Los velos y la escuela pública

En uno de los últimos casos polémicos ocasionados por la entrada del velo o hiyab en la escuela pública, el del CEIP Annexa de Girona, el editorial de EL PERIÓDICO abogó entonces por «un diálogo que venza a la demagogia». Esta es la base sobre la que debería asentarse cualquier consideración sobre la presencia ostensible de signos religiosos en las aulas. Por encima de todo, está el derecho a la educación de los alumnos y también la necesidad de compartir un mismo espacio sin que se tenga que llegar a situaciones tan desagradables como la que está ocurriendo estos días en el instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón. La historia es la de siempre: una muchacha de confesión musulmana decide ir a clase tocada con el hiyab; las normas del centro impiden «cualquier prenda que cubra la cabeza» y, en consecuencia, ante la negativa de la chica, se la excluye a menos que ceda en su intención. En este caso, además, algunas de sus compañeras acuden al centro, en solidaridad con ella, también con velo.
La demagogia consiste en convertir en un problema de trascendencia mediática y social algo que no debería ir más allá de una circunstancia concreta que, tratada con respeto y diálogo, seguro que tendría cauces de solución civilizada. La reacción de las autoridades académicas madrileñas, y también de la presidenta de la Comunidad, en el sentido de escudarse en la autonomía del centro y de reafirmar su oposición genérica al velo, parecen fuera de lugar. De manera especial porque evaden una solución tajante y global: arguyen que Najwa, la protagonista de la historia, no se queda sin educación porque puede acceder a otro instituto donde sí permiten el hiyab. Y también porque eluden un debate que cada día es más necesario. La decisión del consejo escolar del instituto de mantener la prohibición tampoco ayuda a resolver el problema.
Francia prohibió hace seis años el velo en la escuela, pero lo hizo después de poner sobre la mesa muchos argumentos. Se puede estar a favor o en contra, pero se trata de una ley que afecta a todos. En nuestro país, la solución no tiene por qué ser la misma, pero convendría que los legisladores, tarde o temprano, se decidieran por una norma general que, tras una discusión razonada, evitara casos como el de Pozuelo, que se concretan en demagogias que solo persiguen la estigmatización, discursos de avestruz e innecesarias polémicas que no conducen sino a la instauración de guetos.