Madrid mantendrá los conciertos a los colegios que separan por sexos

La Comunidad subvenciona ocho centros de este tipo. Dos sentencias del Supremo rechazan que este tipo de centros reciban dinero público

“Por supuesto que mantendré los conciertos”. Sin medias tintas, directa y clara. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confirmado hoy que su Gobierno mantendrá los conciertos en los ocho colegios que separan a niños y niñas. Se ha pronunciado así tras dos recientes sentencias del Tribunal Supremo que no cuestionan la existencia de ese tipo de colegios separados por sexos, pero sí señalan que se les excluye “la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Las dos sentencias de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso se refieren a dos centros de Cantabria y Andalucía, respectivamente, de los más de 70 existentes en España.

La presidenta Aguirre, que ha atendido a la prensa tras una visita institucional con el Rey Juan Carlos en el centro de emergencias 112 de Pozuelo de Alarcón, considera que estas dos sentencias del Supremo “no prohíben los conciertos, lo que dicen es que Cantabria y Andalucía pueden no darlos”. La presidenta ha recordado que sus hijos “estudiaron en colegios mixtos” y añade: “Yo no soy dogmática ni talibana”.

En el caso del Gobierno regional madrileño, se mantendrán los existentes, aunque un portavoz de la Consejería de Educación ha indicado que no hay solicitudes nuevas de concertación de este tipo de centros.

Después, Aguirre ha añadido una de las valoraciones a las que se aferra su Gobierno cuando se le critica por su apoyo a los centros concertados: “La Comunidad de Madrid está absolutamente a favor de la libertad de elegir colegio de los padres y absolutamente en contra de que se quiera imponer un tipo de educación u otra”. Sin embargo, este supuesto no parece en entredicho, según las sentencias. El Supremo considera que la Ley Orgánica de Educación prohíbe los conciertos de centros separados por sexos y, al mismo tiempo, que esa prohibición no “perturba ningún derecho constitucional de los padres, que conservan el derecho de libre elección de centro”, ni de los propietarios de los colegios afectados.

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