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Los obispos empiezan a admitir casos de pederastia: ya reconocen 45, una veintena inéditos hasta ahora

La mitad de las 70 diócesis españolas acceden a dar información sobre sus datos, aunque apenas se han emprendido investigaciones del pasado y el resto sigue guardando silencio.

La Iglesia española sigue siendo una excepción en el mundo católico occidental a la hora de afrontar el escándalo de los abusos de menores. Mientras en Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda o Alemania se han emprendido investigaciones generales y exhaustivas del pasado, y han salido a la luz miles de víctimas, en España la pasividad y el silencio parecen ser la norma. La Conferencia Episcopal (CEE) se ha negado a hacer una investigación del pasado y después de que las diócesis abrieran, por orden del Papa, unas oficinas de atención a las víctimas, tampoco ha querido dar información. Solo dijo hace tres meses que las denuncias recibidas eran “cero o muy pocas”. Ante la falta de datos y respuestas, EL PAÍS ha preguntado a las 70 diócesis españolas sobre los casos de abusos de los que tienen constancia, un año después de la apertura de esas oficinas. El resultado, que se puede consultar en el gráfico situado más abajo, supone un primer y tímido avance en la ruptura del silencio: al menos 37 han contestado y 33 de ellas han aceptado informar del número de denuncias que han recibido, aunque la mayoría no contabilizan ninguna. Pero la novedad es que ya hay 13 obispados que admiten 45 casos, entre las denuncias nuevas y las del pasado, 20 de ellas desconocidas hasta ahora por no haber trascendido en los medios.

El alcance de este pequeño paso se mide tomando como referencia una primera ronda de consulta que realizó este periódico en octubre de 2018: los casos que admiten se han multiplicado por diez. Entonces solo reconocían cuatro. Siguen siendo cifras que no resisten la más mínima comparación con la media del escándalo en todos los países ―solo los jesuitas españoles han reconocido 81 víctimas―, pero ya es un pequeño avance respecto a lo que las mismas diócesis admitían hace dos años. En 2018, cuando EL PAÍS empezó su investigación sobre los abusos de menores en la Iglesia, el balance de ese primer cuestionario fue aún más insignificante: la gran mayoría de las diócesis ni respondió, solo contestaron 18 y, de ellas, únicamente cuatro admitieron un caso (Oviedo, Plasencia, Guadix y Vic). Otras cinco afirmaron no tener ninguno registrado y las otras nueve eludieron las preguntas. Los 20 nuevos casos de pederastia en el clero que ahora salen a la luz, del que por otro lado las diócesis se niegan a dar ningún detalle, elevan el total de los conocidos en España a 243, con cerca de 550 víctimas, según la contabilidad que lleva EL PAÍS, ante la absoluta ausencia de datos eclesiásticos y oficiales. La mayoría de los abusos se han producido en órdenes religiosas.

En Navidad de 2018, en pleno auge del escándalo en España, el Papa Francisco agradeció a los medios de comunicación su trabajo para “desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas” y advirtió a los obispos: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”. Dos años después, la Iglesia española aún está lejos de cumplir el deseo del Papa. La Conferencia Episcopal argumenta que no tiene ningún poder ejecutivo, solo de coordinación, y todo depende de cada obispo, que es el dueño absoluto de su diócesis. En la reacción al cuestionario enviado a veces hay un abismo entre unas y otras en cuanto a sensibilidad con el problema. En la mayoría es difícil siquiera saber de la existencia de la oficina de atención a las víctimas en su web. EL PAÍS también ha preguntado si van a investigar sus archivos para revisar el pasado y solo cinco lo han hecho o lo están haciendo: Bilbao, Zamora, Cartagena, Ourense y Solsona. Más Barcelona, que no obstante solo ha llegado hasta 1985. Los obispos siguen siendo muy reticentes a ser transparentes sobre la gestión de los abusos: solo nueve revelan los casos del pasado de los que tienen constancia. Madrid es la diócesis que más se ha volcado en la cuestión, aplica la transparencia al comunicar sus datos de propia iniciativa y, de hecho, es donde más casos han salido a la luz, ocho nuevos y uno registrado en el pasado.

