Las asociaciones laicas españolas, contrarias al empleo de fondos públicos para la visita que el papa Benedicto XVI efectuará entre el 18 y el 21 de agosto para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), se manifestarán la víspera en Madrid.
Bajo el lema "De mis impuestos, al Papa cero", la manifestación recorrerá el día 17 el centro de la capital, pasando por la emblemática Puerta del Sol, convertida en los últimos meses en el centro de las protestas sociales de los "indignados".
La marcha por ese recorrido será posible tras haber obtenido los convocantes el permiso de las autoridades, según anunciaron hoy en conferencia de prensa.
El recorrido de esa manifestación había sido objeto de controversia en los últimos días entre los grupos laicos y la representación del Ejecutivo central en Madrid.
"Hemos llegado a un acuerdo muy bueno con la Delegación del Gobierno que ha estado a la altura de lo que se merece la opinión legítima de millones de españoles y españolas" contrarios a que se utilicen sus impuestos para este evento privado, manifestó Francisco Delgado, de Europa Laica.
"Se ha hecho justicia y ha ganado la democracia", opinó Luis Vega, de la Asociación Madrileña de Laicos (AMAL).
La Delegación del Gobierno "no ha encontrado ningún argumento jurídico para prohibir la marcha" y ha tenido al final "una actitud muy tolerante y muy responsable", agregó.
Delgado manifestó "todo respeto" hacia los jóvenes católicos que vienen a Madrid para ver al Papa, y les deseó que "se lo pasen bien", pero criticó el "boato institucional" y el coste "excesivo y desproporcionado" de la visita papal que su asociación cifra en unos 100 millones de euros.
Según Europa Laica, esta cifra incluye los ingresos que las arcas públicas dejarán de percibir por las exenciones tributarias y rebajas importantes en los precios de los servicios públicos que se han concedido a los participantes.
Los organizadores de la visita papal argumentan, por su parte, que el evento no tendrá ningún coste para el erario público y que traerá, en cambio, beneficios por los millones de visitantes que llegarán.
Los convocantes han presentado un escrito al Fiscal general del Estado para que controle si los discursos pronunciados durante el evento podrían ser "constitutivos de presunto delito" por contener críticas contra leyes aprobadas por el Congreso, en referencia, por ejemplo, a las que regulan el aborto o el matrimonio homosexual.
