Los sectores más conservadores de la Iglesia arrinconan a los moderados y aumentan su poder en la legislatura socialista
"¿Qué hacemos con la Iglesia?". En octubre de 2004, siete meses después del triunfo electoral, la espinosa cuestión de las relaciones Iglesia-Estado había ya adquirido un cariz tan inquietante que José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Blanco se sintieron obligados a reunirse en un cónclave monográfico. El asunto era inaplazable, entre otras razones, porque los colectivos militantes católicos más beligerantes ya habían empezado a distribuir folletos con el listado de acusaciones que compondrían los particulares "siete pecados capitales" del Gobierno socialista: el aborto, el divorcio, la eutanasia, las células madre, el matrimonio homosexual, la educación y la financiación de la Iglesia.
Se trataba de ordenar un discurso oficial, hasta entonces confuso, y de establecer una estrategia para la legislatura que impidiera que la "guerra con la Iglesia" se sumara a los frentes de desgaste abiertos con la reforma autonómica catalana y la negociación con ETA.
Acuciada por la presión, la cúpula socialista decidió que en lo referente a los compromisos electorales se respetaría "el Gobierno de los hombres" y la separación Iglesia-Estado, pero que en lo tocante a la educación y a la financiación se facilitaría un marco negociador que debía rebajar los inflamados ánimos de la jerarquía eclesiástica. La vicepresidenta Fernández de la Vega se encargaría de pivotar esa estrategia tendiendo puentes hacia la Conferencia Episcopal y el Vaticano. Aquella estrategia mantiene sumidos en el desconcierto a los sectores más laicistas del PSOE y del resto de la izquierda, pese a que las cesiones en materia de educación y el acuerdo que elevó del 0,52% al 0,7% del IRPF la aportación voluntaria del contribuyente a la Iglesia católica no le han ahorrado al Ejecutivo la apertura explosiva del temido tercer frente.
Por primera vez desde la instauración de la democracia, la Iglesia española ha cruzado en esta legislatura el Rubicón que los obispos fijaron tras el Concilio Vaticano II cuando afirmaron el pluralismo político de los cristianos y negaron su apoyo al proyecto democristiano de Joaquín Ruiz-Giménez. Ha tomado partido, empujada por los vientos de una moral rescatada de la historia que está reactivando en la izquierda el viejo reflejo anticlerical.
Cabe preguntarse si el espectáculo de agitación religiosa es cosa de la jerarquía católica o sólo de una parte de ella. ¿A quién representan los 18 obispos que promovieron y participaron en la manifestación contra el matrimonio homosexual el 18 de junio de 2005 y la media docena de prelados que desfilaron también el 12 de noviembre de ese año en la marcha contra la reforma educativa? ¿La Cope es una anomalía dentro de la Iglesia o la punta de lanza de un movimiento involucionista ascendente? ¿Quién manda en la Conferencia Episcopal?
Aunque las encuestas del CIS señalan que el electorado del PSOE está formado mayoritariamente por personas que se reclaman católicas, la jerarquía eclesiástica ha anudado en estos años un maridaje opositor con el PP, tan comprometedor que a algunos sectores religiosos y de la propia derecha empieza a resultarles embarazoso. La disposición de Rodríguez Zapatero a olvidar sus propias palabras -"más gimnasia, menos religión", dijo en la campaña electoral; "la Iglesia debe cumplir su compromiso de autofinanciarse", indicó, adentrada ya la legislatura-, no ha apagado el fuego reprobador, como tampoco lo ha hecho el pacto educativo sellado con la enseñanza concertada religiosa, financiada al cien por cien por el Estado.
Además de renunciar a ampliar la legislación sobre el aborto y a abordar la eutanasia, el Gobierno ha mantenido la asignatura de religión en la escuela -como oferta obligatoria, aunque sin computar a los efectos de la nota final-, y ha estabilizado laboralmente a cargo de las arcas del Estado a los 15.000 profesores de la asignatura, 8.000 de ellos en la escuela pública, que la jerarquía eclesiástica selecciona y despide a su libre albedrío, guiada por criterios tan extravagantes para la moral civil como "vivir en pecado" o divorciarse. Pese a los efectos apaciguadores del 0,7% del IRPF, porcentaje con el que ningún obispo podía soñar al inicio de la legislatura, el magma de deslegitimación del Gobierno sigue crepitando.
"No se puede colaborar con el mal", ha sentenciado públicamente el arzobispo de Toledo y Primado de España, Antonio Cañizares, ante la negativa de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) a secundar el llamamiento a la objeción de conciencia en la asignatura de educación para la ciudadanía. A juicio del portavoz de la Conferencia Episcopal, recientemente consagrado obispo, Juan Antonio Martínez Camino, el matrimonio homosexual "es la cosa más terrible que ha ocurrido en 20 siglos". Y según la carta pastoral emitida por el obispo de Huesca, Jesús Sanz, "la sospecha" de la matanza del 11-M "mira al Gobierno".