Este periódico ha preguntado además a las diócesis si çán a las víctimas que lo reclamen y 12 estarían abiertas a estudiarlo. También, si apoyarían un investigación general del pasado promovida y coordinada por la Conferencia Episcopal, como en Alemania o Francia (en ambos países han surgido más de 3.000 víctimas): lo harían apenas 10. La entidad que representa a los obispos españoles, reunida este martes y este miércoles, en su comisión permanente, sigue esquivando esta pregunta tanto en las ruedas de prensa como en las llamadas que les hacen los medios: “No tenemos poder sobre las diócesis”, repiten. La carta apostólica del Papa de mayo de 2019, Vosotros sois la luz del mundo, que reforzó las medidas contra la pederastia en el clero, no menciona nada al respecto, aunque si incluye la posibilidad de que las conferencias episcopales “pueden establecer un fondo destinado a sufragar el coste de las investigaciones”. Sobre indemnizaciones la CEE tampoco quiere hablar. El máximo órgano de la Iglesia española creó en octubre de 2018 una comisión antipederastia cuya actividad se desconoce. Debía actualizar los anacrónicos protocolos contra los abusos vigentes desde 2010 pero aún no lo ha hecho.

La mitad de las diócesis no han respondido al cuestionario de este diario, después de tres semanas. El obispado de Oviedo, por ejemplo, con acusaciones de encubrimiento sobre dos de sus obispos (Jesús Sanz y Carlos Osoro), se ha negado a hacer ninguna declaración. En Pamplona, Maite Quintana, directora de la Comisión de Prevención de abusos, ha respondido: “Consideramos que, en el momento adecuado, desde la Iglesia diocesana, informaremos y rendiremos cuenta de nuestro trabajo a la sociedad navarra, a la cual nos debemos en primer lugar. Desde ahí podrán hacerse eco de la información emitida”. Navarra es un caso muy significativo, porque han salido a la luz casi medio centenar de casos en dos años en la prensa, pero la diócesis apenas reconoce ninguno, simplemente porque no han ido a presentar una denuncia canónica.

Este es un pretexto al que se han agarrado muchas diócesis, y que precisamente quiso erradicar el Papa en su carta apostólica de 2019. En su artículo 3 señala: “Cada vez que un clérigo o un miembro de un Instituto de vida consagrada o de una Sociedad de vida apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos (…) tiene la obligación de informar del mismo sin demora” al obispo. Tener noticia incluye también la prensa, según señalan los expertos canónicos consultados. Ya nadie puede mirar para otro lado. El documento papal también ordena comunicar los casos que no sean de una diócesis al obispo correspondiente, o al superior de la orden religiosa involucrada.

El Gobierno y las instituciones también guardan silencio en España, al contrario que en otros países, donde han impulsado la creación de comisiones de investigación ante la alarma social. Hay algunas excepciones. En Navarra el Gobierno foral, muy activo en el apoyo a la asociación de víctimas que se ha formado en la comunidad, ha reprochado su inacción al obispo de Pamplona, Francisco Pérez: “Debo lamentar que no se haya hecho nada o casi nada. Debo lamentar que se apostase solo por un anuncio público que no ha estado acompañado de mecanismos efectivos y reales de denuncia e investigación”, dijo el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, la semana pasada en la presentación de un libro sobre abusos.

“Se siguen tapando unos a otros”

A pesar de las reformas del papa Francisco, las víctimas denuncian que los obispados y la Congregación para la Doctrina de Fe, el órgano disciplinario del Vaticano, siguen evitando que la información sobre los casos del pasado salga a la luz. Es la queja, por ejemplo, de Javier, víctima de José Manuel Ramos Gordón en el seminario de La Bañeza (León, diócesis de Astorga). Desde que en diciembre de 2019 el Vaticano levantó el secreto pontificio en los casos de pederastia, este afectado no ha dejado de solicitar la documentación de su caso. Pero tanto la diócesis de Astorga como la Doctrina de la Fe se lo han denegado. Alegan que la decisión papal “no tiene carácter retroactivo”, por lo que los casos denunciados antes de 2019 siguen blindados en los archivos eclesiásticos. “No quieren dármelo y estoy en mi derecho. Mi proceso fue un fraude”, explica Javier.

La pena al sacerdote fue de un año de apartamiento y fuentes de la investigación afirmaron a EL PAÍS que, en un principio, la pena impuesta era mucho más dura, pero que el obispo, Juan Antonio Menéndez, decidió cambiarla en el último momento antes de enviar la sentencia a Roma. Algo que, como autoridad de la diócesis, podía hacer. “Tienen miedo a que salga la mierda y veamos que aún se siguen tapando unos a otros”, acusa esta víctima. Javier fue uno de los primeros afectados en España en llevar su caso a la prensa, a La Opinión de Zamora, lo que desencadenó un aluvión de denuncias contra el mismo sacerdote. Menéndez, que falleció en 2019, fue nombrado presidente de la comisión antipederastia de la CEE, una designación que fue polémica por la gestión de ese caso.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

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