Protestas de padres y profesores marcan el inicio de curso Les acusan de comercializar ellos mismos los manuales que deben usar sus escolares
El Tribunal Supremo condenó en 2007 a los Maristas de Ourense por vender libros de texto en su colegio. Aquella resolución judicial puso coto a una práctica común durante muchos años en los centros concertados que, según la Federación de Libreiros de Galicia, vuelve ahora con fuerza. La entidad que agrupa a estos profesionales ha denunciado ante la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta a una veintena de colegios gestionados por congregaciones religiosas por “intrusismo” porque, sostienen, comercializan ellos mismos y “sin pudor” los manuales que deben usar sus escolares en las aulas. “Es un escándalo que una congregación religiosa haga competencia desleal y manipule a los padres dándoles un papelito con las notas para que vayan a comprar los libros al centro escolar”, protesta la presidenta de la federación gallega de libreros, Pilar Rodríguez, que acusa al Gobierno autónomo de “mirar para otro lado”.
La crítica de Rodríguez a la Xunta se produce porque la denuncia de este año no es la primera. En junio de 2012 los comerciantes alertaron a la Dirección Xeral de Comercio, dependiente de la Consellería de Industria, de que ciertos colegios concertados habían retomado esta práctica. Las inspecciones realizadas por la Administración dieron pie a la apertura de un expediente del que no se ha vuelto a saber nada. Los libreros aseguran que algunos colegios han diseñado tretas para poder hacer caja vendiendo libros de texto, como convocar a los padres un solo día o distribuir los manuales por Internet, porque “es una pasta que les cae del cielo” libre de impuestos. “Nosotros admitimos que las asociaciones de padres monten bancos de libros para ayudar a personas que a veces no tienen para comer, pero esto no”, subraya Rodríguez.
Los libreros no son los únicos que acusan a la Xunta de Feijóo de obsequiar y proteger a los colegios concertados, la mayoría de ellos en manos de organizaciones católicas. Sindicatos, asociaciones de padres de alumnos y partidos de la oposición coinciden en denunciar los recortes presupuestarios con los que hoy arranca el curso escolar en Educación Infantil y Primaria —entre ellos la supresión del comedor gratuito para 20.000 familias— y el contraste entre el coste que la austeridad del PP tiene para la enseñanza pública y para la privada subvencionada. CIG Ensino revela que los 200.790 alumnos que vuelven hoy a clase (336 más que en 2012) lo hacen en un sistema donde se han cerrado 15 colegios y 64 aulas de Educación Infantil y Primaria en centros públicos mientras se financian 40 unidades más en escuelas gestionadas por entidades privadas. AGE denuncia que los colegios públicos tendrán 403 maestros menos frente a la supresión de 63 puestos de los concertados. La Plataforma en Defensa do Ensino Público, integrada por sindicatos de profesores y estudiantes y asociaciones de padres, ya ha convocado una manifestación para el día 28 en Santiago. La Consellería de Educación replica que las clases comienzan con “total normalidad” y que los sindicatos “falsean datos” y difunden un “discurso catastrofista”.
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