Ante la inminencia del propuesto “Pacto Social y Político por la Educación” de incidencia directa en nuestra sociedad, es obligada una reflexión detenida y un posicionamiento responsable de la ciudadanía en consecuencia.
Es lugar común que la educación es un derecho fundamental de las personas, y que dependerá de la calidad de la misma y de que cumpla con su carácter universal, la madurez de la sociedad en la que se desarrolla.
El que se trate de un derecho fundamental y de carácter universal marca de forma contundente e ineludible su condición de servicio público.
Sin embargo, la deriva actual de la gestión de los servicios educativos en nuestro país es la de una progresiva privatización y mercantilización de la educación, que al parecer va a tomar carta de naturaleza con el “Pacto social y político por la educación” pues no llega a abordar de forma consecuente y responsable la educación como servicio público, sino mas bien con criterios neoliberales que entran en colisión clara con los fundamentos de la misma.
Con la crisis sistémica que nos ha tocado vivir hemos podido constatar la voracidad de parte de la sociedad a costa del resto, llevando al colapso y ruina del sistema económico global y la hecatombe de las existencias individuales. Esto evidencia la necesidad de una sociedad más justa y comprometida con una realidad común, y a la que solo se podrá llegar desde una educación integral e integradora, de calidad y universal, capaz de lograr un horizonte común de posibilidades, es decir desde una educación pública. Puesto que la opción por una educación privada solo podrá servir a quién disponga de recursos para su satisfacción y por tanto segrega en lugar de integrar, prima a unos ciudadanos sobre otros y los encauza por la senda insolidaria de la mercantilización voraz de la sociedad.
Además, la educación pública habrá de ser laica por definición, puesto que se ha de sustentar sobre la formación integral de la persona, sin que prime en el proceso educativo ningún tipo de creencia, dogma o fe alguna que solo le aportaría sesgos interesados y manipuladores, contrarios al interés general.
Una educación pública laica, complementando su carácter universal, no excluye a nadie, pero no admite privilegios de creencias, dogmas o religiones que intenten imponerse como verdades únicas sobre las demás.
Con esta introducción venimos a proponer, a modo de código deontológico para una emergente nueva ciudadanía, que se libera poco a poco del pesado lastre del pasado inmediato, el siguiente manifiesto por la ESCUELA PÚBLICA Y LAICA:
1. La Escuela, como derecho fundamental, ha de garantizar su carácter de servicio público y universal, para que la disparidad de condiciones económicas de la sociedad no influya sobre el acceso al saber y el desarrollo integral de las personas… Esto debería excluir la subvención y mantenimiento público a centros con ideario, o al menos nunca debería mermar su adecuado mantenimiento.
2. Para que esta Escuela pueda lograr la excelencia ha de dotarse del presupuesto adecuado a la cualificación de los profesionales, su acreditación social junto a la dotación de herramientas y adecuación de los centros educativos… situación difícil de conseguir si se incrementa progresivamente la dotación a los centros privados con concierto y casi en su totalidad confesionales, con el dinero de todos los contribuyentes.
3. La escuela pública ha de ser participativa, incorporando en el proceso de escolarización a todos los actores intervinientes en la Comunidad Educativa, cuyo papel y responsabilidad forman parte del proceso educativo, por lo que la administración velará por que se posibiliten los canales de participación, en lugar de obstaculizarlos.
4. La Escuela pública ha de ser emancipadora, promotora de la transformación social, encaminada al enriquecimiento del vector de ciudadanía… en choque frontal con los criterios segregadores de la escuela privada competitiva, interesada y de rentabilidad económica o religiosa.
5. El proceso educativo ha de partir de la duda metódica para la comprobación empírica de las certezas y nunca podrá admitir la realidad a partir del dogma o la verdad revelada y aprehendida desde la fe.En la escuela deben sentirse cómodos todo el alumnado, sus familias y el profesorado. Los centros han de educar sin dogmas, ni verdades únicas y excluyentes, en valores humanistas, científicos y universales, en la pluralidad, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad, en los valores éticos, no sexistas y democráticos que son comunes a todos y a todas.
6. La educación (Artículo 27 CE ) tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por lo que el Estado habrá de velar por que se puedan dar las condiciones para ello, evitando que la jerarquía eclesiástica intervenga impartiendo materia alguna en la escuela pública, o participando en sus claustros, así como con el mantenimiento de signos externos pertenecientes a creencias en la escuela pública.
7. La Escuela Pública y laica ha de ser inclusiva e integradora, enriqueciéndose desde la diversidad, para lo que los profesionales que la atienden habrán de estar especialmente cualificados. La escuela no ha de ser un lugar de exclusión. Niños y niñas no deben ser segregados en función de las creencias o convicciones de sus familias. No podemos aceptar que se obligue a quienes no quieren recibir enseñanzas de religión a estar separados de su clase y a adaptarse al horario y exigencias de quienes desean seguir imponiendo esas enseñanzas en el horario lectivo.
8. La religión debe salir del horario lectivo obligatorio, para respetar los derechos de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el normal funcionamiento de la organización de los centros educativos. El mantenimiento de la clase de religión en la escuela pública, además de ir contra la razón y la inteligencia, atenta contra la Constitución Española (Art. 16.2) “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” pues clasifica a las y los escolares en creyentes y no creyentes. Estos últimos, además, son forzados a dilapidar las horas lectivas que sus compañeros dedican a la religión.
Una apuesta decidida por la escuela pública, democrática y laica, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, es una garantía para avanzar hacia un modelo educativo integral, preventivo, compensador de desigualdades y que eduque en la diversidad cultural y para la convivencia. Es nuestra responsabilidad demandarla ante la formación de las nuevas generaciones.
