No es bueno que las religiones llamadas minoritarias -algunas con más de un millón de fieles- vivan con la sensación de que no se les quiere. La libertad de conciencia, en primer lugar la religiosa, ha de ser mimada por el Estado, por laico que éste se presuma. Una primera decisión tiene que ver con la igualdad de trato. España financia con miles de millones las actividades de la religión católica, con la disculpa de que es la mayoritaria, mientras se escatiman ayudas para facilitar la vida a las demás. Algo peor: el Ministerio de Hacienda libra cada mes dinero para sueldos de sacerdotes y obispos católicos, pero el Ministerio de Justicia prohíbe a las otras religiones destinar a templos, culto o salarios el dinero que reciben del Estado, apenas cinco millones este año.
También hay desigualdad de trato de los ayuntamientos ante los templos. La Generalitat de Cataluña tiene una ley desde 2007 para acabar con las descriminaciones que se producen cuando religiones no católicas solicitan terrenos y permisos para construirlos. El texto fijó las medidas de seguridad y salubridad que deberán cumplir esos oratorios y obliga a los ayuntamientos a reservar suelo para espacios de culto en los nuevos planes urbanísticos.
Pero no bastan leyes, si no se cambian las mentalidades. Después del ataque a la sinagoga del Call de Barcelona, en enero de 2009, el presidente de la Generalitat, José Montilla, habló de xenofobia, de odio al extranjero. Pero los judíos son españoles, y la sinagoga también. Lo mismo ocurre con las mezquitas. El Ayuntamiento de Lleida no debería olvidarlo.
