En Costa Rica se presentó un proyecto de ley para modificar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política, que llevaría a finalizar el Estado confesional católico romano y el juramento en nombre de Dios.
El documento fue presentado públicamente, el 3 de de septiembre, por catorce diputados, la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional y el Movimiento por un Estado Laico.
En sus fundamentos se explicita que si bien la Constitución .garantiza la libertad de culto esta no es una realidad ya que en la practica se discrimina a favor de la Iglesia Católica Romana (ICR). Entre esas prerrogativas se encontrarían beneficios económicos y que la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) tiene la prioridad para decidir quienes pueden dictar las clases de religión en las escuelas y quienes obtienen el título de maestro o maestra para esa materia.
En el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, creado en el 2008, participan la Iglesia Luterana de Costa Rica, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares y personas por cuenta propia.
La propuesta es dejar de lado la confesionalidad religiosa del Estado, por lo cual este pasaría a ser laico, y .no utilizar el término "Dios" al jurar el cumplimiento de la Constitución.
La Constitución actual –llamada Constitución Política- establece en el artículo 75 que “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”, y en el artículo 194 “El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, es el de jurar por Dios para cumplir con la observancia y defensa de la Constitución y las leyes y que si no lo hacen así que “Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden".
El obispo católico romano, Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de San José y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, manifestó la oposición a ese proyecto de reforma constitucional.
Sobre la supresión del nombre de Dios en los juramentos advirtió que “Si el afán es el de suprimir a Dios en la vida política y pública, veo una amenaza, toda vez que la Historia nos enseña que todo régimen político que pretende excluir a Dios como referencia moral, deviene en un sistema inhumano y autoritario, como lo pretendió el régimen nazi y el sistema comunista que vivieron los países de Europa Oriental”.
En relación a la ayuda económica de parte del Estado, Hugo Barrantes Ureña, declaró que “Desde hace varios años se eliminó toda asignación fija del presupuesto a las diócesis o a la Conferencia Episcopal, y cuando se ha presentado alguna partida en el presupuesto nacional es para una obra comunal específica, de este beneficio también se han visto favorecidos otros grupos religiosos”.
El Presidente de la Conferencia Episcopal de la ICR resaltó “Que el aporte de la Iglesia a la conformación de la idiosincrasia costarricense es innegable, y no es un valor meramente estadístico, pues la contribución de la fe católica, que ha sido reconocida en todas las constituciones que ha tenido el país, es evidente desde el periodo colonial y el nacimiento del Estado costarricense hasta la actualidad”.
Entre las iglesias evangélicas están las que se acercan a la posición católica romana en cuanto a la mención de Dios en la Constitución y de mantener la actual fórmula de juramento en el nombre de Dios. En general esta expresión de iglesias evangélicas acuerda con la ICR en cuanto a la enseñanza de religión en las escuelas y rechazar el Estado Laico.
Ente las que apoyan el proyecto de Ley de Reforma de la Constitución, se encuentra la Iglesia Luterana de Costa Rica quien dio a conocer públicamente su posición explicitando las causas por las cuales no debe mencionarse a Dios en la Constitución y las razones por las que apoyan el Estado Laico.
