Efectivamente, las mujeres que abortan ejercitando el derecho universal de controlar su maternidad y su reproducción, no son ni víctimas, ni están locas. Simplemente, son personas que ejercitan un derecho reconocido por las instituciones internacionales, entre otras, por Naciones Unidas. No necesitan de ninguna protección ni amparo de los aparatos de este Estado reaccionario, regido por una derecha ultra-conservadora. Exigen y ejercitan el derecho a disponer de su cuerpo. Y las Administraciones Públicas deben facilitar el ejercicio de este derecho, mediante las prestaciones pertinentes en los centros públicos, de forma gratuita y universal. Y, sobre todo, de forma segura, desde el ámbito sanitario y jurídico.
Las 108.000 mujeres que en el año 2011, en el Estado Español, se han sometido a una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), frente a un embarazo no deseado, antes de la decimocuarta semana, simplemente han ejercitado un derecho reconocido por la vigente Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, del año 2010.
Estos dos son los primeros comentarios que se nos ocurren frente al texto que ha presentado el Gobierno del PP, como anteproyecto de ley que denomina “de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada”. Sintetizan, de forma esquemática, los efectos que va a tenar la propuesta del ministro Ruiz Gallardón. Es decir, y como principal criminalización, pasa a ser constitutivo de delito la realización de una IVE a petición de la mujer, en cualquier plazo. Lo que quiere decir, que el 95% de los abortos, aproximadamente, realizados de forma legal en Euskal Herria, desde que entró en vigor la ley, pasan a ser delitos. La soberana y libre voluntad de la mujer, ya no dirime este asunto. Pasa a ser tutelada por especialistas de diversos campos técnicos, científicos, jurídicos, morales, políticos…. Se pasa así al aborto por causas tasadas, analizadas y juzgadas por terceras personas.
A la hora de hablar de los supuestos que van a ser legales, únicamente recoge dos el presente proyecto: el embarazo fruto de violación –hasta 12 semanas- y el grave peligro para la salud, física y síquica, de la mujer gestante –hasta 22 semanas-. En éste último está subsumido el supuesto de malformación del feto, que también deberá afectar gravemente a la salud de la mujer para ser legal. Con esto se convierte en un supuesto de doble condicionamiento y de doble prueba. Con esta modificación la penalización del aborto es más grave que en los supuestos de la ley de 1985. Hemos retrocedido a tiempos del franquismo.
Todos los procedimientos para llegar a la práctica efectiva de la intervención aparecen adornados de un protocolo complicado, lento, burocrático, con tiempos de espera y reflexión muy amplios y mediatizados por voluntades e informes ajenos y externos a la mujer, tanto de técnicos como de personas que tutelan a la mujer. Todos ellos con una finalidad clarísima, e ideológicamente del acervo argumental de la derecha integrista: convencer a la mujer embarazada, que ya ha decidido abortar, que lo mejor, en todo caso, es seguir con el embarazo y terminar pariendo una criatura. Aunque después la tenga que dar en adopción o simplemente se la quiten, para su mayor felicidad, la de la criatura, y la de ella, por supuesto. Así, las mujeres deberán abortar, alegando, en un porcentaje muy alto de casos que la continuidad del embarazo es perjudicial para su salud síquica. O sea, problemas de salud mental, para pasar a engrosar las filas de las mujeres que enloquecen y entonces son incapaces para gobernar su vida.
Toda esta política restrictiva y negadora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto del derecho al aborto, viene acompañada de una píldora penal-criminológica de corte de la derechona reaccionaria que solo tiene perversidad y mal hacer jurídico. Para no penalizar a las mujeres que se ven obligadas a interrumpir un embarazo no deseado fuera de los estrechos supuestos legales, que sabe el PP que se contarán por miles, decide hacer a la mujer no imputable. Evidentemente, es mala imagen para la marca “España”, en el escaparate europeo, que se procese y condene y encarcele a mujeres por ejercitar un derecho mayoritariamente reconocido y garantizado por los Estados democráticos. Y para ello, para librar a la mujer de la criminalización y no imputarla, ya que es una acción que realiza voluntariamente, decide “elevarla” a la categoría de víctima.
Así, mediante este truquillo de trilero, de dudosa validez constitucional, resulta que la presunción de inocencia, pasa a ser presunción de “incapaz”. Las mujeres son consideradas incapaces e inimputables, porque son víctimas, aunque no se sabe muy bien víctimas de qué o de quién, salvo que lo sean del Ministro de Justicia y de toda su corte celestial. Tiene un agravante muy serio: aunque no imputen a la mujer, ésta no tiene ninguna garantía sanitaria de que se lo puedan realizar, pues quien lo practica si será condenado y encarcelado.
Pues no señores del gobierno del PP y asesores celestiales. Las mujeres no estamos locas cuando recurrimos a interrumpir un embarazo no deseado porque ha fallado la prevención y el asesoramiento necesario para evitarlo, fruto de su mala gestión y atención educativa sanitaria. No estamos locas cuando, conscientes del sufrimiento que va a tener una criatura con discapacidad funcional grave y del propio nuestro, sin medios suficientes para llevar una digna porque vds. la niegan, recurrimos a un aborto. No somos víctimas cuando ejercemos un derecho conscientes de nuestra legitimidad y dueñas de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y para demostrarlo, desobedeceremos vuestras imposiciones.
Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala
De la Comisión por el derecho al aborto de Nafarroa
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