José Hermógenes Martín, delegado diocesano de Enseñanza, considera, a raíz de la aprobación de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía que se impartirá en un curso de Primaria y dos de la ESO, que los "valores sociales y ciudadanos son muy importantes en nuestra sociedad, que en muchas ocasiones carece de ellos", y añadió que junto a los derechos humanos, "deben estar presentes en el ámbito escolar".
En ese sentido, el máximo responsable educativo en el Obispado de Tenerife precisó que "la gran cuestión está en qué propuestas se van a hacer y quién las propone, y sí esos valores se pueden imponer obligatoriamente".
-En este caso, ¿la duda estriba en si va a ser una materia educativa o un instrumento de adoctrinamiento?
-Exacto. Hay unos principios de derechos humanos y constitucionales que habrá que respetar siempre. La Declaración Universal establece que los padres tienen derecho preferente al tipo de educación que quieren para sus hijos; la Constitución española dice que tienen derecho a que sus hijos sean educados según sus convicciones morales y religiosas, mientras que la Constitución Europea añade también las de carácter filosófico. Por tanto, eso se ha de mantener en cualquier circunstancia, y si no es así, los padres tienen derecho a oponerse si el Estado asume competencias que no les son propias, como educar en cuestiones morales.
-¿Estaríamos hablando de la objeción de conciencia hacia esta materia?
-Sí. La objeción estaría justificada cuando los padres no vean respetadas sus convicciones.
-En Canarias se ha mostrado una predisposición a aplicar esta asignatura desde el principio. ¿Habría cabida para proponer una objeción desde el Archipiélago?
-La objeción de conciencia puede ser aplicada por todos los padres de todo el territorio español.
-¿También en las Islas, donde hay una voluntad explícita de aplicar esta asignatura?
-Siguen manteniendo el mismo derecho. Es decir, pertenece a sus derechos constitucionales y de otras declaraciones mantener el control de la educación moral que se les da a sus hijos. Sin embargo, una mejor solución para esta situación es que un tipo de educación de esta clase hubiera sido de libre opción, pues en ese caso no habría ningún problema o dificultad. El problema está cuando el Estado o el partido político de turno se erige en educador, pues el Estado no es dueño de la educación, sino servidor de un derecho fundamental.
Aspectos conflictivos
-¿Qué aspectos de esta asignatura se teme que estén por encima de los derechos de los padres?
-Puede haber aspectos más conflictivos en temas como el matrimonio, la educación sexual o en cuestiones sobre la vida como el aborto, entre otras que son muy opinables, pues cuando se trate de cuestiones morales, un Estado aconfesional no tiene una moralidad para imponérsela a los ciudadanos, sino respetar las convicciones.
-Parece que tampoco está muy claro qué profesorado impartirá la nueva materia.
-Me temo que la va a poder impartir cualquiera y sin preparación. Recuerdo que a partir del año 1971, cuando la Iglesia propuso al Gobierno de turno que la enseñanza de Religión no fuera obligatoria, y se optó entre esta materia o Ética, por desgracia, esta última, que es una enseñanza muy seria, le fue encomendada a los profesores que no tenían horario completo. Así, una cosa que era fundamental se desprestigió, porque había bastantes profesores que de eso no sabían nada y estaban obligados a darla. Espero que Educación para la Ciudadanía, con la seriedad que requiere este tipo de educación, esté encomendada a gente que lo sepa hacer bien. No obstante, los padres tendrán que estar atentos a lo que se les oferte a sus hijos, porque si no está bien orientada, puede ser utilizada para cualquier cosa.
-Una asignatura como esta, ¿puede servir para mejorar la convivencia en los centros?
-Sí, pues muchísimas veces la conflictividad escolar se refiere a que no estamos educando en unos valores de respeto, de solidaridad o de libertad bien entendida, porque se produce una especie de sálvese quien pueda y donde prima el egoísmo y el enfrentamiento. Soy absolutamente partidario de la educación en valores en la escuela, y que se proponga desde una clase de enseñanza religiosa o una materia ética, pero que los padres puedan elegir libremente.
-El acuerdo que ha habido sobre Religión, ¿deja las cosas como estaban o las empeora?
-En parte las deja como están, pero no las mejora. Hay cuestiones en las que se avanza, en cuanto al profesorado. Hay otras que suponen ciertas dificultades. En Primaria, los alumnos van a poder seguir eligiendo enseñanza religiosa, pero no se sabe qué será eso de la atención educativa que se oferta a los que no lo elijan. En Secundaria hay una dificultad y una disminución de las horas, que ya eran escasas para una materia profundamente educativa como es la enseñanza religiosa. Si hay disminución, perjudicaría a los alumnos en particular y, a los profesores, que tendrán menos remuneración económica.
-¿Cuáles son las nuevas ventajas para estos profesores a raíz del acuerdo Estado-Iglesia?
-Tendrán un contrato indefinido, con un plazo que no está aún fijado, pero quedan indefinidos hasta que la confesión religiosa respectiva no les retire lo que se denomina la misión.
-Pero sigue siendo la Iglesia la que propone al profesorado y las administraciones las que pagan.
-Sí, la Iglesia garantiza a los padres que la persona que imparte la asignatura de Religión es la idónea para esa clase que han pedido.
-A medida que se van aprobando los decretos de la LOE, ¿se puede considerar que el conflicto sobre la reforma se acaba o queda mucha discrepancia abierta?
-Entre el momento en que se debatió la ley y el actual ha habido ciertos avances, pero quedan flecos bastante serios. Por ejemplo, la LOE es una ley que es muy estatalista, porque respeta menos la iniciativa social en cuanto al tema educativo y hay un control más rígido por parte del Ministerio de turno. Se ha avanzado algo, y creo que en Educación para la Ciudadanía si se hubiera optado por la libre elección por parte de los padres, era manifiestamente mejorable. Otra cuestión, que tiene que ver con las enseñanzas religiosas, es que se abre un interrogante sobre aquellos niños que no asisten a las mismas, pues si los padres no se ocupan y no hacen nada, estarán en el patio.
-Pero se supone que los centros tienen que ofrecer una alternativa.
-Pero para los centros también va a ser un problema grandísimo determinar qué se hace con esos niños, pues tendrán que ofertar alternativas que no sean discriminatorias para con los que elijan Religión (confesional o historia de las religiones). De momento no se sabe qué atención van a recibir los que no cursen Religión.
-¿Tiene esperanzas en que la LOE sea más equilibrada cuando se apruebe su aplicación en la Comunidad autónoma?
-Las comunidades autónomas tienen el 45% de competencias en cuanto a horarios y contenidos. Ese es un tema que habría que negociar y esperemos que las autoridades autonómicas sean sensibles al aporte que se puede hacer hacia el área religiosa y mejorar cosas que a nivel estatal no salen bien. Tenemos la confianza de que haya sensibilidad para pensar en la formación integral del alumno y que se valore al máximo la aportación de cada uno y se respete la voluntad de los padres.
