Junio de 2000. José Luis Rodríguez Zapatero promete al PSOE caminar decididamente hacia un Estado laico cuando le ganó las elecciones primarias a José Bono. Julio de 2005. La Conferencia Episcopal calificó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo como el hecho más grave para la Iglesia católica "en sus dos mil años de historia" y los prelados salen a la calle en airada manifestación, encabezados por el cardenal Rouco. Queda apenas memoria de aquellas disputas. Zapatero ha ordenando cancelar sus proyectos laicistas y el episcopado ya no encuentra motivos especiales de preocupación, salvo los habituales por la descristianización en toda Europa. Por el camino, se han resuelto algunos de los contenciosos entre España y el Estado de la Santa Sede, como el conflicto de la enseñanza religiosa en la escuela y la cuestión del dinero. También se ha arrancado de Zapatero la promesa de no tocar la muy conservadora Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980.
Pero no es una luna de miel, sino de hiel, y el sabor amargo incomoda sobre todo a los gobernantes socialistas. En esta legislatura, la Iglesia romana apenas ha sufrido en España otras derrotas que las de costumbre en el resto de la UE: una más amplia despenalización del aborto, el acceso sin control a la llamada píldora del día después y la utilización de células madre con fines terapéuticos. En cambio, el Gobierno renuncia a resolver el conflicto, ya judicializado, de los símbolos religiosos en los espacios públicos (los nuevos ministros todavía han jurado sus cargos ante un crucifico), y ha concedido a los obispos lo que los Gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar les habían negado: la cancelación de su compromiso de autofinanciarse con las aportaciones de sus fieles, elevándoles incluso un 34% el porcentaje de la cuota del IRPF de cada declarante católico.
¿Por qué esta luna de hiel, donde cada parte renuncia a posiciones que parecían éticas? En el caso de los obispos, lo ha ordenado el Papa, pontífice máximo. Sobre la cancelación de la vía Zapatero para acabar con la actual confesionalidad encubierta del Estado (no otra cosa puede llamarse el que un Estado pague los salarios de obispos y sacerdotes), el motivo es electoral. Los estrategas del PSOE creen que un enfrentamiento severo con la Iglesia de Roma cuesta dos millones de votos. Como ya asumió el clásico, Paris bien vale una misa.