Un senador de Compromís, Carles Mulet, pregunta al Ejecutivo por qué no cumple su promesa, algo que va en el programa tanto del PSOE como de Unidas Podemos
Más allá del problema catalán, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tiene otras exigencias por parte de sus aliados. La formación valenciana Compromís, que forma parte de la coalición Más País que lidera Íñigo Errejón y cuyo origen está, además, en Izquierda Unida, ha pedido formalmente al Gobierno una respuesta de porqué no ha publicado todavía el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica que ya tiene en su poder desde hace, al menos, un año.
El senador Carles Mullet, elegido por el Parlamento valenciano y que forma parte de una coalición en la que se integra Adelante Andalucía (formada a su vez por IU y Podemos), ha vuelto a preguntar por segunda vez en el Senado al Gobierno por el listado de bienes inmatriculados. “Un año después el Gobierno estatal sigue sin hacer público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica”, ha lamentado este senador.
En noviembre del año pasado, el Ministerio de Justicia presentó un recurso ante la decisión del Consejo de Transparencia que dictaminó en septiembre que el Gobierno debía hacer público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. El Consejo de Transparencia reclamó que se divulgara la lista de inmatriculaciones hechas por la Iglesia desde 1998 y que se calcula que rondan los 30.000 bienes, entre ellos la Mezquita-Catedral de Córdoba.
“El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, así como decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones”, ha afirmado este senador valenciano, que exige ahora al Gobierno que lo publique lo antes posible, una vez constituido el Ejecutivo el pasado mes de enero.
En febrero de 2017, Recuperando formuló ante el Congreso de los Diputados una petición por escrito y en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones. “En octubre de 2017, el entonces presidente Mariano Rajoy ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia y un año después, el 2 de agosto, tras la moción de censura, Pedro Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión parlamentaria”, ha detallado el senador.
“Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL, impulsada por el PSOE, y según ha trasladado esta coordinadora ¿el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública?”, se pregunta.
“La devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y de Unidas Podemos”, ha recordado. “¿Por qué no hace público este listado?”, insiste, en una pregunta a la que el Gobierno está obligado a contestar.
La difusión del listado de bienes inmatriculados supondría que aquellos que hubieran sido inscritos irregularmente pudieran ser reclamados por sus propietarios, especialmente los ayuntamientos cuando se tratara de bienes públicos. Es más, hace poco más de un año, el propio Gobierno anunció que reclamaría la titularidad de los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia. Y antes, había dicho que haría público el registro de bienes inmatriculados.
El Gobierno respondió así entonces a preguntas parlamentarias del exdiputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado. “La Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”, señalaba el Ejecutivo en su respuesta al diputado socialista, en la que anunciaba que iba a reclamar aquellos bienes inmatriculados que considere públicos. El propio Ministerio de Justicia aseguraba que “este principio se desarrolla legalmente a través de los 5,6 y concordantes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas” y que “queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”.
Ante ello, el Gobierno sostenía que “si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica”. Así, “correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva”.
La Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, a la que se hace referencia, establece en uno de sus puntos que “son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales”.
