Elizabeth Odio Benito será la segunda mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus cuatro décadas de existencia. «Hay un retroceso grande en derechos humanos», asegura
Elizabeth Odio Benito (Puntarenas, Costa Rica, 1939) será a partir del 1 de enero la segunda mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sus cuatro décadas de existencia. Esta abogada costarricense, única juez en la actualidad de este tribunal internacional, tiene 80 años y pide decir su edad, orgullosa de su larga carrera como profesora, política y jurista internacional.
Declarada feminista desde hace años, Odio presidirá la Corte en un momento en el que el rechazo a la violencia contra la mujer saca a las calles a miles de personas en América Latina. Mira ahora la evolución de los derechos de la mujer y recuerda aquellos años en los que fue ministra de Justicia (1978-1982 y 1990-1994) o vicepresidenta de la República y responsable de Ambiente (1998-2002) cuando ni siquiera habían salido al debate público muchas de las demandas actuales. También ha sido juez de la Corte Penal Internacional (2003) y del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia (1993-1998), donde imprimió su pensamiento feminista a favor de mujeres en situación de guerra.
Hija de maestros, descendiente de inmigrantes cubanos y españoles, y aficionada al fútbol; Odio defiende, sobre las protestas en Chile, que los modelos económicos que privilegian a ciertos sectores y deprimen a otros llegan a un momento en el que los más castigados protestan.
Pregunta. Usted es la segunda mujer que preside la Corte IDH en 40 años, y solo la quinta juez entre 34 varones que ha tenido este tribunal. ¿Qué mensaje quiere dar esta institución al elegirla presidenta?
Respuesta. Esta Corte tiene como misión proteger los derechos humanos de todos y todas y luchar por los principios de igualdad y no discriminación. Lo ha hecho muy bien, pero los gobiernos son los que proponen a los candidatos para integrar la Corte y casi todos han sido hombres. Ha sido una discriminación aberrante, pero es indudable que la Corte da mucha importancia al contexto de lo que ocurre en América Latina. Hace 40 años, cuando nació, había dictaduras militares que violentaban los derechos humanos de manera atroz y la Corte fue sacando la tarea, pero ahora enfrenta un momento delicado. Hay revueltas sociales en muchos países de América Latina y se nota malestar de las sociedades al no sentir satisfechas las obligaciones de los estados de respetar los derechos civiles y políticos, y también los económicos, sociales y medioambientales. Este es un continente muy violento y el más desigual del planeta, lo que se refleja en cada país, incluida Costa Rica. La gente está muy insatisfecha y en ese contexto yo empiezo mi presidencia en la Corte.
P. También es un momento diferente para el movimiento feminista.
R. Creo que mi militancia feminista, conocida así desde hace muchos años, influyó positivamente en la decisión de mis colegas. Creo que ellos pensaron que era buen momento para que una mujer que ha dedicado su vida a los derechos humanos de las mujeres, y especialmente de las mujeres en situación de pobreza y violencia, asumiera la presidencia. Creo que pesó positivamente.
P. ¿Cómo explica que Un violador en tu camino se haya extendido por el mundo?
R. Eso nos dice que la violencia contra las mujeres, especialmente la sexual, se ha convertido en una pandemia, como dijo una vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es una epidemia, es una pandemia, una situación dramática que ocurre en todos nuestros países y en nuestros hogares. Cuando ese tipo de protestas se viralizan, es porque hay una sensación en las mujeres de todas las edades y en muchos hombres de que hay que denunciarlo y poner un remedio a esta atrocidad.
P. ¿Cómo explica el impulso que han tomado corrientes políticas conservadoras de la mano de organizaciones religiosas?
R. Hay un punto esencial: los derechos humanos no son una religión ni están vinculados a ninguna religión. Son una ética laica y tiene que ver con derechos fundamentales que desde milenios se atribuyen a las personas por ser tales. No se necesita ningún amparo religioso para que existan los derechos humanos ni para el derecho internacional que los protege. Si así fuera, no se reconocerían los derechos humanos para las mujeres, como ocurre entre los musulmanes extremistas, aunque no son los únicos. Confundir derechos humanos con religión es un error garrafal.
P. Pero muchos cometen esa confusión.
R. Y la están cometiendo a sabiendas. Por eso es tan importante impulsar los derechos humanos en la educación formal y en nuestros hogares.
