La consejera ha explicado en el Parlamento que no sería necesario realizar modificaciones curriculares y organizativas
La consejera de Educación, María Solana, ha afirmado este jueves que, tras analizar la cuestión “a fondo”, considera que sería “suficiente” modificar dos órdenes forales, una en Primaria y otra en la ESO, para disminuir la carga horaria de la asignatura de religión en la enseñanza no universitaria.
Solana respondía de esta forma a la parlamentaria de IE Marisa de Simón, que durante la sesión de control al Gobierno había preguntado por la situación en que se encuentran las modificaciones normativas para reducir la carga horaria de la enseñanza de la religión en los niveles de enseñanza no universitaria.
Tras recordar que el pasado mes de enero se aprobó una moción que instaba al Ejecutivo Foral a realizar las modificaciones curriculares y organizativas necesarias para disminuir hasta el mínimo legal la carga horaria de la enseñanza de la religión, ha contestado que “no es necesario acometer esas modificaciones”.
La consejera, que ha asegurado que la cuestión ha sido contrastada “a fondo” con los letrados, ha considerado que “la modificación tiene que ir en el sentido de cambiar” sendas órdenes forales: una en Primaria y otra en Secundaria.
“Ese cambio sería suficiente para poder acometer una cuestión que es un derecho”, ha subrayado Solana, que ha explicado que “no es lo mismo cambiar un decreto foral que modificar una orden foral que no viene acompañada de un dictamen del Consejo de Navarra”.
Por otro lado, ha anunciado que se está “intentando determinar” si esta medida tendría aplicación en los centros concertados, además de en los públicos, un aspecto sobre el que existen “distintas visiones”.
Tras la explicación de la consejera, De Simón se ha mostrado “francamente preocupada”, pues “33 parlamentarios han mostrado su posición muy clara a favor de que se hagan las modificaciones pertinentes al objeto de que se reduzca al máximo la carga horaria de la educación religiosa”.
“Está clarísimo que lo que hay que modificar es el currículo básico, que es de obligado cumplimiento para todos los centros públicos y sostenidos con fondos públicos”, ha manifestado.
Tras recordar que el Gobierno “tiene la obligación de llevar a cabo esta medida”, ha reivindicado que “lo que se haya de hacer, tiene que ser de aplicación para el curso que viene y ha de afectar necesariamente a los centros públicos y concertados”.
“Vamos a insistir en que estos cambios normativos se produzcan -ha advertido-, cómo lo hagan, ustedes verán”.
