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Las víctimas de abusos piden justicia ante unos obispos que no dicen si colaborarán con la investigación

Mientras a las puertas de la Conferencia Episcopal un grupo de cristianos de base pedía a la Iglesia transparencia y justicia frente a la pederastia, su presidente, Juan José Omella, no hacía referencia alguna a si abrirán los archivos al Defensor del Pueblo

“Las víctimas son nuestra prioridad absoluta”. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, dedicó a los abusos del clero buena parte de su discurso en la inauguración de la Asamblea Plenaria de primavera del episcopado español. Un discurso largo y denso en el que, sin embargo, el purpurado no hizo una sola referencia a la apertura de los archivos y la participación de los obispos en la investigación encargada al Defensor del Pueblo, un asunto crucial en la reunión a la que los obispos llegan profundamente divididos.

Antes de arrancar la Plenaria, un grupo de cristianos entregaba en el registro de de la CEE una carta abierta exigiendo transparencia y rendición de cuentas ante este escándalo, pensando especialmente en las víctimas y no en salvar el cargo (y la reputación) de los responsables episcopales. Ajeno a ello, Omella tildó los abusos de “epidemia global silenciada” y repasó los manidos informes que apuntan a que los casos de abusos a menores en España relacionados con la Iglesia apenas corresponden al 0,8% de la realidad total.

Representantes de las asociaciones Alandar, Redes Cristianas, Red Miriam, Revuelta de Mujeres en la Iglesia y Movimiento por el Celibato Opcional han registrado este lunes en la sede de la Conferencia Episcopal Española una carta en la que “exigen verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia”.

Reclamamos que dejen atrás la etapa de secretismo, encubrimiento y denegación del problema. Todo eso causa dolor a las víctimas. Hay que pasar de las tinieblas a la luzJuan Ignacio Cortés — portavoz de Alandar

“Pedimos desde aquí a la Conferencia Episcopal que se dejen de ambigüedades, que clarifique su posición y que atienda a las víctimas”, ha apuntado Raquel Mallsvibarrena, portavoz de Redes Cristianas. Estos colectivos consideran que en los últimos meses “se han dado pasos que pueden estar en la buena dirección”, aunque defienden que todavía queda mucho por hacer.

La investigación y el papel de la Iglesia

“La Iglesia manifiesta su profundo dolor y vuelve a pedir perdón por los delitos cometidos por hermanos nuestros”, arrancó en su comparecencia el cardenal, que anunció oficialmente a los obispos –que no han podido debatir aún sobre el asunto– el encargo de una auditoría al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. “Esperamos que esta auditoría y sus conclusiones puedan servir como instrumento de colaboración con las autoridades civiles para esclarecer la verdadera dimensión de los hechos y establecer una prevención más eficaz en todos los campos”, dijo Omella, que en todo momento evitó apuntar si los obispos participarán o no en la comisión del Defensor el Pueblo, y tampoco si abrirán sus archivos a la auditoría de Cremades.

Precisamente, esta era la petición principal de quienes se encontraban a las puertas de la Conferencia Episcopal: que los obispos colaboren con la comisión de investigación impulsada desde el Congreso y liderada por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo. “Reclamamos apertura y que dejen atrás la etapa de secretismo, encubrimiento y denegación del problema. Todo eso causa dolor a las víctimas. Por eso decimos que hay que pasar de las tinieblas a la luz. Ahora están en una zona de penumbra”, señalaba Juan Ignacio Cortés, portavoz de Alandar.

Estos colectivos se muestran preocupados por “la manera en la que se está” gestionando la auditoría que realiza el despacho de abogados de Javier Cremades, al contar con “la protesta explícita de las asociaciones de víctimas”. Por lo tanto, piden a los obispos que “aclaren si realmente están por la reparación” y la creación de una “comisión de la verdad en apoyo a las víctimas”.

Para Omella, en cambio, la auditoría “añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante”. En esa línea, reclamó que la cuestión de los abusos “es una auténtica lacra social que requiere un análisis completo y un buen diagnóstico, libre de demagogias y sectarismos ideológicos” que, según su criterio, coloca a la Iglesia como único lugar donde se producen estos abusos.

La bronca entre los políticos hace mucho daño, y existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluyacardenal Omella — presidente de la Conferencia Episcopal

“La Iglesia tiene la oportunidad de trabajar para que dichos abusos no se repitan y para destapar esta nueva forma de esclavitud mundial que no se quiere abordar (…). Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad, de la que estamos tomando conciencia y en la que lamentablemente algunos miembros de la Iglesia también han participado”.

La guerra y la pobreza

Omella también hizo referencia en su discurso a la guerra de Ucrania y la pobreza y exclusión en nuestro país, aunque otro de los ejes de su intervención giró en torno al “hartazgo social” ante la clase política. “Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño”, lamentó el purpurado, quien advirtió de que “existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluya”.

Entre las razones de dicha desconexión, Omella apuntó a fenómenos como el de la “cultura de la cancelación” que “establece un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas”. Frente a ello, aclaró, “la Iglesia promueve el respeto a la diferencia, y defiende el principio de subsidiariedad del Estado en su acción, el cual ha de proteger la libertad de los ciudadanos permitiéndoles defender respuestas y soluciones diversas a las políticamente correctas”.

Omella denunció “la tentación de los poderes públicos respecto a la Iglesia” que “se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo, o tratar de apoderarse y servirse de ella”. Frente a ello, aseguró, “la Iglesia católica quiere ofrecer su experiencia en la edificación de un mundo mejor. Quiere colaborar humilde y activamente con todos los agentes sociales para edificar el mundo que viene. Algunos quieren excluirnos de dicho diálogo, pero ello sería no solo una injusticia, sino especialmente un grave error y una grave pérdida, ya que se estaría obviando una comunidad que representa el 17,7 % de la población mundial”.

Objeción de conciencia

El cardenal de Barcelona defendió la objeción de conciencia como “un derecho necesario” frente a “la dificultad creciente para encontrar certezas comunes sobre las que asentar la vida civil en temas cruciales como el inicio y final de la vida humana, la configuración del matrimonio y de la familia, el papel del Estado en la educación, o la dimensión pública de la libertad religiosa”. “Es un desafío a nuestras democracias”, recalcó.

Vemos intentos de limitar el derecho a la objeción de conciencia, de desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidadcardenal Omella — presidente de la Conferencia Episcopal

“Reducir la protección jurídica de la objeción de conciencia degradaría nuestra convivencia y nos acercaría a los usos propios de los Estados totalitarios”, denunció el presidente de la CEE, quien arremetió también contra el “laicismo occidental” que “tiende a considerar la religión como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador, y se busca por diversos medios impedir su influencia en la vida social”. Entre ellos, denunció el prelado, “vemos intentos de limitar el derecho a la objeción de conciencia, de desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo —a pesar de ser un símbolo portador de valores universales—, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidad”.

“La Iglesia católica no pide privilegios, pero tampoco quiere que se la discrimine. (…). La Iglesia no desea ni busca ningún tipo de privilegio ni de especial protección. Lo que reclama es sencillamente la libertad de proponer el anuncio de Cristo salvador, y de vivir a campo abierto las consecuencias éticas y culturales de dicho anuncio en diálogo con todos, así como contribuir, desde su propia identidad, al bien común de la sociedad”.

Frente a ello, “unas ideologías que se autodefinen como progresistas, pero que ya hemos vivido en otros momentos de nuestra historia antigua, como sucedió durante el ocaso del imperio romano o griego”, y que arremeten contra “la visión católica del ser humano, la moral sexual, la identidad y la misión de la mujer en la sociedad, y la defensa de la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

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