P. Hay varias tendencias políticas que pretenden mezclar religión y política. ¿Supone un retroceso en derechos humanos?
R. La línea de progreso en derechos humanos no va siempre hacia adelante. Hay épocas en las que hemos ido para atrás. Cuando uno ve lo que ha ocurrido con el cambio climático por responder a intereses políticos y económicos de ciertos sectores, se da cuenta de que eso mismo se replica en todos los órdenes. En los derechos de las mujeres, de la población afrodescendiente e indígenas, la niñez… ¿Por qué estamos como estamos con la trata de personas y con la esclavitud? Hay países en nuestro continente en donde hay trabajo esclavo. Tuvimos una sentencia en diciembre de 2016 que comprobó cómo se daba esa esclavitud en una serie de regiones de Brasil. Hay trata de mujeres, de niños o de migrantes. Hace unos años se recibía a los migrantes y ahora se les cierran las puertas. Hay un retroceso grande en derechos humanos, pero en general en principios como la solidaridad, la empatía y la equidad en las relaciones humanas.
P. El 66,5% del presupuesto anual de la Corte proviene del fondo regular de la Organización de Estados Americanos, el 7% de aportes de los Estados miembros un y 26%, de cooperación externa. Una manera de golpear a la Corte es la presupuestaria. ¿Ha podido mejorar su situación financiera?
R. La Corte IDH siempre ha sido pobre y nos damos cuenta de que lo económico es un mecanismo perverso que usan unos gobiernos que no creen en la globalidad de los derechos humanos para limitar poco a poco a este tribunal. Nosotros seguiremos trabajando con el presupuesto que tengamos, pero hay programas que se pueden ver limitados, como las capacitaciones de autoridades judiciales en los países y las visitas al terreno. Muchos gobiernos sí son generosos y han dado el financiamiento y seguirán dándolo.
P. Hablaba usted al principio sobre las protestas sociales en este último trimestre y en algunos casos ha participado el ejército. ¿Cómo evalúa su actuación?
R. No cabe la menor duda de que ha habido problemas muy serios por el uso de la fuerza por parte de los órganos de vigilancia y también de los ejércitos. Eso ha motivado la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales. Los informes de estas instituciones deben ser enviados a los Gobiernos para que tomen nota y corrijan lo necesario. Yo frente a esto solo puedo externar preocupación; no corresponde a los ejércitos gobernar a los países de ninguna manera. Cuando lo han hecho, los resultados han sido muy negativos. Obviamente la circunstancia de que en mi país no haya Ejército demuestra que es posible vivir en democracia y en derechos humanos sin tener fuerzas armadas.
P. Chile era un país aplaudido por sus logros económicos y democráticos. ¿Cómo se explica lo que pasa ahora?
R. Mi interpretación personal, que no puede ser atribuida a esta Corte, es que estos modelos económicos que privilegian a ciertos sectores y deprimen a otros llegan a un momento en el que los que tienen más carencias protestan. En el caso de Chile fue una explosión de una situación que se venía sintiendo tensa desde hacía tiempo y que reaccionó en cadena después de ese aumento en el pasaje del metro. Es una protesta legítima que nada tiene que ver con el vandalismo; lo que pasa es que cuando esto ocurre siempre hay vándalos que se aprovechan, como pasó en Chile, Bolivia y Colombia.
P. ¿Ve un elemento común que explique lo que pasa en varios países más allá de la insatisfacción popular?
R. Cada país tiene factores propios e historias propias. Colombia ha vivido una guerra civil muy larga y prolongada y eso deja muchas marcas y daños en el tejido social. Eso es muy diferente a lo que pudo pasar en Bolivia o Chile. Casa país tiene sus particularidades y por eso las protestas son diferentes, aunque es indudable que los grupos ven lo que se hace en un país y piensen que en su país también se puede hacer.
P. ¿Es realista pensar en un aumento en la cantidad de estados que reconocen la jurisdicción de la Corte IDH [ahora son 20 de los 25 que suscribieron la Convención Interamericana, aunque la OEA tiene 35 miembros]?
R. Yo pertenezco al gremio de las optimistas, porque si no, no hubiera hecho nada de lo que hecho. Sí creo que la seriedad con que la Corte enfrenta sus tareas hará que más Estados suscriban el Pacto de San José [la convención americana sobre derechos humanos aprobada en 1969 por al OEA] o que reviertan la decisión de salirse.