Una organización jerarquizada y de naturaleza oligárquica que no conoce la democracia interna y excluye a las mujeres del sacerdocio cuestiona a diario la calidad y hasta la existencia misma de la democracia española, al tiempo que se erige en actor político de primer orden. ¿Qué ha pasado en España para que la Iglesia emita un discurso tan catastrofista y adopte semejante protagonismo político?, se preguntan también en los foros internacionales.
Lo que está pasando, dicen personas bien situadas en la jerarquía episcopal y reiteran cristianos de base, socialistas católicos y cargos de la Administración, es que asistimos al reverdecimiento de una ideología neotradicionalista que lleva en su seno la vieja tentación de imponer al conjunto de la sociedad las normas morales propias de la Iglesia.
Esa ideología, alentada por los vientos involucionistas del anterior pontífice, se ha asociado con el pensamiento político neoconservador de una parte de la derecha española y ha dado lugar a un híbrido que en los ambientes católicos progresistas se conoce como "los teocons".
Grupos como Comunión y Liberación, Asociación Católica de Propagandistas, Hazte oír, Foro Español de la Familia, Legionarios, Plataforma E-cristians y otros muchos se suman a organizaciones como el Opus o los Kikos, en un movimiento diverso pero convergente en la descalificación, la presión y la movilización políticas.
Son gentes que anatemizan todo lo que hace y dice el Gobierno, que contraponen la "ley natural" a las leyes de la mayoría parlamentaria, que juzgan aberrante la laicidad propia del Estado aconfesional y que, imbuidos de la "santa indignación", enarbolan la teoría de que la Iglesia española está hoy perseguida "por la ofensiva laicista gubernamental".
He aquí lo que se escribe en el número 77 de la revista Abril: "Desde luego, la sibilina persecución del sistema liberal, callada, tranquila, constante pero sin estridencias, ha causado mucha más apostasía que la de Decio, la de la Convención o la del Frente Popular. Obvio ha sido para el enemigo: si la sangre de los mártires fertiliza la tierra, no derramemos sangre y la tierra quedará estéril. (…) El lavado de cerebro de nuestros niños y adolescentes para que sus esquemas mentales sean incapaces de tolerar algo que no sea el sincretismo aguado a caballo entre el deísmo masónico y el panteísmo spinoziano se hará cada vez más intenso. El pensamiento único se impondrá irremediablemente; éste es el panorama más creíble".
Aunque muchos de estos grupos se sitúan en la base militante laica o en los aledaños de la estructura piramidal católica, el movimiento neo tradicionalista alcanza también a purpurados del anillo cardenalicio y está bien presente en la Conferencia Episcopal. Pocos dudan de que el cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, exponente genuino del neotradicionalismo hispano, maneja, en gran medida, los hilos del máximo órgano institucional católico español que preside el conciliador Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao.
Dada la correlación de fuerzas, Ricardo Blázquez, "un obispo entre cardenales", "un coronel entre generales", puede ser sustituido dentro de unos meses al frente de la Conferencia Episcopal, bien por el propio Rouco Varela o por un prelado de su misma adscripción ideológica. "Si opta al cargo y se va a una votación sin acuerdos previos, el arzobispo de Madrid lo tendrá fácil porque hace tres años sólo le faltó un voto para alcanzar los dos tercios que necesitaba para su tercera reelección consecutiva. Ahora, le bastaría con el respaldo de la mitad de los 76 obispos con derecho a voto", opina un sacerdote, observador privilegiado de lo que acontece en la Conferencia Episcopal.
"El problema de Ricardo Blázquez es que no ha podido asentar su posición, ni imponer la alternativa templada en la que también se encuentran obispos como Carlos Amigo, de Sevilla, Luis Martínez Sistach, de Barcelona, y algunos taranconianos [el arzobispo de Madrid Vicente Enrique y Tarancón, que dirigió la apertura de la Iglesia tras el franquismo], así que necesitaría un gesto de apoyo vaticano", indica Carlos García de Andoin, coordinador general de Cristianos Socialistas del PSOE.
"El núcleo más conservador está consiguiendo nombramientos de jóvenes obispos neotradicionalistas y ya hay prelados de la Conferencia Episcopal que forman parte de Comunión y Liberación", añade.
Tras la experiencia de esta legislatura, en la que el Gobierno ha renunciado a revisar los acuerdos con la Santa Sede de 1979 -nada más tomar posesión de su cargo, el presidente Zapatero viajó a Roma para tranquilizar al Vaticano en este aspecto-, la izquierda más laicista continúa haciéndose la pregunta de qué hacer con la Iglesia católica.
