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La historia de los estados latinoamericanos podría escribirse desde los procesos de separación entre la Iglesia Católica, instituida como iglesia de estado por la Corona española durante el periodo colonial, y la construcción del concepto de soberanía nacional, impulsado por los liberales del siglo XIX, como resultado de los procesos independentistas. El Vaticano, beneficiado por el Patronato Real, negaba reconocimiento a la independencia de las antiguas colonias.
Las repúblicas, al principio mantenían el estatus de la Iglesia como religión de estado y la única aceptada en sus territorios, lentamente fueron reconociendo la presencia de otras iglesias y creencias religiosas en sus territorios, a la vez que iban quitando a ésta su capacidad de veto sobre las decisiones políticas. Parte de esta estrategia fue construir el concepto de ciudadano, claramente separado del feligrés católico, aunque no todos los habitantes tenían una ciudadanía plena, muchos estados negaron durante un largo tiempo los derechos a quienes no sabían leer y escribir (en castellano) marginando así a las multitudes de indígenas, campesinos y pobres urbanos, en otros casos sólo votaban los propietarios. La Iglesia católica se incorporó así al Bloque de poder y hegemonía de las repúblicas aristocráticas de América Latina.
El siglo XIX fue testigo de la configuración de los estados latinoamericanos, configurándose el polo laico radical en México y Uruguay, mientras que los demás países se movían en una amplia gama de relaciones preferentes y privilegiadas con la Iglesia. El otro extremo serían Colombia y Costa Rica, cuya Constitución se asume como un estado confesional. Los estados mantendrían educación religiosa en las escuelas públicas y en muchos casos pagan los sueldos de obispos y sacerdotes donando terrenos para la construcción de iglesias, conventos y escuelas confesionales.
El hecho de que fuéramos el “patio trasero” de los Estados Unidos, una potencia protestante, además de la presión de Su Majestad Británica, potencia anglicana, con una Escocia de mayoría presbiteriana y ambas sedes de poderosas logias masónicas, se transformaría en una presión continua para que se abrieran a otros cultos religiosos. La libertad de culto sería un objetivo de estas potencias interesadas en cambios sustantivos de las culturas católicas de estos países que estaban en sus áreas de influencia. La Iglesia acotó los derechos políticos de los conversos exigiendo que los presidentes y gobernadores fueran bautizados católicos. Los liberales y masones, que eran “católicos a su manera”, exigieron que los ministros de culto no fueran elegibles para cargos políticos. Lentamente se fue separando el concepto de ciudadano del de feligrés y la soberanía dejó de ser “dada por Dios a los hombres”, sino que se hablaba de la Nación, fuente de poder e independencia.
En el siglo XX, la Revolución mexicana impuso el concepto de soberanía popular, tratando de definir un nuevo Bloque hegemónico. En el siglo XXI, como resultado de los procesos de globalización, la configuración de países dependientes y subdesarrollados, el concepto de soberanía nacional fue relativizado por nuevas realidades y, en muchos países, el concepto de identidad nacional y ciudadanía entraron en crisis. La población se fue refugiando en sus lealtades primordiales y la identidad religiosa fue el instrumento de nuevos actores políticos para definir el voto de ciudadanos sin proyecto de nación. Aparecieron las iglesias transpentecostales, quienes, con un perfil empresarial, manejan a sus iglesias como empresas de su propiedad y a sus feligreses como clientelas electorales; esos son los casos de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, la Iglesia Universal del Reino de Dios Pare de Sufrir, una disidencia de Asambleas de Dios Victoria de Cristo y la denominación Renacer en Cristo, que tienen millones de seguidores y poseen cadenas de medios e importantes inversiones. Muchas iglesias evangélicas y pentecostales discrepan de estas organizaciones y plantean que sus feligreses deben votar a conciencia como ciudadanos.
Un análisis serio de la realidad debe separar las estructuras empresariales transpentecostales, de muchas iglesias de menores dimensiones, pero con criterios que respetan la laicidad del estado y la separación de las iglesias del estado, deslindando lo religioso del ejercicio de los derechos políticos de su feligresía. En el contexto de la postpandemia, la crisis económica y la inflación, las preocupaciones de las mayorías se alejan de las cuestiones de moral familiar para definir su voto en los procesos electorales.
*Doctor en antropología, profesor investigador emérito ENAH-INAH.
