se planteen soluciones de estado para salvaguardar el patrimonio cultural.

4.-Vulnera el punto 5.11 del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos, en el que se explicitaba el compromiso de llevar a cabo “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

Exigimos:

1.-Que se recopilen y hagan públicas todas la Notas Registrales Simples de los bienes inmatriculados por la iglesia desde 1946 en las que se aportó, unicamente, una certificación eclesiástica.

2.- La anulación de todas las inscripciones realizadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida, amparándose para ello en la jurisprudencia citada en el propio informe, en particular en las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que también ponen en cuestión la constitucionalidad de una norma a la que califican de “arbitraria y difícilmente predecible al privar a otros interesados de las garantías procesales básicas para la protección de sus derechos”.

3.-La anulación de todas las inscripciones de lugares de culto realizadas con anterioridad a la Reforma Hipotecaria de 1998 por ser contrarias a la propia legislación hipotecaria y vulnerarla flagrantemente.

4.-La elaboración de una Ley de Patrimonio que establezca que el patrimonio histórico y cultural inventariado de raíz religiosa, con independencia del uso litúrgico a que se destine, quede afecto al dominio público para garantizar su uso y disfrute por toda la ciudadanía. Así sucede, por ejemplo, en países vecinos como Francia o Portugal.

Grupo Inmatriculaciones Asturias