Desde el Gobierno se defiende la estrategia marcada con el argumento de que "hay que administrar los frentes" y establecer prioridades. "El dinero es menos importante que lograr promulgar leyes como la del matrimonio homosexual. Tenga en cuenta que en Italia ni siquiera han podido sacar adelante una ley de parejas de hecho. La situación no está para reformas constitucionales, ni para modificar los acuerdos con la Santa Sede", indica una alto responsable de la Administración. El empeño del Ejecutivo socialista está ahora en evitar que el resto de las confesiones religiosas se sientan discriminadas.
Según la directora de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, se está trabajando para que el millón de protestantes españoles pueda contar el próximo año con la casilla de la declaración de la renta que les permitirá destinar el 0,7% del IRPF a su organización. A su juicio, la mayoría de los obispos españoles son moderados, "conservadores, pero moderados", indica. "Y lo que pasa", añade, "es que, además, buena parte de la izquierda sólo tiene en la cabeza el modelo francés de separación radical Iglesia-Estado, que sí es una excepción en Europa".
Pese al vocerío reinante, también en España hay un terreno de encuentro propicio para el acuerdo. El documento que la Conferencia Episcopal publicó el 22 de abril de 1986 juzga como alternativas igualmente inaceptables, tanto la pretensión de "imponer a todos las normas morales de la Iglesia para la vida social" como el propósito de "eliminar cualquier intervención de la Iglesia en la vida pública inspirada en la fe".
Hay pues en la instrucción misma de la Iglesia una descalificación expresa de los comportamientos que han aflorado en la presente legislatura y que difícilmente encuentran asiento en el principio, tan abusivamente utilizado por el integrismo, de que "en caso de conflicto hay que obedecer a Dios antes que a los hombres".
Parece claro que un sector del clero pretende recuperar a través de las palancas política y mediática el ascendente moral y espiritual que la Iglesia ha perdido en la sociedad. "En el contexto actual, se corre el riesgo de ver enemigos donde no los hay", afirman Jesús Romero y Tiscar Espigares, responsables de la Comunidad de San Egidio, dedicada a ayudar a los desfavorecidos.
"Tanto los creyentes como los no creyentes nos enfrentamos a problemas comunes y el diálogo es el único camino que puede dar frutos y posibilitar las respuestas serenas. No hay que olvidar que la Iglesia primitiva gozaba de la simpatía del todo el mundo y que si ha sobrevivido 20 siglos es porque ha trabajado por los pobres y necesitados", dicen.
Si eso es así, la Iglesia debería buscar a su principal enemigo dentro de ella misma: en los seminarios clausurados por la sequía vocacional, en la escasa capacidad de atracción de un magisterio que condena el preservativo, la píldora y el divorcio, en la miopía y los temores que le hacen vivir de espaldas a la realidad, añorando tiempos pretéritos o confortándose con la alegre estadística de que el 90% de los españoles se declara católico.
La realidad es que los católicos practicantes no superan el 30% de la población, que el porcentaje de contribuyentes que marcan en exclusiva la casilla de la Iglesia católica es el 23% y que únicamente hay 20.000 sacerdotes, la mayoría de edad avanzada y sin recambio a la vista. Más bien parece que la huida hacia delante de una parte del episcopado puede precipitar su marginación y provocar que la izquierda española vuelva a hacer del anticlericalismo una equivocada seña de identidad.
El pestilente error de la libertad
El socialista Gregorio Peces-Barba, uno de los siete padres de la Constitución, propone modificar los convenios con Roma. A su juicio, parte del problema reside en la referencia explícita a la Iglesia católica inscrita en el apartado constitucional que aborda la cooperación del Estado con las confesiones religiosas. “Jordi Solé Tura, Miquel Roca y yo mismo estábamos en contra de esa mención expresa, pero no insistimos lo suficiente, porque, sencillamente”, dice, “entonces no podíamos imaginar que las cosas llegarían al extremo al que han llegado”. De hecho, en los tiempos en los que la jerarquía eclesiástica parecía haber abandonado las posiciones ultramontanas, el conjunto de la izquierda asistió pasivamente a las decisiones adoptadas por los Gobiernos de González: convenios con la Santa Sede, pactos con los colegios concertados, participación en el IRPF…, que han ido conformado el privilegiado estatus de la Iglesia española.Antiguo democristiano, Peces-Barba sostiene que la Iglesia católica no está regulada por las leyes españolas, tampoco por la Ley de Libertad Religiosa, y que el hecho de que sólo asuma el marco constitucional y los acuerdos con la Santa Sede “crea zonas exentas a la acción del Estado”.Lo que le alarma, en todo caso, es la involución integrista que aprecia en la jerarquía eclesiástica, el traslado al ámbito político de la consideración de que la Iglesia es la detentadora y la administradora de la Verdad con mayúsculas, la verdad de Dios.“No aceptan la distinción público-privado que está en el artículo 27 de la Constitución y, en el fondo, siguen pensando como en el siglo XIX, cuando decían que la libertad de conciencia era un pestilente error”, indica Peces-Barba.
