La Coordinadora Recuperando exige al Ejecutivo una «solución global» para los 100.000 bienes puestos a nombre de la Iglesia desde 1946
En septiembre, el Gobierno y la Conferencia Episcopal comenzarán, por fin, a abordar el nuevo modelo de fiscalidad de la Iglesia española. Con el dictamen del Tribunal de Cuentas en las manos, que recomienda al Estado un mayor control de las finanzas del clero, el departamento dirigido por Carmen Calvo también quiere que en la negociación entre la polémica cuestión de las inmatriculaciones.
Aunque todavía no se ha hecho público el listado oficial encargado, en tiempos de Rajoy, al Colegio Oficial de Registradores, la cifra de bienes puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 en virtud de la llamada ‘ley Aznar’ alcanzaría los 35.000 inmuebles, entre iglesias, casas rectorales, garajes, frontones, prados y plazas.
Algunas, tan relevantes como la Mezquita de Córdoba, la catedral de Burgos o la Giralda de Sevilla. De lo poco que se sabe (el Gobierno aún no se ha decidido a hacer público el listado final, pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así se lo indicó hace año y medio) es que algo más de la mitad de los bienes, unos 18.500, corresponden a templos y dependencias parroquiales, mientras que otros 15.000 son fincas variadas, donde entra cualquier inmueble no dedicado al culto.
En este sentido, la coordinadora estatal Recuperando, que engloba a una veintena de colectivos patrimonialistas en defensa de la recuperación popular de los bienes enajenados por la Iglesia con la única firma del obispo (que, según la ley, actuaba como si de un notario se tratase) ha mostrado su temor ante la posibilidad de que el Gobierno esté utilizando la cuestión de las inmatriculaciones para negociar un nuevo modelo fiscal para la Iglesia. Esto es: no pleitear por los bienes inmatriculados a cambio de que la Iglesia acepte modificaciones en sus exenciones fiscales, especialmente en lo tocante al pago del IBI, del que los obispos están exentos.
«Una salida en falso»
«Tememos que el Gobierno central esté negociando en secreto con la Iglesia una salida en falso al escándalo inmobiliario de las inmatriculaciones», denuncian desde Recuperando, que exigen «una solución global de carácter legislativo» al «escándalo de los más de 100.000 bienes inmatriculados desde 1946, al amparo de un subterfugio jurídico que permitía a la Iglesia inscribir a su nombre inmuebles sin aportar títulos escritos de propiedad».
Desde las plataformas por la recuperación de los bienes inmatriculados temen que los obispos se enreden en miles de demandas, que podrían bloquear el sistema jurídico español, y para las que no están preparados ni los particulares ni los ayuntamientos. «No aceptaremos que el ejecutivo de Pedro Sánchez deje en manos de administraciones locales y particulares las eventuales reclamaciones judiciales una vez que se haga público el listado de los bienes apropiados por los obispos», recalcan desde Recuperando.«Todas las inscripciones son nulas de pleno derecho», añaden, advirtiendo que «resolver el asunto de forma individualizada en los tribunales (como pretende la Iglesia) sería inviable por su alto coste y el monumental embrollo administrativo que supondría». Esa opción, argumenta el colectivo, «representaría de facto la amnistía registral de casi todos los inmuebles inmatriculados».
«Una solución global»
«Miles de monumentos, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro mudéjar de Aragón, o el prerrománico asturiano han sido privatizados por la Iglesia católica aprovechando un vacío legal y un subterfugio jurídico», lamentan desde Recuperando, que instan a Moncloa a «defender el valioso legado histórico apropiado por la Iglesia, que además es rehabilitado y sostenido con cuantiosos fondos públicos».
Los recientes ejemplos de Catalunya y Valencia, que han empezado a mover ficha para reclamar los bienes inmatriculados por la Iglesia en sus territorios, son un camino que las asociaciones patrimonialistas ven con buenos ojos. Así, Recuperando está trabajando en una propuesta concreta para dar una «solución global al dislate de las inmatriculaciones», que presentará públicamente en los próximos días.
