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Los ultracatólicos quieren reactivar el recurso contra el aborto en el Constitucional: exdiputados del PP y Abogados Cristianos

Se cumplen once años desde que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una década después —en la que los populares han estado dos legislaturas al frente del Ejecutivo— no ha habido respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, una parte del sector más ultraconservador de la derecha trata de reactivar ese pronunciamiento, según adelantó este lunes El País. A lo largo del último mes se han producido dos movimientos con los que se busca que el tribunal de garantías se posicione ante la argumentación jurídica expuesta por los populares en el año 2010. Por un lado, la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos anunció hace quince días la presentación de una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Ollero, ponente del recurso contra la ley del aborto en el Constitucional, al que acusan “de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso”. 

Por otro, una veintena de exdiputados del PP han optado por llevar a Europa la demora de la respuesta. El exconsejero de Educación del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Peral; la exdiputada popular y actual diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio y el expresidente del PP vasco, José Eugenio Azpiroz, presentaron ante los medios en las afueras de la sede del Constitucional la demanda dirigida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el tribunal de garantías “por retraso injustificado en dictar sentencia”. En la nota de prensa difundida aportaron los nombres del resto de exdiputados populares que apoyan esta actuación, entre los que destacan los exministros Jorge Fernández Díaz y Federico Trillo, así como el actual diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.

Esta no era la primera vez que pedían a los magistrados a que se posicionasen sobre el aborto. En conversación con esta redacción, Peral recuerda que “el 16 de diciembre también enviaron una carta” pidiendo “resolver el asunto” y no obtuvieron respuesta. Ese silencio ha motivado que los exparlamentarios populares hayan terminado pidiendo amparo en Estrasburgo.

El PP no derogó la ley al llegar al poder

En el tribunal tanto Ollero como el presidente, Juan José González Rivas, están preocupados por la imagen del Constitucional al no resolver expresamente este recurso, admiten fuentes jurídicas, que también exponen que esta causa no se resolvió al considerar que estaba tácitamente desistida después de que el PP no derogase la ley cuando estuvo al frente del Gobierno y con mayoría absoluta en el Congreso. Aún así, los magistrados del tribunal de garantías no pueden mantener el asunto en un cajón —exponen las fuentes consultadas— porque los diputados que presentaron el recurso no quieren retirarlo. 

El magistrado encargado de la ponencia tiene un marcado carácter conservador, fue diputado del PP durante 17 años, y religioso. Su posicionamiento antiabortista ha quedado patente en más de una ocasión. “Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea”, lamentó en un artículo publicado en Diario Médico en enero de 2012.

El problema de fondo por el que no se ha debatido este recurso se centra en el bloqueo de la renovación del tribunal de garantías, añaden las fuentes jurídicas consultadas, que defienden que a Ollero — con un mandato caducado desde 2019— le genera un problema de conciencia afrontar una ponencia de desestimación. Por eso, se ha dilatado la decisión con el objetivo de asumir el recurso con un nuevo ponente, ante la posibilidad de que hubiese acuerdo para sustituir a los jueces con un mandato ya expirado. En declaraciones a El País, Ollero ha asegurado que tiene “preparados los trabajos necesarios” para llevar al pleno la ponencia sobre la ley del aborto en cuanto sea necesario. 

Vox ha aprovechado la presencia de su diputada entre los firmantes de la demanda ante el TEDH para difundir en su página web la interposición de esta demanda. “Durante más de diez años el Tribunal Constitucional español se ha negado, por razones desconocidas, a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad denegando a los demandantes en la práctica y de forma absolutamente arbitraria su derecho de acceso a la justicia”, recoge la nota de prensa de la formación de extrema derecha publicada por este asunto. 

Lourdes Méndez Monasterio (iz), Santiago Abascal, Pascual Salvador y José Antonio Ortega Lara Vox

Antes de dar el salto a Vox y representar al partido de Santiago Abascal en Murcia, uno de sus nichos electorales, Méndez Monasterio fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016, y consejera de Trabajo en el Gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel entre 2002 y 2004. Tanto durante sus años en Génova 13 como en la formación de extrema derecha esta política ha hecho público su posicionamiento en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, llegando a ser una de las representantes del PP en el Congreso que rompió en 2015 la disciplina de voto del partido al no posicionarse a favor de la reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa misma decisión fue adoptada por otro de los impulsores de la demanda, José Eugenio Azpiroz.

Hace un mes Méndez Monasterio participó en unas conferencias organizadas bajo el título Asamblea de Asociaciones por la Vida, junto a portavoces de colectivos católicos y ultraconservadores, como Jaime Mayor Oreja, que preside la federación europea One Of Us; y representantes del Foro Español de la Familia y de la Federación Española de Asociaciones Provida. En esa charla la diputada de Vox expuso en qué consistía el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación de extrema derecha contra la ley de eutanasia. 

En el Congreso, donde asume la portavocía del partido en la Comisión de Igualdad, las interpelaciones de Méndez Monasterio no han pasado desapercibidas desatando la polémica al negarse a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista o al criticar una proposición no de ley que pretendía que las mujeres que son pareja no tengan que estar casadas para inscribirse como madres.

El exsenador del PP Luis Peral EFE

Junto a la actual diputada de Vox acudieron a la sede del Constitucional para hacer pública la demanda presentada ante el TEDH dos excompañeros de bancada popular: Luis Peral y José Eugenio Azpiroz. El primero no es uno de los firmantes del recurso presentado ante el tribunal porque en 2010 era senador, aunque asegura a elDiario.es que formó “parte del equipo jurídico que redactó” el escrito. Antes de llegar a la Cámara Alta, Peral pasó por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea autonómica, llegando a ocupar la cartera de Educación en uno de los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre. 

En 2016 abandonó la política activa, tras renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid. Durante la legislatura presidida por Cristina Cifuentes tuvo varios encontronazos con la disciplina de voto de su grupo parlamentario. Afrontó una multa de 300 euros por ausentarse en la votación de la Ley contra la ‘LGTBfobia’, que ahora Ayuso baraja reformar tras su acuerdo con Vox, y otra de 600 euros por votar en contra de una proposición no de ley sobre los vientres de alquiler. Una vez abandonado el escaño se ha centrado en su carrera académica. En marzo, a los 70 años, se doctoró con una tesis sobre la política económica de la Segunda República. 

El último de los exparlamentarios que ha hecho público su apoyo a la demanda presentada contra el Constitucional es el abogado José Eugenio Azpiroz. Este letrado también rompió la disciplina de voto del partido. En este caso se produjo al negarse a apoyar la reforma de la ley aborto impulsada por Rajoy, años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. “No me siento ultraconservador”, aseguró posteriormente a esta redacción en una entrevista en la que también defendió que “matar a alguien no es un derecho de nadie”.

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