La Iglesia puso en marcha a la llegada de Francisco una serie de reformas que debían devolverle el pulso ante el vendaval de cambios que recorría el mundo. El Papa pensó en la economía, en la modernización de la curia, en la transparencia o en la apertura del colegio cardenalicio a la periferia. Seis años después, sin embargo, el éxito de este pontificado pasará por su capacidad para terminar con la plaga de los abusos a menores y responder a la justicia que piden las víctimas. No queda margen. Irlanda, Australia, Boston, Pensilvania, Chile o Alemania iniciaron ya un proceso de purga, prevención que otros países, como Italia y España, siguen sin explorar. En parte, por la falta de una respuesta global, como pidió Francisco el pasado agosto en su Carta al pueblo de Dios. Pero, sobre todo, creen los expertos, por la falta de una equiparación de los castigos canónicos con los de la justicia civil.
Las líneas de actuación y la relación con los obispos se dirigen desde Roma. Pero los abusos suelen juzgarse en las diócesis locales del país donde se han cometido. El obispo decide según su criterio. Diseña una investigación, recoge documentación y cuando termina, envía todo el material a Roma sugiriendo el tipo de proceso. Ahí la Congregación para la Doctrina de la Fe decide si se actúa judicialmente o de forma administrativa. Si el delito está muy claro, no llega a constituirse el tribunal y el Vaticano solo supervisa la proporcionalidad de la pena. Únicamente regresan a la Santa Sede las apelaciones en segunda instancia, casos de extrema gravedad o delitos cometidos por trabajadores del Vaticano. En ese caso, se juzgan en un tribunal vaticano y la pena se cumple en la única celda de la que dispone.
El escándalo chileno
El viaje del Papa a Chile lo cambió todo. Francisco se equivocó gravemente al minusvalorar las denuncias de las víctimas. La tormenta de críticas obligó a una reflexión que le permitió entender que una parte de la jerarquía eclesial seguía encubriendo estos casos. Pidió perdón, encargó una investigación al mayor experto del Vaticano y forzó la dimisión de todos los obispos. Desde entonces han caído torres muy altas, como el cardenal estadounidense Theodore McCarrick (el primero al que se retiró la birreta cardenalicia en 90 años) y su colega, el cardenal Donald Wuerl, acusado de encubrimiento. Pero los castigos espirituales no contentan a las víctimas y el problema más evidente, señalan todos los expertos, sigue siendo la falta de homogeneidad entre la justicia civil y la religiosa. Davide Cito, sacerdote canonista experto en procesos eclesiales, ilustra así una situación extraña. “Pongamos que un cura le robase el coche ¿Le denunciaría ante el obispado o en una comisaría?”, señala.
Sucede por diferentes motivos. En primer lugar, porque la mayoría de países no tienen un acuerdo que obligue a denunciar dichos casos. “La Iglesia responde ante la ley del Estado y se ampara en el Código Penal. Uno no está obligado a denunciar todos los delitos que conoce. Pero eso no puede ser un motivo para ocultarlo, claro. Hay que acostumbrar a la gente a denunciar las cosas a la autoridad civil, no a la Iglesia”, señala Cito. La Santa Sede no traslada esa obligación al derecho canónico.
Hay una cita clave para esta cuestión: la cumbre de febrero convocada por el Papa para tratar el tema de los abusos con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Se esperan medidas concretas que afecten también a la ordenación jurídica, a las sanciones. Debe ser un punto de inflexión histórico, según esperan en el Vaticano. El mayor experto del que dispone, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, que investigó a Marcial Maciel en México y el escándalo de Chile, deslizó el pasado lunes que debería responderse a la sed de justicia de las víctimas ante lo que son unas recomendaciones insuficientes. Las indicaciones del Vaticano en 2010 son ambiguas. No hay sanciones para quien no lleva los casos a los tribunales cuando el país no lo exige.
Rete L’Abuso, la principal asociación italiana de supervivientes (como se llaman a sí mismas las víctimas), es la única con una base de datos actualizada de casos. De hecho, ha monitorizado 300 denuncias a sacerdotes en Italia desde 2003, aunque los casos totales superan ese número. Mario Caliguri, abogado de la asociación, considera que el gran problema es la falta de un acuerdo que permita equiparar el proceso canónico al civil. “Italia debe hacer un gesto, tomar la iniciativa para pedir una nueva relación entre dos estados. La clave del problema es que el obispo no tiene obligación de remitir el delito a Fiscalía. Pero si se abre una causa sobre un prelado, es la fiscalía quien informa a la Iglesia. El problema es que no se interviene conjuntamente, y eso propicia el ocultamiento”, señala.
“El celibato no lleva al abuso”
Una de las cuestiones recurrentes cuando se habla de la gestión del escándalo de los abusos sexuales a menores en la Iglesia es la posible relación del celibato con este tipo de delitos. El Vaticano no se ha planteado ni por un segundo alguna modificación en esta materia.
Hans Zollner, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, explica así el motivo: “Todos los informes de Australia, Alemania o EE UU dicen, y no lo digo yo, que el celibato no lleva al abuso. Lo dicen los gobiernos y los expertos. El celibato no integrado, no educado bien sí es un factor de riesgo, claro. Pero no el celibato en sí mismo. La mayoría de abusadores de una sociedad no son célibes. Son personas casadas o con parejas. Y el 95% de los sacerdotes no abusa de menores. El problema se origina en la falta de formación”.
