Pedagógica, clarificadora y oportuna. Quizás esos tres calificativos sean los más idóneos a la hora de adjetivar la charla que el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) ha impartido esta tarde en Huesca, acompañado con la presentación y comentarios de Luis Arduña, concejal oscense que, como todos los del equipo de gobierno de la corporación, se encuentran bajo sospecha de liberticidas (¿?) en su intento de dotar al consistorio de un protocolo de asistencia a diferentes actos acorde con la ley y los tiempos. Difícil meta, por lo visto.
Jorge García, presidente de MHUEL, Alicia Alcalde, socia de MHUEL y Europa Laica, Sandra Gimeno, delegada MHUEL en Huesca y el ya citado Luis argumentarán, informarán y debatirán a lo largo de noventa minutos con un público que hace pequeño el salón de actos del IEA. En medio de un silencio atento y una placidez tonal ininterrumpidos.
Muchos son los aspectos de las relaciones Iglesia-Estado que hoy se tratan. Fundamentalmente para demostrar , con argumentos jurídicos, que el Estado continúa manteniendo unas relaciones de colaboración, cuando no sumisión en otros ámbitos, con la Iglesia Católica.
Y todo comienza desde la misma redacción de la idolatrada ley de leyes, la Constitución Española de finales de los setenta, que se permite, junto a la declaración de aconfesionalidad del Estado, desdecirse matizando que, aún así, el Estado prestará especial atención a las creencias de … (etc, etc.)
Parece obligado acudir a la RAE para definir conceptos tales como laicidad y aconfesionalidad; de esta manera podemos asegurar que son conceptos análogos muy distantes de policonfesionalidad o falsos laicismos, so pretexto de respeto, de procesiones con banda y varas de mando.
El expolio de los bienes públicos mediante el procedimiento de la inmatriculación ocupa una buena parte del tiempo de sta tarde. La locura antiadministrativa de permitir poner a nombre propio propiedades que son de todos merced a conferir autoridad de fedatario público a cargos eclesiásticos es un esperpento más que, si bien en Navarra está propagando un movimiento de contestación social, no parece ser así en Aragón. El patrimonio artístico, inmobiliario o de dominio público que se ha transferido, de ese modo, a las cuentas vaticanas es incalculable. En ocasiones con la complicidad de registradores de la propiedad sospechosos de prevaricación y que, quizás, muy póximamente veamos desfilar por los juzgados.
En este punto nos listan las gentes de MHUEL algunas de las propiedades así hurtadas, salpicando la vergonzosa nómina con algunas de las «perlas intelectuales» que justifican el latrocinio. Y no se quedan ahí, puesto que también tienen tiempo de denunciar las maniobras que observan tras la azarosa historia de la devolución de los bienes de la Franja. Fundamentalmente de interés político, de exacerbación de sentimientos localistas… Porque , en realidad, no se trata de de devolución de unos bienes al pueblo aragonés, sino, simplemente de la administración y custodia de los mismos entre dos departamentos de la misma empresa, esto es, el estado vaticano.
Hablando ya de dineros e impuestos, MHUEL lo tiene claro. Aquel contribuyente que no desee financiar a la Iglesia Católica, que no ponga la cruz en ninguna casilla: en ninguna… Elijas la que elijas (fines sociales o iglesia católica) una parte de tus impuestos acabará en sus manos.
Con respecto a la apostasía, afirma MHUEL que no es un tema prioritario en su quehacer cotidiano. Que corresponde a una opción personal que, como tal, es decisión en la que no entran; eso sí, informan de los pasos a seguir para quien desee recorrer ese proceso. En este punto se suscita un debate entre mesa y público acerca de si apostatar supone reconocer o no una cierta capacidad de la institución religiosa. Discusión con tintes bizantinos, posiblemente, que inicia la última parte de la charla en la que público y conferenciantes cruzan argumentos y vivencias.
Entre el público concejales/as de Huesca y, sobre todo, muchos hombres y mujeres del exilio republicano que no pierden palabra y comentan la extrañeza que supone para ellos determinados espectáculos de compadrep institucional y religioso.
El colofón a la charla lo pone Luis, el edil oscense, que afirma que creyentes e instituciones de cualquier confesión habrán de respetar las leyes y protocolos que, de manera democrática, nos autoimpongamos; que la libertad individual se mantiene y se potencia en la sinceridad derivada de los falsos ropajes de símbolos institucionales y que , lo contrario, será retroceder a épocas de oscurantismo que creemos ya superadas.
Nadie que los haya escuchado podrá compartir la imagen que de estas gentes se pretende dar. Ni olor a azufre, ni siquiera a la gasolina con la que incendiar templos, ni caníbal afición a ensotanados. Simplemente gentes que desean no ser expoliadas, no ser coaccionadas en su libertad interior, no contribuir económicamente con dinero público a entes privados y no permitir que personas electas para cargos de representación usen ese estatus para favorecer, con su presencia institucional, confesión alguna. Y eso es todo.
Huesca es el objetivo. Consistorios de toda España se interesan por el proceso aquí seguido. De su resolución dependerá de si el siglo XXI seguirá viendo procesionar el poder civil tras purpurados varios o la razón de la separación efectiva que el laicismo y el sentido común propugnan se imponen. En este despertar a nuevos tiempos se seguirán oyendo cánticos llamando a nuevas cruzadas e, incluso, enarbolando oportunistas banderas de libertades nunca cuestionadas.
¿Cual era el término que, en textos religiosos, se aplica a estos peculiares defensores de la fé? Lo recuerdo: falsos profetas.
