Tarragona envía los oratorios de nueva construcción fuera del tejido urbano
El Ayuntamiento de Tarragona, gobernado por el PSC, ha dado luz verde inicial a una nueva normativa para la implantación de centros de cultos en la ciudad. El documento, calificado de “restrictivo” por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y Territorio, Carles Castillo, endurece las condiciones para abrir centros de culto en el tejido urbano y, en la práctica, aboca estas instalaciones a los polígonos industriales.
El texto, que se ha aprobado con los votos del PSC y de CiU, no contenta a todos los partidos: El PP rechazó apoyar el documento e ICV se abstuvo. Ambas formaciones preparan alegaciones ya que discrepan de la nueva normativa por motivos diametralmente opuestos. Por un lado, los populares lucharán para que sea aún más restrictiva, mientras que ICV-EUiA está redactando alegaciones porque cree que es “discriminatoria”. “En un momento dado se pedirán más permisos para abrir centros de culto que discotecas”, explica la regidora ecosocialista en el Consistorio de Tarragona, Arga Sentís.
En el tejido urbano la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) establece cribas: limita las implantaciones de nuevos usos religiosos a la “previa tramitación y aprobación de un plan especial”. Así, en estos casos los centros de culto que quieran inaugurarse deberán “armonizar con el entorno y los vecinos” de la zona para evitar problemas de “convivencia”, además de situarse preferentemente en “edificios exclusivos”, algo difícil de llevarse a cabo en lel tejido urbano. A su vez, tendrán que cumplir con la normativa sobre el aforo, la movilidad y la insonorización del templo. En cambio, en las zonas donde predominan los usos industriales y terciarios el documento considera que se trata de áreas que “no presentan problemas” para otorgar licencias. La norma posibilita que puedan legalizarse los equipamientos ya existentes aunque no dispongan de permiso de actividad si no generan “conflicto entre los ciudadanos”. En este caso, deberán comunicarlo al Ayuntamiento durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la normativa y adaptarse a las condiciones básicas de seguridad requeridas.
El PP opina que la apertura de más mezquitas generaría un “efecto llamada”
“Sin esta regulación urbanística se abriría necesariamente la concesión de licencias y se concederían el 90% de las solicitudes; es una norma restrictiva, lo he hecho a propósito para mantener la tranquilidad, cuando un vecino entra en su portal no tiene ganas de encontrarse con aglomeraciones de desconocidos”, afirmó Castillo durante el pleno en el que se votó el documento. Estos supuestos también son defendidos por CiU, que apoyó la aprobación del texto. “La falta de regulación no nos permite dar solución a algunos problemas de convivencia que tenemos en algunos espacios que se utilizan como centros de culto sin tener licencia”, argumentó la portavoz del grupo municipal de CiU, Victòria Forns. Por el contrario, el PP rechazó el documento al considerarlo “ambiguo”. “En Tarragona tenemos una mezquita legalizada, por tanto el derecho fundamental ya está garantizado. Más mezquitas generarán un efecto llamada”, afirmó el portavoz del grupo municipal del PP, Alejandro Fernández. Más contundente se mostró ICV: “Están poniendo dificultades para que los centros de culto no puedan instalarse más que en polígonos industriales”, recriminó Sentís.
Un grupo de personas se dirige al oratorio de Tarragona / JOSEP LLUIS SELLART
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