Para intentar salir de ella, habría que hablar con propiedad. Por tanto, antes de proponer políticas públicas que partan del reconocimiento vago de la diversidad cultural, hay que haber aclarado a cuál de estos cuatro aspectos se está haciendo referencia: 1) a las diferencias existentes entre los antiguos reinos considerados globalmente por lo que fueron antes de la unificación nacional-estatal; 2) a las diferencias que, a pesar de la unificación nacional-estatal, existen hoy en día en el conjunto del Estado; 3) a las diferencias existentes en las nacionalidades históricas entre cultura “propia” y culturas de las migraciones históricas; 4) y a las diferencias existentes entre poblaciones establecidas en el territorio del Estado y en las Comunidades Autónomas antes de 1990 y las culturas de los inmigrantes llegados de África, del Este de Europa y de Latinoamérica en los últimos años.
Si se tienen en cuenta los entrecruzamientos que se han dado y se dan entre esas varias culturas y si se añade a ello el hecho de que una parte importante de los inmigrantes recientes en la Península pertenecen a culturas que o han tenido raíces aquí durante varios siglos (árabes y/o islámicos) o se han mezclado en América con la cultura hispana durante otros tantos siglos, se comprende enseguida que el asunto del reconocimiento (no sólo verbal) de las “otras culturas” se complique mucho cuando se pasa de las vaguedades habituales sobre los “hechos diferenciales” al ámbito de las propuestas jurídico-políticas.
Esta complicación está, creo, en la base del malestar que produce en muchos (y diferentes) ambientes político-ideológicos de nuestro país el término mismo “multiculturalismo”, que no debería ser mayormente problemático ni para un liberalismo abierto al reconocimiento de las diferencias culturales ni, aún menos, para ninguna de las variantes del socialismo. Lo que está ocurriendo es que, dada la superposición de tendencias y procesos, y la complicación que suponen los entrecruzamientos, el mestizaje cultural y la consiguiente percepción de identidades múltiples, se tiende a tirar por “el camino de en medio” reduciéndolo todo “a uno de los asuntos” (el que ideológica o electoralistamente se considera esencial), en lugar de tratar de analizar separadamente cada uno de ellos (y de ver sus implicaciones).
Desgraciadamente, todas las variantes de este tirar por “el camino de en medio” en tal cuestión conducen en la práctica a contradicciones. Estas contradicciones se deben a la falta de perspectiva analítica, a la unilateralidad con que se enfoca o prioriza una sola de las diferencias y a la tendencia a quitar importancia o pasar por alto las otras. Así, en contradicción muy patente caen desde el uniformismo político-cultural a ultranza (tanto en su variante neoconservadora como en su variante jacobina) hasta la afirmación del derecho a la indiferencia (frente al derecho a la diferencia), pasando por los nacionalismos varios.
Esto último afecta tanto al nacionalismo de la nación grande (o español) como a los nacionalismos de las naciones pequeñas. En el primer caso, incluso cuando se admite, en general y en abstracto, la multiculturalidad del Estado, se niegan las implicaciones político-jurídicas del hecho, reduciéndolo a algo marginal o secundario, se practica el asimilacionismo y se abordan las nuevas diferencias como un problema de policía. Y en el segundo caso, incluso cuando se afirma el punto de vista multiculturalista en referencia al estado español (un estado multinacional, plurilingüístico y pluricultural), se niegan las consecuencias político-jurídicas de la admisión de las diferencias al tratar del territorio de la nacionalidad correspondiente, practicando el mismo tipo de asimilacionismo respecto de las minorías lingüístico-culturales que se critica en el Estado (para lo cual se suele aducir el peligro de la pérdida de la identidad lingüístico-cultural propia).
De la crítica de esta confusión tiene que partir, en mi opinión, una aproximación socialista y federalista que: 1) admita el núcleo sano de la propuesta multiculturalista (el ir más allá del liberalismo clásico al abordar la relación entre igualdad jurídico-política y reconocimiento de las diferencias culturales); 2) distinga y analice con claridad de qué diferencias culturales estamos hablando aquí y ahora (en el sentido de la enumeración anterior); y 3) actúe en consecuencia, esto es, en concordancia con los principios socialistas y federales, tanto en lo que hace a las diferencias culturales históricas como en lo relativo a las diferencias culturales de origen reciente.
