La reforma de la Ley del Aborto anunciada por el Ministerio de Igualdad pretende garantizar el acceso a este derecho en la sanidad pública.
La ministra de Igualdad Irene Montero anunció ayer que estaba trabajando en una modificación de la Ley del Aborto. Según informó Montero, el nuevo texto contemplará la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos, eliminará el periodo de reflexión de tres días y volverá a permitir a las menores de entre 16 y 18 años practicar el aborto sin necesidad de autorización paterna.
La inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en nuestro país en centros privados. Ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado ningún aborto en centros públicos en 2020. Según la ministra Montero, que ha explicado en comparecencia pública las líneas maestras de la nueva Ley, “estos datos indican que existe un problema en relación a la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo”. En hasta doce provincias no se han notificado que se hayan practicado abortos en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados. Para la ministra “esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar cien o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido”.
Asturias es una de las once comunidades autónomas en las que, entre 2010 y 2020, más del 95% de los abortos se llevaron a cabo en clínicas privadas. En 2020, último año con datos disponibles, se practicaron en Asturias 1860 abortos, 227 menos que en el año anterior. El año de la pandemia fue, de hecho, el año con una menor tasa de abortos en Asturias desde 2010: 12,03 por cada 1000 mujeres. Asturias fue en 2020 la segunda comunidad con una mayor tasa de abortos, solo por detrás de Cataluña, estando la media nacional en 10,33 casos por cada 1000 mujeres.
De los 1860 abortos practicados en Asturias en 2020, 1781 de ellos se hicieron en equipamientos extrahospitalarios privados y los 79 restantes en hospitales. De estos últimos, 66 se practicaron en hospitales públicos y 13 en centros privados.
Según Cristina Iglesias, portavoz en Asturias de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), “el aborto es en Asturias una prestación normalizada, fácil, de calidad, gratuita y accesible para todas las mujeres”. El 95% de los abortos se practican en clínicas privadas concertadas con la sanidad pública, mientras que el 5% son interrupciones del embarazo practicadas en hospitales públicos, en muchos casos debido a patologías fetales.
