La laicidad del Estado está lejos de consolidarse en México y en el mundo. Hay nuevos fenómenos aparejados a la globalización, las olas de migración masiva, el resurgimiento de un populismo reforzado que se ha puesto a la cabeza de los gobiernos de distintos países, un fundamentalismo religioso que avanza con versiones totalitarias del islam (como ocurre en estos días a partir del triunfo militar de los talibanes en Afganistán) o con fanatismos de otro corte, sean cristianos o sincréticos. Tales posturas colonizan a diversos Estados con proyectos que sus líderes asumen como una misión de mandato divino.
En el caso de nuestro país, es creencia extendida que la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma son una conclusión clara y definitiva a favor del Estado laico y que éste es imposible de revertir. Pero en realidad el asunto tiene sus avances y sus retrocesos, sus alientos de futuro y sus añoranzas de lo viejo. Así se pudo ver recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en días pasados, emitió sentencias que invalidaron tanto los códigos penales estatales que castigan con cárcel a las mujeres que se ven en la necesidad de abortar, como las constituciones locales que, inspiradas en un dogma religioso, estatuyeron “la protección de la vida desde la concepción”.
Por otro lado, las prédicas religiosas o seudorreligiosas que despacha el presidente de la República en sus constantes peroratas, el favoritismo de su administración para con diversas iglesias o sectores eclesiales y la adopción de la “salvación de las almas” como una política pública de su gobierno, son muestras claras de lo que en esta columna se ha denunciado como un ataque desde dentro contra el laicismo del Estado mexicano.
El estudio de derecho constitucional comparado que forma parte de mi libro Libertad y Estado laico (2020) muestra la existencia de un movimiento internacional que pone en duda la legitimidad de los gobiernos, lo que ha sido aprovechado por algunos para proponer o imponer una nueva legitimidad basada en las creencias religiosas o en liderazgos carismáticos. Esto va en sentido contrario a la secularización que encuentra que la legitimidad del Estado y de los gobiernos radica en el voto popular de una ciudadanía libre.
El estudio de las constituciones de 66 países da cuenta de que la libertad de pensamiento y de creencias de las personas es vulnerada en las dos terceras partes de las naciones. Con regímenes fundamentalistas en los cuales las personas quedan sujetas a leyes obligatorias basadas en un dogma religioso (la sharía), dicha libertad está prohibida de plano en 11 países, mientras que en otros 32 las leyes fundamentales estatuyen una o varias religiones oficiales, por lo que sus regímenes entran en la clasificación confesional. Sólo 13 de los países estudiados en esa investigación pueden ubicarse en diversas gradaciones de Estado laico.
Como condición indispensable para la existencia misma de la democracia, urge la defensa del pluralismo en materia de opciones espirituales, la tolerancia entre el pensamiento diverso, el fortalecimiento de la libertad de creencias de cada persona frente al Estado. Urge, en resumen, pugnar por una laicidad del siglo XXI que obligue a las instituciones públicas a brindar un trato igualitario a los seres humanos, a las diferentes religiones y convicciones éticas, y erradique la discriminación por la opción espiritual que cada quien prefiera (sea creer, dudar o no creer).
