La creciente avanzada en la modificación de las leyes estatales que penalizan el aborto en las primeras semanas de gestación, así como la polémica desatada contra los cambios en la ley capitalina, que permite el matrimonio de individuos del mismo sexo, además de su posibilidad de adoptar, empujadas por el clero católico no sólo vulnera el Estado laico sino también los principios democráticos del país, coinciden científicos e investigadores, quienes critican esta intromisión que no aporta racionalidad a la discusión de un asunto meramente legal.
En entrevistas por separado, investigadores y académicos defienden, y definen, los procedimientos a través de los cuales llegan a una postura que no sólo reconoce la pluralidad intrínseca de toda sociedad, sino que brinda certidumbre en el único lenguaje universal para tomar decisiones: la ciencia.
Las normas de comportamiento generales a legislar, contratos sociales y códigos deben estar basados en la ciencia —señala Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC)—, porque es el único discurso universal: la Tierra es redonda para los franceses, mexicanos y chinos, e igual gira alrededor del Sol para musulmanes, católicos, judíos y ateos.
Sin embargo este concepto ha sido rebasado por las legislaturas de 18 estados de la República, donde no sólo se ha penado el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sino que además prohíbe la posibilidad de realizar investigación con células madre de origen embrionario, que han demostrado ser capaces de tratar diversas enfermedades, todo sin ninguna base más que el dogma religioso.
Al respecto de esto, la Academia buscará que los científicos afectados se amparen. Hay estados donde los científicos han frenado sus investigaciones en células madre embrionarias porque saben que se pueden meter en un problema, apunta la presidenta de la institución. “Esto es muy grave porque este tipo de investigaciones han permitido el desarrollo de importantes avances en la salud humana, ha habido grandes logros para tratar la leucemia, pero también se desarrollan tratamientos para Parkinson y Alzheimer, entre otros”.
“Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”, establecen las constituciones de Baja California, Jalisco y Nayarit.
“La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción” (Colima y Morelos)”.
Palabras más palabras menos, las legislaturas en otros estados son similares, todas bajo el precepto de definir como “persona”, “individuo” o “humano” con derecho a ser protegido por la ley a un óvulo fecundado.
“Para la Iglesia católica somos creados por dios en el momento de la concepción, momento en que se supone nos dota de alma. Con base en esto prohíbe el aborto y utilizar células troncales embrionarias, para ellos un cigoto tiene alma”, acota Ruiz Gutiérrez.
PERSONA ES… No obstante pueden existir diversas definiciones teológicas, filosóficas, legales sobre qué o cuándo una persona es tal. Para el método científico no hay mucha discusión y subjetividad para definirla.
“Una definición científica de ser humano y por tanto, de la persona, es un miembro vivo de la especie Homo sapiens, en uso normal de sus funciones cerebrales superiores; cuando estas últimas no existen, el resto de sus características físicas y funcionales de especie sirven para identificarlo (…)”, refiere Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la UNAM y ex presidente del Colegio de Bioética, en El desafío de la bioética (FCE 2009).
A su vez, en esta publicación, Ricardo Tapia, investigador emérito y profesor del Instituto de Fisiología Celular de UNAM, explica que no se puede hablar de “persona” sino hasta el tercer trimestre de embarazo, cuando el feto alcanza la etapa de autonomía fisiológica. Define que el ser humano, persona, es el resultado ontogénico, proceso de desarrollo de un organismo, cuando alcanza esta etapa y el sistema nervioso ha adquirido la estructura y funcionalidad necesarias para percibir estímulos sensoriales, experimentar dolor y adquirir conciencia y autonomía.
“Mientras esto no ocurre, la vida de un embrión no difiere sustancialmente de la de cualquier célula, órgano o tejido de un organismo multicelular vivo”.
Es el momento de reconocer esa verdad científica, dice Rosaura Ruiz, y plantearnos cuáles son los principios éticos con base en el conocimiento. En este sentido, agrega, no se puede decir de ninguna manera que el único modelo familiar que debe ser aceptado es el de parejas heterosexuales. No hay nada de ciencia en ello.
