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El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
Pareciera que el Estado laico y el respeto a las creencias (o no creencias) de las personas son logros irreversibles en México y el mundo. Que en el futuro no podría esperarse otra cosa que la maduración de esas conquistas civilizatorias. Así lo indica el optimismo convencional con el que tanto el liberalismo como el marxismo perciben el sentido de la historia. Pero, a despecho de éste, los datos de la geopolítica mundial indican la permanencia de trabas anacrónicas y de retrocesos de la laicidad a cargo de la extensión del fundamentalismo hegemónico en países de Asia, África y Oceanía y de la aparición de conflictos étnico-religiosos en países de Europa.
En Libertad y Estado laico (2020) expuse un ejercicio de derecho constitucional comparado que fue elaborado con el Índice de Estado Laico que Roberto Blancarte diseñó. Aplicada a la historia constitucional de México, dicha metodología permite observar críticamente la evolución nacional en la materia.
Hace cinco siglos, la teocracia de las civilizaciones mesoamericanas se sustituyó por un sistema en que religión y poder se amalgamaron para establecer la dominación colonial. Fueron los tiempos del Patronato Real y de la intolerancia a cualquier idea y práctica distintas de la religión oficial. Con la independencia y el surgimiento de la nueva nación, no hubo mayor cambio en ese aspecto. Los postulados constitucionales de los independentistas mexicanos ratificaron la religión oficial, como se puede ver en el Acta Solemne de Declaración de Independencia (1813) y en el Decreto Constitucional de Apatzingán (1814). En el Acta, el Congreso de Anáhuac comunicó al Vaticano que el naciente país “no profesa ni reconoce otra religión más que la Católica ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna, que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas”.
Tanto el Plan de Iguala como la Constitución de 1824 se mantuvieron en esa línea. El artículo 4 de ésta dejó establecido que “La Religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”, idea que fue ratificada en las Siete Leyes y las Bases Constitucionales (1836 y 1843) que el bando conservador decretó cuando estuvo en el poder.
No fue sino hasta después de la Guerra de Reforma y la victoria contra la Intervención Francesa, que se produjo un cambio sustancial. Con la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma (entre 1856 y 1873) quedaron establecidas, al menos formalmente, la separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad de cultos. La larga dictadura porfirista se avino a un “modus vivendi” que, sin modificar el marco legal, en los hechos devolvió sus fueros a la Iglesia católica.
La Constitución de 1917 y la etapa posrevolucionaria implicaron la aparición de radicalismos: el oficial, que se manifestó en la persecución religiosa. y el clerical, que impulsó la Guerra Cristera. Luego de esta cruenta etapa, un nuevo “modus vivendi” se impuso durante gran parte de la larga dominación del PRI como partido de Estado.
La transición democrática de los años 90 y los inicios del nuevo siglo permitió la expresión de un mayor pluralismo y el reconocimiento de los derechos humanos. En el texto constitucional se estipularon la libertad de pensamiento, la no discriminación y el carácter laico de la República (2011). Pero tales avances se han estancado a partir de 2018 con la llegada al poder de la 4T. la alianza variopinta que el grupo en el poder tejió con religiones de distintas denominaciones (incluida la Luz del Mundo), así como con sus amagos de dictar como moral oficial su peculiar y folclórica interpretación del cristianismo.
Los riesgos que enfrenta el Estado laico determinan que su impulso y defensa es una tarea siempre presente en la lucha por la democracia de México. Su realización depende del conjunto de la ciudadanía, pero, sobre todo, de quienes tienen identidad con las ideas liberales y de la izquierda democrática.
Cincelada: Cuando celebra las chicanadas con las que silenció al Comité de Ética de la UNAM, la ministra plagiaria nos recuerda al cacique Gonzalo N. Santos y su frase: “La moral es un árbol que da moras”.
PD: Si no hay otra indicación de la dirección, esta columna reiniciará sus entregas el 11 de enero. Felices fiestas.