El portavoz de la Conferencia Episcopal Española denuncia que hay mucha desinformación respecto a la nueva ley
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha subrayado hoy que los padres tienen no sólo "el derecho", sino también "el deber" de manifestarse contra el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) del Gobierno, porque vulnera "derechos fundamentales recogidos en la Constitución". Camino ha negado que los obispos hayan convocado la protesta contra la LOE, en referencia a la anunciada por la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) para noviembre, pero que si "se lleva a cabo, la Conferencia la apoyará".
El secretario y portavoz del Episcopado ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha informado sobre los resultados de la reunión de la comisión permanente de los obispos, que han aprobado una nota pastoral contra la LOE. "La Conferencia Episcopal apoyará el ejercicio de los derechos cívicos que corresponden a los ciudadanos y a las asociaciones que trabajan en el campo de la educación para defender sus derechos", ha precisado, para agregar que si finalmente se convoca esta manifestación, de la que ha afirmado desconocer la fecha, "se ejerce un derecho, e incluso se actúa con responsabilidad y se cumple con un deber".
El portavoz de la CEE ha negado que el proyecto de ley diga que la asignatura de Religión será de oferta obligatoria para los centros y de opción voluntaria para los alumnos, en respuesta a una de las preguntas. Tras reafirmarse en que el proyecto de ley no contemplaba esta cuestión, y ante los comentarios de algunos periodistas, Martínez Camino ha sentenciado: "Veo caras de asombro, y les invitó a revisar el proyecto de ley; vean también de dónde provienen esas informaciones falsas sobre este proyecto". "Se han dicho muchas cosas sobre la LOE, y a los medios de comunicación les han llegado muchas cosas sobre el proyecto. Comprendo su asombro, yo también estoy asombrado de que a estas alturas exista esta desinformación. Les juró que no lo encontrarán en este proyecto, estamos hablando del texto que el Gobierno ha aprobado", ha puntualizado.
El Estado, obligado a poner los medios
Para el portavoz, la Constitución "reconoce como derecho fundamental de los padres que sus hijos sean educados en las convicciones religiosas y morales que ellos determinen, no el Estado, y es un derecho fundamental reconocido por la constitución para todos los ciudadanos católicos y no católicos, no un privilegio". El Estado, por tanto, tiene la obligación de poner los medios para que este derecho pueda ser realmente ejercido, y "de ahí se deriva lo que hasta ahora ha hecho el Estado español y que ahora se cambia sorpresivamente", ha señalado en relación con el nuevo estatuto para los profesores de Religión.
Al igual que "sucede en otros países", el Estado español contribuye económicamente para que haya profesores de Religión como le piden los padres, al igual que lo hace para otras religiones, y eso es, en su opinión, perfectamente constitucional. Martínez Camino ha dicho que "es obligación del Estado que haya un profesorado competente para la enseñanza religiosa", y ha añadido que quien puede determinar la idoneidad de esos profesores no es la Administración Pública, aunque ésta fije las condiciones de títulos y formación académica, sino que eso corresponde a la "confesión respectiva".
Esta situación, que también existe en otros países, es lo que ahora se quiere cambiar, ha indicado el portavoz de los obispos, quien ha asegurado que los mismos profesores de Religión están en contra de la disposición del proyecto de ley en la que se modifica el actual estatuto y "consideran conculcados sus derechos laborales y profesionales". Sobre el nuevo Estatuto de Autonomía catalán, Camino ha indicado que la CEE está en desacuerdo con que la enseñanza de la Religión desaparezca de las escuelas públicas de Cataluña, porque esta decisión conculca derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los Acuerdos Iglesia católica-Estado.
