Fue el hombre de la Iglesia en el aparato represivo de La Pampa. Aliviaba la conciencia de los torturadores e intervenía en interrogatorios. Un caso que desnuda el verdadero cariz de las tareas pastorales en los cuarteles.
El sacerdote Alberto Espinal no está en su mejor momento. A los 82 años, confinado en una silla de ruedas, habita –por ahora– un austero departamento del Instituto San Francisco de Sales, en la calle Don Bosco 4002, de Almagro. El 13 de noviembre deberá prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Lo cierto es que su ominoso currículum constituye un caso testigo en la materia. Un caso por cuyas hendijas corre la verdadera naturaleza de la complicidad eclesiástica con el ejercicio del terrorismo de Estado.
Tal vez el padre Alberto aún atesore una añeja foto en la que se lo ve con el obispo de La Pampa, Adolfo Arana –otro reputado cómplice de los militares–, junto a Baraldini y Camps. Ese retrato fue tomado durante un acto al cual él asistió en su carácter de capellán. Esa misma imagen tendría consecuencias nefastas para su persona, al ser reconocido en ella por la sobreviviente Ana María Martínez Roca, quien declaró en el juicio oral conocido como Causa Sub Zona 14, celebrado en La Pampa a principios de 2010.
No es muy probable que Dios los ilumine.
Archivos de imagen relacionados