Y que conste que cuando hablo de suprimir la financiación directa me estoy refiriendo a los 141 millones de euros que el Estado adelanta al año, como anticipo de los ingresos que supuestamente destinan los católicos en sus declaraciones de la renta para el "sostenimiento la Iglesia", y cuya recaudación real es muy inferior; Y que cuando hablo de privilegios me refiero a las exenciones fiscales que la iglesia disfruta, y entre las que, destacan la exención del pago del IVA, la del IBI de las viviendas de los sacerdotes y la exención total del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones, que dicho patrimonio disfruta, colocando a nuestro país en una situación absolutamente irregular y por la que España ha sido apercibida desde la Comisión Europea, al resultar estas medidas absolutamente contrarias al derecho comunitario.
En ningún momento alguien se plantea la supresión del resto de las partidas que la iglesia recibe de las administraciones públicas y que podemos justificar en función de un intercambio de servicios, como los 600 millones de euros en sueldos para los profesores de religión o los otros 600 millones de euros transferidos para los 5.000 colegios de preescolar, infantil, primaria y secundaria , y más de 200 centros de educación universitaria concertados que la iglesia controla.
No me quiero referir a los 150 millones destinados al pago de capellanes, servicios hospitalarios, penitenciarios y castrenses, ni a las partidas dirigidas al pago de sus ONGs, o a los fondos destinados al Patrimonio artístico e inmobiliario como museos, y catedrales, aunque éstos son temas igualmente candantes, y a los que la propuesta de IU hace alusión; Pero sin entrar en más detalles resulta evidente que ha llegado el momento de adaptar, de una vez por todas, el sistema de financiación a la norma legal que nos ampara, como país aconfesional, y que no es otra que la constitución, acabando con el agravio comparativo que supone la persistencia de los privilegios de un grupo frente al resto de la comunidad.
La corriente de opinión contra el actual sistema, han cobrado paulatinamente fuerza tanto en el seno del PSOE, cuyo secretario Federal de Política Municipal y Libertades Públicas, ha propuesto, en un documento la progresiva eliminación de la financiación de la iglesia; Como en el de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, que acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a la iglesia a autofinanciarse.
Y ahora precisamente, que las corrientes del pensamiento son favorables a eliminar este tipo de privilegios, y considerando que antes del 1 de enero del 2007 tiene que determinarse un nuevo sistema de financiación, sería un buen momento para resolver el problema, que según la propuesta del socialista Álvaro Cuesta, podría abordarse en tres etapas: una primera de tres años en los que la iglesia seguiría recibiendo una asignación tributaria mínima -medida de dudosamente legal que beneficia a unas confesiones sobre otras, y que se pretende corregir-, una segunda fase de entre 3 a 5 años en la que ya no se le garantizaría esta mínima asignación, que en la actualidad es del 0.52% del IRPF, y una tercera etapa en la que el Estado se limitaría a aplicar deducciones fiscales de hasta el 15% a los fieles que realicen donaciones.
Estamos hablando de mucho dinero, fruto del esfuerzo de todos los contribuyentes, y con el que se podrían atender muchos servicios públicos de distinta índole, mejorar la enseñanza, la sanidad, las prestaciones económicas, las pensiones, las carreteras, las becas, o la investigación.
Y como no me conmueves mas los futuros impuestos de los curas que los que todos pagamos religiosamente, por nuestras rentas, herencias, o transmisiones, ya estoy viendo la cantidad de necesidades que pueden llegar a cubrir esos recursos, entre otras cosas porque los privilegios de la iglesia los disfrutan unos cuantos, y a la hora de pagar los pagamos todos.
