Pese a las restricciones legales, en cada elección la irrupción del factor religioso tiene componentes particulares. Se recordarán los debates y polémicas suscitadas por la visita de Benedicto XVI a México a unos días del inicio de las campañas presidenciales de 2012. Pese a las discusiones, los tres principales candidatos —Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador— participaron en la misa dominical presidida por el Papa en el llamado Parque Bicentenario.
Las elecciones intermedias de 2016 fueron un desastre para el PRI. Miembros del alto clero católico se ufanaron de haber propiciado “un voto religioso de castigo” contra la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto para legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo.
En las elecciones de 2018 se especuló sobre el voto evangélico. La alianza entre el Partido Encuentro Social, de corte pentecostal, con Morena ensalzó el debate sobre el peso del voto religioso evangélico.
Efectivamente, en América Latina se observa el creciente involucramiento de las iglesias en los procesos electorales, así como de partidos y candidatos que se allegan símbolos religiosos para legitimarse ante electorados desencantados de políticos tradicionales.
En México el marco normativo es muy claro al restringir la incursión de las iglesias en los procesos electorales. El artículo 130 constitucional, consagrado al principio de separación entre el Estado y las iglesias, señala en su inciso “e” que “los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también es enfática al sentenciar en el segundo párrafo del artículo 14: “Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política”.
Por su parte, el código electoral en su artículo 353 determina: “1. Constituyen infracciones al presente Código de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión: a) La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación…”.
El principio histórico de separación Iglesia-Estado está relacionado con el precepto del Estado laico, pero no deben confundirse. La separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y de las Iglesias se sustentan separadas.
Dicho principio fue promulgado por Juárez en el siglo XIX. Establece que las iglesias no deben intervenir en los asuntos públicos del Estado. Las instancias son autónomas en sus áreas de competencia y garantizan la libertad religiosa de los ciudadanos.
Por otra parte, el principio de la laicidad es ante todo la concepción legal de un régimen social de convivencia. Su punto de partida son las instituciones políticas que están legitimadas principalmente por la soberanía popular. Es el pueblo el que a través del voto legitima a las autoridades democráticamente elegidas.
En la antigüedad era Dios quien legitimaba a los soberanos. Por tanto, la laicidad emerge como el paso de una legitimidad basada en lo sagrado hacia una legitimidad que se sustenta en la soberanía del pueblo.
La crisis de los partidos políticos ha propiciado un pragmatismo que actualmente se manifiesta por el uso político de lo religioso. Autoridades electorales han sancionado con recurrencia la utilización de lo religioso como recurso en campañas electorales. El riesgo de la irrupción de lo sagrado durante las campañas electorales es doble. Algunas iglesias llaman a votar, velada o abiertamente, por aquellos candidatos o partidos que comulgan con sus agendas morales. En contraparte, candidatos o partidos utilizan lo religioso como pieza de su oferta política. Ambos artificios son factores de riesgo para la consolidación no sólo de la laicidad del Estado, sino del régimen de convivencia pacífica en el país.
La amenaza para el Estado laico no es sólo el delirio de poder de cúpulas clericales, sino la codicia electorera de la clase política. Más que procurar la representación e intereses ciudadanos, algunos partidos recurren a Dios como una estratagema para ganar prosélitos en un mercado de votantes creyentes.
El andamiaje normativo electoral es categórico: está prohibida la propaganda religiosa con fines electorales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su artículo 25, inciso P: “Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda”.
Sin embargo, diversas iniciativas conservadoras revisten lo religioso con un lenguaje secular. Propician el debilitamiento de las bases de la autoridad política.
En las campañas de 2021 destaca la propaganda del Partido Encuentro Solidario (PES), partido de corte evangélico que ha convertido la llamada ideología de género en una cruzada de su agenda política y cuyo lema de campaña es muy revelador: “Por la vida y por la familia”.
En algunos de sus spots contra el aborto ha llegado a criminalizar a las mujeres. En términos de laicidad y de derechos humanos, el PES atenta contra el principio de no discriminación y el reconocimiento de la pluralidad como sustento básico de la democracia.
La lógica de la política moderna en una sociedad cada vez más secular debe fundamentar sus acciones en la voluntad popular. Los políticos no deben renunciar a la fuente esencial de su autoridad y mandato, se la deben al voto del ciudadano.
Asimismo, los dirigentes religiosos no deben asumirse equivocadamente como representantes políticos de sus feligreses. Ello termina por abrir paso a la influencia de dirigencias clericales en la elaboración de políticas públicas y legislaciones, tanto locales como federales.
El resultado puede llegar al extremo, como está pasando en algunos países de la región, de una confesionalización de la vida pública y menor pluralidad de las libertades ciudadanas.
¿Estamos ante la reconfesionalización de una clase política desacreditada que busca, como en la Edad Media, encontrar legitimidad en Dios? Si así fuera, primero hay que cambiar la Constitución y el sentido de las leyes.
