El sostenimiento del clero y culto católicos costará este año 3,4 euros a cada español, sea creyente o ateo, niño o anciano
Cada español -creyente o ateo, niño o anciano, parado o empleado, católico o judío, protestante, musulmán o budista- pagará este año algo más de 3,4 euros para el sostenimiento del clero y culto católicos. Es un 34% más que en 2006, según lo pactado entre el Gobierno y los obispos. Además, el nuevo sistema de financiación eclesiástica tiene carácter "estable", se dice en las notas intercambiadas ahora por el nuncio del Papa, el arzobispo portugués Manuel Monteiro, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
"Mi Gobierno considera que [lo pactado] recoge las negociaciones mantenidas y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal con el asenso de la Santa Sede, y constituye una aplicación de lo previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos [firmado en Roma entre España y el Vaticano en 1979]", escribe Moratinos al nuncio apostólico. "Al expresar la conformidad de la Santa Sede con el texto de la nota, aprovecho la oportunidad para renovarle las expresiones de mi más alta consideración", responde el arzobispo.
Con el nuevo sistema, el coeficiente del IRPF que recibirá el episcopado de sus fieles se eleva del 0,52 al 0,7%. El llamado "intercambio de notas" acuerda pactar también "la compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica", exigida por la Unión Europea. Dicha compensación está "incluida en el cálculo del porcentaje de asignación tributaria", dice el ministro.
Con este pomposo canje de notas el Gobierno parece buscar que quede claro que la Santa Sede "estima suficiente el compromiso para dar por concluido el proceso de sustitución de la dotación estatal, considerando que el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% del IRPF tiene carácter estable". Los gobiernos anteriores se negaron a asumir esta reclamación episcopal. Con tales concesiones, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero buscaría espantar de una vez las críticas de los obispos, que le acusan de persecución de lo religioso y de "laicismo beligerante".
Pero, pese a la aparatosidad del procedimiento diplomático utilizado -en este solemne canje de notas entre Estados los obispos españoles figuran como meros negociadores iniciales-, expertos en derecho eclesiástico dicen que lo acordado ni cambia el concordato de 1979 ni convierte en "estable" lo acordado como afirma la nota, ni en "indefinido" como sostiene la Ley de Presupuestos para 2007.
Esto opina el catedrático Dionisio Llamazares, que fue director general de Asuntos Religiosos en los gobiernos de Felipe González: "No hay cambio de modelo, lo pactado deja intacto el Acuerdo de 1979 y no afecta para nada ni a la transitoriedad de la fórmula de la asignación tributaria ni al compromiso autocontraído por la Iglesia católica de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Además, subsisten intactas las bases de los reproches de inconstitucionalidad de la fórmula de la asignación tributaria, salvo como transitoria".
La asignación de Hacienda a la Conferencia Episcopal Española en 2007 -algo más de 12,5 millones de euros mensuales- es una mínima parte de la ingente aportación económica que diferentes administraciones del Estado hacen a esta Iglesia. Los expertos cifran en 5.000 millones los fondos recibidos por esta confesión para financiar cada año una imponente red de servicios -culturales, educativos, hospitalarios, en guarderías, ONG u obras de caridad, entre otros muchos-, atendida por decenas de miles de personas.
Hasta ahora, Hacienda recaudaba una parte de la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, y el resto lo entregaba como "dotación" extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación. El Gobierno socialista acepta ahora elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa Iglesia).
A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta al Estado el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. La Iglesia católica recibirá con creces, con este aumento del porcentaje de la cuota, lo que perderá con la supresión de dotación graciosa: los ingresos pasarán este año de los 144 millones de euros que entregó Hacienda al episcopado en 2006 a más de 175 millones.
El intercambio de "sendas notas" entre la Nunciatura Apostólica y Exteriores es en realidad la reproducción de la carta que el ministro Moratinos envió el 21 de diciembre pasado al nuncio Monteiro explicándole lo acordado y reclamando que la nunciatura confirmase "que la misma interpretación es compartida por la Santa Sede". Responde el nuncio: "Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de acusar recibo de su nota, cuyo texto transcribo a continuación". Terminada la transcripción de la carta de Moratinos, de 1.025 palabras, el arzobispo Monteiro despacha la cuestión en 31 palabras. Dice: "Al expresar la conformidad de la Santa Sede con el texto de la nota transcrita, aprovecho la oportunidad para renovarle, señor ministro, las expresiones de mi más alta y distinguida consideración".
Lo ahora pactado, que el Gobierno socialista desveló en parte el 22 de septiembre de 2006 después de largas conversaciones con los prelados, lo resume el ministro Moratinos en estos cuatro apartados: a) sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria; b) elevación del actual coeficiente de asignación tributaria al 0,7%; c) desaparición de las actuales exenciones y no sujeciones de la Iglesia católica al IVA, y d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.
Nada sobre la autofinanciación
Los obispos se mostraron en 1988 contentos con el acuerdo de financiación provisional pactado con el Gobierno de Felipe González. Pronto bebieron del cáliz de la decepción ante lo que el historiador canadiense William J. Callahan ha llamado "la tradicional tacañería del católico español". En las comunidades más ricas, como Cataluña y el País Vasco, apenas el 20% de las declaraciones personales a Hacienda incluyen la x en la casilla eclesiástica.Pese a ese fracaso, ni el Gobierno socialista ni los obispos se han atrevido a suprimir la fórmula pactada en 1979, es decir, aquella que obliga a que, en un futuro indeterminado, esta religión cumplirá por fin su compromiso de autofinanciarse mediante donaciones, desgravaciones fiscales u otros mecanismos a pactar. Ése fue el acuerdo solemne del episcopado con el Gobierno de Adolfo Suárez (centro), reiterado en 1988 ante el Ejecutivo de Felipe González (izquierda) y sostenido después durante los ocho años del Gobierno de José María Aznar (derecha). Liberarse de ese pacto requeriría una decisión de las Cortes Españolas, donde se ratificó lo concordado en Roma, el 3 de enero de 1979, entre España y el Estado vaticano. Los socialistas votaron entonces en contra, con sonora indignación.Dice el artículo 2.5 del Acuerdo de 1979: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado". Moratinos no hace alusión a este asunto en su carta al nuncio del Romano Pontífice.Sectores del PSOE y el resto de la izquierda consideran inconstitucional el actual mecanismo de financiación eclesiástica, por contradecir el principio de aconfesionalidad o laicidad del Estado, teniendo en cuenta, además, que las otras religiones con "notorio arraigo" en España (protestantes, judíos y musulmanes) se reparten apenas, cada año, tres millones de euros con la condición de que no los destinen a salarios de clérigos o a actividades de culto.
