El Gobierno llevará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley de Libertad Religiosa que no supondrá un cambio con la situación actual, porque no establecerá la premisa básica de la laicidad del Estado: dejar que las iglesias se financien por sí mismas. No ocurre ni ocurrirá; España, de facto, seguirá siendo un Estado confesional, ya que la Iglesia católica dispone de una generosísima financiación pública que la pone a cubierto de cualquier contingencia. El presidente Zapatero, en su visita al Vaticano, se lo ha garantizado a Benedicto XVI: el dinero no se toca. El Concordato mantendrá su vigencia. Así que la Ley de Libertad Religiosa únicamente modificara lo superficial, pero, ya lo verán, será suficiente para que se organice un amplio y crispado debate nacional en torno a asuntos que deberían estar arrumbados desde mucho tiempo atrás.
Funerales de Estado civiles, eliminación de símbolos religiosos en espacios públicos y algunas otras cuestiones son las que alumbrará el proyecto de Ley, que tendrá la radical oposición de la derecha del PP, siempre atenta a cumplir con los deseos de la Conferencia Episcopal. Habrá polémica, y hasta puede que a más de uno se le ocurra decir aquello de que “España ha dejado de ser católica”. Los prolegómenos prometen: basta echar un distraído vistazo a los numerosísimos canales de televisión de la derecha y la extrema derecha y a sus periódicos, no menos abundantes, para enterarse de que no están dispuestos a dejar pasar sin dar guerra el liliputiense proyecto gubernamental, que, insisto, para nada modifica lo fundamental de las engrasadas relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.
Uno de los aspecto de la futura ley que sí parece concitará unanimidad es el de la prohibición de vestir el burka y otras vestimentas islámicas que ocultan el rostro de la mujer en espacios públicos. Aquí se ha impuesto el sentido común y se procederá a decir basta a quienes obligan a que seres humanos no sean visibles a los demás, con o sin su consentimiento; cuando es con se debe a que previamente se ha producido un eficaz lavado de cerebro, técnica que en otras confesiones religiosas también ofrece consumados expertos.
Hay que preguntarse qué impide que de una vez se denuncie el Concordato, abiertamente inconstitucional, y de verdad se establezca la independencia y neutralidad de España ante las religiones, porque mientras con el Vaticano exista el Concordato y a la Iglesia católica se la financie con recursos públicos, aquí hay Estado confesional, se disfrace como se disfrace y se adapte o deje de adaptar a los tiempos que corren. ¿Recuerdan lo de Lampedusa en el Gatopardo: “todo ha de cambiar para que todo siga igual”? Es en lo que estamos.
