Mujeres solas y lesbianas, víctimas históricas de una ley ambigua

A partir de las 11.00 de la mañana, las comunidades autónomas reunidas en el Consejo Interterritorial de Salud tendrán sobre la mesa la propuesta del Ministerio de Sanidad para financiar las técnicas de reproducción asistida únicamente en casos de infertilidad por causas médicas. La exclusión, por omisión, de mujeres sanas sin pareja o lesbianas, levantó la semana pasada una tremenda polvareda social y política, cuando la realidad es que en la actualidad no todas las CCAA atienden a estas pacientes.

Hasta ahora, en España la práctica de las técnicas de reproducción asistida (TRA) se rige por la Ley 14/2006; aunque ya en 2001 un grupo de 34 especialistas, asesorados por dos expertos en derecho sanitario, se reunieron para elaborar un documento de consenso sobre cómo y cuándo financiar estos tratamientos en el medio público.

Se partía de una realidad que ya entonces era llamativa: la sanidad pública no daba abasto para cubrir la demanda en este campo y la gran mayoría de las personas que recurrían a las técnicas reproductivas lo hacía por la vía privada. Así, había que priorizar y de esta necesidad salió el documento.

"Las decisiones que implican criterios de priorización en el ámbito sanitario son delicadas y espinosas y, sin embargo, es absolutamente necesario en los sistemas públicos de salud. Se trata de un asunto delicado en cuanto se refiere a un bien esencial para la vida […] y es también un asunto espinoso, porque el hecho de establecer prioridades significa discriminar a unos en relación a otros y, en consecuencia, un factor de conflicto para cualquier sociedad", afirmaba el documento en su introducción.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, varios asuntos quedaron sumidos en la ambigüedad. Más de 10 años después, uno de los participantes en dicha reunión explica a ELMUNDO.es que la financiación de la reproducción asistida a mujeres solteras y parejas de lesbianas fue uno de esos puntos y que dicha ambigüedad no fue casual.

El jefe de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital de Cruces de Bilbao, Roberto Matorras, explica que la indefinición se ve claramente en la página 23 del documento, en la que se establece que el primer criterio que regirá la indicación en la sanidad pública será la existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva (esterilidad o infertilidad).

Matorras explica que, ante este punto, él preguntó a uno de los asesores jurídicos que ayudaron a elaborar el documento si las mujeres sin pareja masculina entraban. "Él contestó: 'Con esto, no entran'". Ante tal respuesta, se planteó ponerlo en los criterios de exclusión, sobre lo que dicho asesor –Matorras prefiere no dar el nombre- afirmó: 'Como pongamos eso se nos echan encima las asociaciones de mujeres y feministas'.

"Así quedó, con una ambigüedad calculada", recuerda el experto. Visto eso, ha habido centros donde han interpretado que las mujeres sin pareja masculina no tienen un trastorno documentado de la capacidad reproductiva y no las han aceptado y otros que han asumido que, al no tener pareja masculina, no se pueden reproducir, por lo que sí entrarían en los criterios de utilización de las TRA.

Matorras, que gestiona la Unidad de Reproducción asistida del hospital público de Cruces y está a favor de la inclusión de estas pacientes, cree que existen más centros excluyentes que inclusivos.

Para este especialista es importante destacar que, cuando se elaboró este documento, aún no se había aprobado el matrimonio homosexual. "La aceptación social de la maternidad sin pareja masculina ha ido mejorando", señala.

Fernando Abellán fue uno de los asesores jurídicos de dicho documento. Aunque no recuerda que durante su elaboración se mencionara específicamente el tema de las mujeres sin pareja masculina, explica a este medio que la aplicación de las técnicas de reproducción asistida a estas mujeres se rige por una indicación social y no médica, "lo que dota a este supuesto de una particularidad que es extra médica".

Este experto en Bioética y legislación sobre reproducción asistida destaca que en ningún momento se ha hablado de prohibir el acceso a estas técnicas a dichas mujeres, sino de priorizar o no su financiación con dinero público en un contexto de recortes de la cartera de servicios. "Esta indicación social distorsiona la percepción de la medicina reproductiva como medicina propiamente dicha, porque va más allá del campo médico", apunta, recordando que muchos países del entorno de España, como Francia o Portugal, no permiten la TRA, ni siquiera por la vía privada, a mujeres sin pareja masculina.

Abellán señala que, según las leyes, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de racionalizar y priorizar sus presupuestos sanitarios y que, por ello, muchas ya estaban siendo restrictivas en la inclusión de estas pacientes. "En la práctica no va a haber grandes cambios", vaticina.

El doctor en Medicina Legal por la Universidad Complutense de Madrid quiere pensar que, detrás de la propuesta del Gobierno al Consejo Interterritorial no hay una motivación ideológica, aunque reconoce que es inevitable su lectura ideológica, ya que el hecho es que excluye a estas mujeres sin pareja masculina, que sólo podrán acceder a la técnica por lo privado. "Es normal que se levante la polémica y más si tenemos en cuenta que se trata de un gobierno conservador", apunta Abellán que cree que, si la propuesta sale adelante, lo único que va a suceder es que "se va a uniformizar en todo el Estado un criterio que no siempre fue homogéneo en todas las comunidades".