Un nuevo marco para consolidar viejas desigualdades
Lo primero que llama la atención del documento que se propone como Constitución Europea es la insistencia en adjudicar este proyecto a la voluntad de los ciudadanos. Parece como si todas y todos hubiéramos ocupado las calles para pedir encarecidamente a nuestros gobernantes una Constitución.
Nada más lejos de la realidad. Desde su nacimiento la Unión Europea ha sido un proyecto vinculado a los intereses de las élites del capital productivo y financiero. Nunca ha sido su objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas, por más que los redactores del documento se empeñen en asegurarlo. Máxime ahora que la carta magna promueve el grabar en mármol jurídico el marco económico neoliberal, que es especialmente lesivo para las mujeres. Además los cambios políticos que se puedan dar en un Estado de la Unión, aunque sea por voluntad popular, no podrán alterar dicho marco, una vez aprobada la Constitución (Artículo I-5).
Las políticas que la Constitución pretende legitimar representan para las mujeres la precarización de la vida, un recorte drástico de las libertades, la profundización en las desigualdades y una garantía de continuidad para una organización social patriarcal. Esto se manifiesta en varios aspectos que desarrollaremosa continuación.
LA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA
La Constitución Europea reconoce a las personas el ”derecho a trabajar” y “a buscar empleo” (Artículo II-15). Se identifica por lo tanto trabajo y empleo como si fueran la misma cosa.
En cuanto al empleo (trabajo asalariado) las cifras hablan por sí mismas. Las mujeres somos en la Unión el grupo que soporta más paro, más precariedad laboral y salarios más bajos. Puede decirse que en Europa la pobreza y la exclusión social tienen rostro de mujer. La Constitución sin embargo no se plantea como un objetivo prioritario transformar esta situación a pesar de que afecta al menos a la mitad de la población. Más bien se da una vuelta de tuerca, pues los recortes en servicios sociales dificultarán aún mas el acceso de las mujeres al empleo.
Por otro lado, esa identificación, permite ocultar todo el trabajo no monetarizado, no asalariado y no remunerado que realizamos fundamentalmente las mujeres y que está dirigido directamente al cuidado de la vida y de la existencia humana. Al mismo tiempo, se pretende invisibilizar que la realización de estas tareas es absolutamente imprescindible para que la sociedad funcione.
La Constitución reconoce la libertad, sin ningún tipo detraba, al funcionamiento del mercado (Artículos III-69 y 70). Se abre pues la puerta a las privatizaciones de los servicios públicos, a los que llama «servicios de interés económico general” (Artículo II-36). Esto supone que los sistemas de protección y servicios sociales como las pensiones, la educación y la sanidad, pasarán a funcionar bajo la lógica del mercado. Lo cual significa que sólo quién tenga dinero podrá acceder a estos servicios, el resto de las personas quedarán progresivamente desprotegidas, dejando en papel mojado los derechos de ciudadanía. El Estado se va desentendiendo así de los colectivos más débiles económicamente, entre ellos las mujeres, abandonándoles a su suerte en la jungla de la competitividad.
Sin embargo el vacío que provoca la desprotección social (la gente seguirá envejeciendo y enfermando) recae y recaerá cada vez de forma más insistente en las familias. Ya sabemos que dentro del ámbito familiar (y también fuera) son las mujeres las encargadas de cubrir estos cuidados que precisa cualquier persona durante toda su vida. Por otro lado, la pérdida de empleo público que implica desmontar los sistemas de protección social, repercutirá sobre todo en las mujeres, pues el empleo femenino se distribuye fundamentalmente en estos sectores.
En definitiva, el libre funcionamiento del mercado con el consiguiente recorte de prestaciones sociales afectará de lleno a las mujeres que ya soportan además, casi en exclusiva, todo el trabajo que suponen las labores domésticas.
El modelo productivo, energético, territorial y generador de residuos por el que apuesta la Constitución (Artículo II-37) nos afecta especialmente dada la vigencia de la división del trabajo en función del sexo. Por ejemplo, en cuanto al modelo territorial, podemos decir, que en las grandes conurbaciones, donde se concentra la mayor parte de la población, las mujeres nos vemos abocadas a realizar frecuentes desplazamientos y recorrer grandes distancias para atender a personas dependientes, pues socialmente se presupone que estas tareas nos corresponden. Todo ello revierte en una muy considerable disminución o pérdida total del tiempo que demandamos para nuestro disfrute y atención personal.
Por otro lado la falacia liberadora a través del consumo en muchas ocasiones ha provocado en nosotras, sobre todo en las más jóvenes, enfermedades graves y comportamientos desordenados respecto a la propia salud y cuidado. (Artículo II-38).