LEY EN CONTRA DE LA DE DIOS. El homosexualismo es un repertorio de la conducta sexual humana —señala Alonso Fernández-Guasti, especialista en conducta sexual del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN—, no es ni buena ni mala, sino neutra, es como tener ojos verdes o cafés, es una característica más del individuo.
Entonces, de acuerdo a la legislatura del Distrito Federal, al igual que cualquier otro individuo tiene obligaciones y derechos, el matrimonio y la adopción de menores los más recientes.
No obstante, el clero católico, de la mano de las agrupaciones políticas conservadoras del país, se han levantado con ferocidad contra estos cambios al Código Civil capitalino.
Incluso, la Procuraduría General de la República, a petición del Ejecutivo federal, impugnó la ley ante la Corte, argumentando que “contravienen el principio de legalidad, pues la reforma se aparta de la protección a la familia”.
Sin embargo, la decisión de brindar a las parejas homosexuales el derecho de adoptar infantes fue aquella que levantó mayor polémica. El Ministerio Público Federal consideró que la reforma “se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos”.
Los científicos no niega que el trasfondo de estas posiciones sean causa de la presión ejercida desde la Iglesia católica, que si bien condenó la acción, la desestimó además ante la “ley de dios”.
“Es un grave error que el clero católico haya intervenido en esta medida tan grande, que no tiene que ver con él, y con ninguna otra iglesia, sino con el Estado”, critica Fernández-Guasti, quien indica que no existen argumentos claros para establecer que la composición de la familia determina la sexualidad de los niños.
“Se ha comprobado que la homosexualidad tiene bases biológicas en hombres y mujeres; asumir que la orientación sexual se debe a la educación o a la trayectoria parental sería darle demasiada responsabilidad a los padres.
“Por otra parte, de los estudios existentes no hay indicios de que las parejas homosexuales influyan en el desarrollo psicosexual de los niños, quienes tienen los mismos problemas que los de padres heterosexuales”, menciona.
Para el científico, la reacción de los sectores más conservadores en este tema es similar a la ocurrida cuando se introdujo el divorcio al Código Civil, “donde se argumentó que los hijos serían discriminados en las escuelas, tendrían problemas en su desarrollo, incidencia en alcoholismo y depresión… A lo largo de los años se demostró que no es así”.
No obstante, apunta, que lo más probable es que los infantes serán discriminados por sus compañeros o por los padres de éstos, “pero en los próximos años será tan natural como los niños con padres divorciados en la actualidad”.
“Algunos grupos buscan imponer sus creencias a los demás, lo cual no es aceptable en una democracia, en la que se debe gobernar para todos, respetando las distintas formas de pensamiento y sin ninguna imposición de carácter dogmático o religiosos”, puntualiza por su parte Ingrid Brena Sesma, especialista en Bioética y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La jurista establece que en este debate se deben escuchar las distintas posiciones y pensamientos, no es válido una bioética con una sola perspectiva: a partir de este punto, se debe de nutrir el derecho y, como en cualquier ramo, establecer las normas que regulen la conducta de la sociedad.
“Los debates están abiertos, lo importante es que sus actores no argumenten conforme a sus emociones o creencias, se necesita de gente informada y con conocimiento científico o filosófico para hacerlo racional. Un debate de altura necesita acuerdos más allá de los dogmas y las agendas políticas”, enfatiza.
Y si bien para algunos científicos hay sectores de la población cuya poca, o nula, educación científica es corresponsable de que el clero y los dogmas interpongan este tipo de presión sobre las leyes y los derechos de estos sectores, para Brena Sesma el tema se puede resumir sobre una vía más directa: es un problema de democracia.
“Además de una perspectiva científica, es necesaria una ética
laica en un ámbito democrático, dónde se escuchen las voces de los
expertos para crear una legislación para todos”.
En tanto, la presidenta de la AMC recuerda que con base en los descubrimientos de la ciencia en los últimos 150 años, al menos, tenemos que organizar nuevas formas de convivencia que respeten diferentes posiciones, pero bajo leyes estructuradas con base en el conocimiento.
“La laicidad es fundamental en un país porque es una manera de garantizar la democracia, y que todas las ideologías y religiones puedan ejercerse”, añade.
