Denuncian que los diputados «se arrogan poderes absolutos» sin atender a la moral La pastoral sostiene que una democracia ajena a la fe católica deviene dictadura
La democracia es un logro, pero si los gobernantes la ejercen sin tener en cuenta la moral católica y universal, deja de serlo. Partiendo de esta tesis, la Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que España se encuentra en la "antesala del totalitarismo", ya que "los parlamentarios, y más en concreto, los dirigentes de un grupo político que está en el poder, pueden legislar según su propio criterio sin someterse a ningún principio moral vigente y vinculante".
Los prelados dictan esta sentencia en la instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, que la asamblea plenaria aprobó la pasada semana con 63 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, y cuyo contenido íntegro fue hecho público ayer.
Los obispos interpretan que España está a las puertas de un "positivismo jurídico" –doctrina que no reconoce la existencia de principios éticos que ningún poder político puede traspasar–, pues "la sociedad entera queda a merced de las opiniones y deseos de una o unas pocas personas en alusión a los diputados que se arrogan unos poderes cuasi absolutos que van evidentemente más allá de su competencia".
Los obispos insisten en el "riesgo evidente" de caer en el "cesarismo" o el "desarraigo" si los gobernantes no tienen en cuenta en sus actos "la recta razón y el patrimonio espiritual de cada pueblo o nación". En tal caso, concluyen, la democracia "degenera sin remedio en dictadura".
"LAICISMO RADICAL" Para luchar contra esta amenaza, los prelados, en un texto de 38 páginas dividido en 80 puntos, "orientan moralmente" a los católicos y a "todos los que quieran" escucharles sobre temas como el terrorismo, los nacionalismos, la educación, el laicismo, el matrimonio gay o la violencia sexista.
"Sin educación moral no hay democracia. Los procedimientos democráticos sin alma ética se convierten en un peligro para el ser humano", entresacó del documento el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. El portavoz enumeró algunas medidas del Gobierno socialista a su juicio inspiradas en "un laicismo radical y excluyente" y "contrarias a la ley natural" y al "bien moral de la sociedad": la nueva definición legal del matrimonio y la ley que agiliza el divorcio, la tolerancia con el aborto, las leyes que en su opinión permiten la producción de seres humanos como material de investigación, y la futura asignatura de Educación para la Ciudadanía.
"Esta materia se presenta como un riesgo de una inaceptable intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos. Está en contra de la ley natural y de los derechos reconocidos en la Constitución, porque solo los padres y la escuela pueden determinar la educación religiosa y moral de los alumnos", defendió Martínez Camino.
LA UNIDAD DE ESPAÑA
En el habitual ejercicio de equilibrio para abordar temas tan delicados como la unidad de España, el texto admite un futuro Estado federal pero no la independencia de ninguna comunidad autónoma. Así, los obispos reconocen la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, "sin recurrir a la violencia" y por "métodos democráticos", pretendan modificar la unidad política de España.
El texto dice que tales reformas "deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada", y se pregunta si sería justo reducir o suprimir los bienes derivados de la unidad cultural, social y política de España. "La respuesta es no, pero hay muchas formas de administrar esa unidad. La Iglesia no tiene una palabra específica sobre el sistema", precisó Martínez Camino.
