Los Obispos acusan al Gobierno de apropiarse de la libertad de conciencia, un derecho «que no es propio de un Estado democrático de Derecho»
La Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró hoy que se puede recurrir a "todos los medios legítimos" para defender la libertad de conciencia y de enseñanza que, a su juicio, "está en juego" con la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, puesto que "la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias". "Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros", dicen los obispos.
Con un verano por delante antes de la puesta en marcha en los colegios de la Educación para la Ciudadanía, la Iglesia católica trata de evitar que los alumnos españoles tengan que cursar obligatoriamente la nueva asignatura, y ha avisado hoy que los alumnos pueden recurrir "a todos lo medios legítimos" para defender la libertad de conciencia y de enseñanza que quiere inculcar la nueva asignatura.
Los obispos españoles han acusado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de apropiarse de "un papel de educador moral que no es propio de un estado democrático de derecho" y consideran que todos los alumnos "católicos o no" quedan afectados en sus derechos al estar obligados a cursar una asignatura que, como ha explicado la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, versa sobre normas de convivencia y valores de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Iglesia insiste en su Nueva declaración sobre la LOE y sus desarrollos: profesores de Religión y Ciudadanía, aprobada hoy en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que cuando está en cuestión un derecho "tan fundamental" como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, y como ven en peligro con la nueva disciplina, todos deben mostrarse "unidos" en su defensa.
Tras señalar la "creciente y comprensible preocupación" de los padres por esta asignatura y las "muchas dudas" planteadas acerca del modo adecuado de responder a "tal desafío", considera que los medios concretos de actuación contra esta "inaceptable" asignatura son "diversos". Además, expone las "dificultades" de los centros educativos: a los católicos, por verse "obligados" a introducir una materia que "no resulta coherente con su ideario", y a los estatales, "perdiendo su obligada neutralidad ideológica".
Profesores de religión
Por otra parte, la Conferencia Episcopal también ha criticado el nuevo Real Decreto por el que se regula la relación laboral del profesorado de Religión, al entender que no cumple el Acuerdo sobre Enseñanza entre el Estado español y la Santa Sede ni se ajusta a la jurisprudencia establecida al respecto por los tribunales Supremo y Constitucional. Por ello, los obispos cree que no se puede excluir que "sea necesario ejercer las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico, vigente, que tutela los derechos de todos".
En general, la Iglesia católica considera que la nueva regulación asimila su situación a las formas contracturales del Estatuto de los Trabajadores pero "sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica". En su opinión, además de unas condiciones laborales "justas" la dignidad de estos profesores exige también las "garantías legales de su perfil específico", puesto que sin ellas perdería su identidad, expuesto al riesgo de desaparecer.
