La opinión del Observatorio
· Abogados Cristianos, el brazo político ultracatólico de la iglesia en España, utiliza el término laicismo con alevosía, es decir, pervierte el significado del término llevándolo al terreno de lo antirreligioso.
· El movimiento laicista pretende separar lo público de los particularismos y creencias, especialmente en el terreno de la financiación y el debate político por los derechos y libertades. Que cada ciudadano se pague sus creencias y proselitice fuera de lo público.
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A las manifestaciones ya vertidas por distintos colectivos y partidos contrarios al reglamento de laicidad impulsado desde el gobierno local se ha sumado ahora la asociación de Abogados Cristianos, presidida por la letrada Polonia Castellanos, que ha remitido una carta al Ayuntamiento de Gijón solicitando a la alcaldesa, la socialista Ana González, que “desista” en su proyecto. De lo contrario, advierte el colectivo, presentarán un recurso, en contra de la normativa. “Debe ahorrar a la ciudadanía de Gijón los costes derivados del proyecto y de la posterior litigiosidad del mismo”, explican en la misiva quienes advierten que llevarán el asunto a los tribunales.
Además, desde Abogados Cristianos dejan caer que, a su juicio, llevar adelante este reglamento de laicidad, aprobado por el Pleno municipal durante el pasado mandato, cuando gobernaba Foro, destila “tintes prevaricadores y malversadores de fondos públicos” de persistir en su “obstinación”. La asociación de Abogados Cristianos defiende que ese reglamento es “contrario al ordenamiento jurídico” y para ello enlaza cuatro puntos en los que justifica jurídicamente su argumento.
Por un lado, habla de que España “no está configurada como un estado laico” y menciona el artículo 16.3 de la Constitución en el que se desarrolla el tema de la “aconfesionalidad”. Luego, dicen que el reglamento impulsado en Gijón “no sólo es ilegal, sino que, además, es ajeno a las competencias locales” y que también lesiona los derechos y libertades amparadas en la Constitución. Y asegura también que los poderes públicos “deben ser imparciales frente a convicciones y creencias de los ciudadanos, garantizando la neutralidad de la administración local”.