LA “EUROPA SOCIAL” SE TAMBALEA
En el Artículo II-21 Se prohíbe toda discriminación. por razón de sexo… Pero no se especifica a través de qué mecanismos se va a garantizar el cumplimiento de esta prohibición. Aunque aquí no se menciona, deducimos que esta afirmación se refiere, tal y como recientemente ha aprobado la Comisión Europea, a defender la igualdad en cuanto al acceso a bienes y servicios. Esta declaración constitucional tiene poca o ninguna credibilidad, cuando por otro lado no se hace ninguna alusión a cuestiones que claramente derivan de la jerarquización de los sexos como es la violencia machista, que tantas muertes y agresiones provoca a las mujeres (primera causa de muerte en el mundo en menores de 44 años según datos de Cruz Roja Española)
En un informe aprobado en septiembre de 2002 por el Consejo de Europa, se reflejan unos datos escalofriantes. El 52,8% de las mujeres portuguesas afirma haber sido alguna vez en su vida objeto de violencia por parte de sus parejas. En el Reino Unido muere una mujer cada tres días a mano de su compañero sentimental o marido. Una de dada cinco finlandesas casadas o que viven en pareja ha sufrido malos tratos. En el Estado español murieron 65 mujeres en el 2003. Por otro lado en los países del Este, a punto de incorporarse a la Unión, no existe todavía siquiera una tímida legislación específica al respecto, que permita vislumbrar algún interés por el tema por parte de sus gobiernos.
Parece que los malos tratos y la violencia machista no constituyen una preocupación para la Constitución. Sin embargo, sí se defiende vehementemente el derecho al matrimonio y aformar una familia… (Artículo II-9) y a brindarla protección (Artículo II-33). Es decir, se intenta ignorar una realidad social como es la existencia de otros modelos familiares (de los cuales participamos muchas mujeres) y que responden a la diversidad en cuanto a la afectividad y la orientación sexual de las personas.
Frente a esto, lo que la Constitución propone es el mantenimiento de la familia nuclear y heterosexual como un pilar fundamental de la organización social en Europa. No importa que a menudo este modelo pueda representar dar cobertura a los malos tratos, pues es en este marco familiar donde se producen fundamentalmente este tipo de agresiones.
En contraposición al “derecho al matrimonio” no aparece por ningún lado el “derecho al divorcio”. Tampoco se recoge la libertad de poder abortar. Resulta curioso que la Carta Magna no reconozca a las mujeres como sujetos con derecho a decidir sobre sus relaciones afectivas y capacidad reproductiva. Sobre todo después de que el propio Parlamento Europeo recomendase a los Estados miembros en el año 2000, contemplar en sus legislaciones este derecho debido a las gravísimas consecuencias que para las mujeres estaban teniendo las leyes restrictivas en algunos países, y la prohibición explicita en otros como es el caso de Irlanda, la recién incorporada Malta o Polonia donde la Constitución “protege el derecho a la vida del niño concebido”. Creemos que esta omisión por parte de la Constitución supone dar entrada por la puerta grande a quienes siempre han querido suprimir este derecho elemental de las mujeres.
Por otro lado también se genera un problema de primer orden para nosotras ya que según está redactado el texto Constitucional, este derecho se ve amenazado tanto en los países que ya tienen alguna normativa al respecto (podría ser cuestionada) como en los que no poseen ninguna (cualquier iniciativa legal podría ser paralizada). No olvidemos queuna vez aprobada la Constitución los Estados no tendrán poder de cambio sobre sus directrices.
Cada vez es más notorio que las actitudes violentas se generalizan en toda Europa. Las mujeres sufrimos esta situación de forma muy especial también fuera del ámbito doméstico, sobre todo aquellos colectivos más desprotegidos y más estigmatizados socialmente como las prostitutas, a las que de forma creciente se les intenta negar la dignidad que se concede al resto de las personas.
Por si fuera poco, la Constitución establece la legitimidad de intervenir militarmente en países extranjeros para prevenir conflictos o gestionarcrisis (Artículo III-210) al tiempo que refuerza la Europa policial. Es de sobra conocido como afecta a nuestra vida una sociedad crecientemente militarizada y represiva. La experiencia demuestra que durante y después de un conflicto armado (guerra en la antigua Yugoslavia, Israel, Palestina, etc.) el número de agresiones a las mujeres se dispara. Por ejemplo Rusia arroja una cifra de 13.000 muertes al año a causa de la violencia sexista. No hay que olvidar que este es un país con un alto nivel de militarización y represión, que presenta además uno de los mayores índices de población reclusa de Europa.
Por otro lado esto significa una apuesta por el empleo de la violencia en la resolución de conflictos frente a otras formas tolerantes y de consenso. También representa para las mujeres una exaltación de los valores machistas y el refuerzo de la jerarquización entre los sexos
En paralelo se llama a los Estados a incrementar los gastos militares. Esto supondrá mayores recortes para las prestaciones sociales, dentro de la lógica neoliberal del control del gasto público, con las consecuencias que ya hemos visto para las mujeres.
La libertad de la que gozarán los capitales y la circulación de mercancías no podrán disfrutarla sus poblaciones (el concepto ciudadanas[1] queda reducido al de electoras y consumidoras). Los derechos más elementales están en entredicho ya que la Unión sólo procurará adherirse al Convenio Europeo para la Protección de lo Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales cuando no afecte a las competencias que se definen en la Constitución(Artículo I-7). No hay que olvidar que debe eliminarse todo lo que entorpezca el buen funcionamiento del libre mercado (Artículo III-70). Mucho nos tememos que nuestras aspiraciones feministas supongan una piedra en el camino de la Unión.
Este recorte de las libertades afectará mucho más a las mujeres inmigrantes, que quedan relegadas a ciudadanas de segunda clase, sobre todo si no tienen “papeles”. La circunstancia de ser mujeres y además inmigrantes convierte a estas personas en un colectivo muy vulnerable e invisible socialmente. Sin embargo, son ellas las que realizan los trabajos de mayor explotación y sin apenas o ninguna regulación.
CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO
Las amenazas a los derechos y libertades conquistados por las mujeres, que se desprenden de los artículos comentados, resultan gravemente reforzadas, cuando nos topamos con las Iglesias.
Para nuestra gran sorpresa y estupor en el Artículo I.51 se establece sin recato que “En reconocimiento a su aportación específica, la UE mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas Iglesias”. Ya en el Preámbulo del borrador figura el reconocimiento de “la herencia religiosa europea”. Una herencia que en la historia del continente arroja un gran saldo de muertes y torturas en nombre de guerras religiosas, Cruzadas y Santas Inquisiciones. Además no podemos dejar de reconocer en este artículo cierto tufillo pestilente que nos evoca la Dictadura de Franco y el apoyo y connivencia que obtuvo por parte de la Iglesia. Según se especifica en el artículo I-52, La Unión no podrá inmiscuirse en un acuerdo que un gobierno pactara con la Santa Sede aunque éste afectara, por ejemplo, a los derechos humanos.
El principio de laicidad queda por lo tanto excluido del marco jurídico europeo. Por el contrario se pretende institucionalizar la ingerencia de las Iglesias en las cuestiones públicas, poniéndolas cuando menos al mismo nivel que a las organizaciones representativas de la sociedad civil tal y como se recoge en el Artículo I-46.
Para las mujeres esto significa un clarísimo atentado contra el derecho a decidir sobre nuestra vida, la igualdad entre sexos, el divorcio, el aborto, los anticonceptivos (incluido el preservativo en la lucha contra el SIDA), los derechos de homosexuales y lesbianas, y en definitiva un retroceso grotesco de las libertades conquistadas por el movimiento feminista y otros movimientos sociales. Pues no hay que olvidar que la jerarquía eclesiástica católica, fuertemente fundamentalista, justifica sin ambigüedades el sometimiento de las mujeres a los hombres como algo natural. Aceptar que estas instituciones religiosas queden legitimadas para interferir en la vida pública, es una afrenta a los más elementales principios de igualdad y laicidad.
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.En definitiva, la Constitución Europea es la norma jurídica que necesita el proyecto europeo para afianzar su posición actual. Pretende legitimarse “en nombre de los ciudadanos de Europa” y dar así luz verde a la consolidación de un sistema social y político que garantice el beneficio económico y la acumulación de capital, regido todo ello por la lógica suprema de la competitividad. Desde este punto de vista se entiende la defensa a ultranza de instituciones y valores que perpetúen la subordinación de las mujeres a los hombres, ya que esto es perfectamente funcional a sus propósitos.
La Constitución Europea, a pesar de su retórica, amenaza muy seriamente las conquistas sociales que el movimiento feminista ha realizado en toda Europa. La lucha de las mujeres ha conseguido poco a poco politizar el espacio privado irrumpiendo en la palestra de lo público. Por eso desde una postura feminista queremos cuestionar y dar respuestas a este proyecto que se nos quiere imponer, denunciando su hipocresía, su prepotencia machista y desvelando sus verdaderos objetivos.
Hacemos un llamamiento a las mujeres que viven en el territorio de la Unión Europea a enfrentar juntas esta sinrazón y conseguir transformar esta sociedad capitalista y patriarcal que día a día se muestra más depredadora con la vida y las personas. Cada vez es más urgente acometer esta tarea y como siempre juntas podremos hacerlo.
[1] El término “ciudadanas” no aparece en ningún momento a lo largo del texto constitucional.