Unas jornadas analizan esta semana las dificultades de varias comunidades para ejercer la libertad de culto.
COMENTARIO: Se sigue olvidando que hay otras convicciones no religiosas, que tienen el mismo derecho que estas.
Hace 30 años que España dejó de ser católica, apostólica y romana. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 sancionaba la aconfesionalidad del Estado y sentaba las bases para que las minorías pudieran ejercer en igualdad de condiciones un derecho fundamental que recoge la Constitución. Tres décadas después, muchas personas que profesan una fe distinta de la mayoritaria encuentran aún problemas para ejercer esa libertad en su vida cotidiana.
El próximo miércoles representantes de las principales confesiones presentes en Bilbao participarán en un encuentro interreligioso en el marco de las jornadas 'Pluralismo, Religiones y Convivencia' organizadas por AlhóndigaBilbao. Antes han analizado para EL CORREO cuáles son los retos para hacer efectiva esa libertad religiosa en una sociedad crecientemente multicultural.
«La igualdad legal está garantizada, pero no la igualdad de trato», asevera el jesuita Martín Iribarri. En la escuela, en el hospital o en el trabajo, las minorías religiosas se encuentran con escollos que impiden el ejercicio de este derecho fundamental. Para Lidia Rodríguez, representante de la Iglesia Evangélica, el problema es que «aunque existe una ley que regula la libertad religiosa desde hace 30 años, ésta no se ha implementado». El texto legal compromete a los poderes públicos a facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales o penitenciarios, «pero todavía hoy las minorías encontramos dificultades a la hora de visitar enfermos en los hospitales o en las cárceles», explica esta pastora protestante.
La mayoría de las escuelas sólo ofrecen clases de religión católica, y «hasta hace unos años no había alternativas», apunta José Antonio Tudea, representante de los Testigos Cristianos de Jehová. La comida del comedor también representa un problema para el creciente número de escolares musulmanes. Incluso el calendario festivo, heredero de la tradición católica, es origen de conflictos laborales para los trabajadores de otros credos.
Pero quizá la polémica más llamativa en torno a la libertad religiosa tiene que ver con el uso del velo islámico, vetado en algunos colegios. «El velo es parte de la vida religiosa de las mujeres musulmanas y lo llevan por voluntad propia. En el Islam no cabe coacción», explica Ahmed El Hanafy. El origen de la polémica deriva de una confusión entre un estado y una sociedad laica: «El espacio público debe ser laico y libre de símbolos, sólo así se permite la diversidad, pero las personas deben poder vivir libremente su religión», afirma Lidia Rodríguez.
Cesión de recintos
La cesión de recintos públicos para centros de culto supone una reclamación recurrente de las confesiones minoritarias. Recuerdan que la Iglesia Católica recibe terrenos para edificar parroquias en los barrios de nueva construcción. Especialmente significativo es el caso de la comunidad musulmana, cuyos centros de culto han sido objeto de polémica por su precariedad y masificación.
«Llevamos años pidiendo un solar para construir un equipamiento acorde con el prestigio de una ciudad como Bilbao», dice Ahmed El Hanafy, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco. Representa a los más de 25.000 musulmanes que viven en Euskadi, 13.000 de ellos en Vizcaya, y lamenta las condiciones en que ejercen sus deberes religiosos: «Los oratorios son pequeños, no cabemos y, a veces, hay muchas personas que rezan en la calle, lo que puede generar conflictos con el vecindario».
El problema no es sólo la falta de espacios, sino la falta de una normativa que regule la actividad de estos centros de culto. «Hoy en día se le exigen los mismos requisitos que a una discoteca», apunta la protestante Lidia Rodríguez. «No pedimos que se nos regalen metros cuadrados, sino la implantación de una ley local», afirma. Incluso existe la prohibición de rezar en los centros cívicos, algo que las confesiones ven como una discriminación respecto a otro tipo de colectivos que disponen de estos recintos públicos.
Para Martín Iriberri, sacerdote católico, la solución pasa por ejercer sobre las minorías una «discriminación positiva», facilitándoles el acceso a espacios de culto. Bilbao, en ese sentido, representa un ejemplo de convivencia interreligiosa: la comunidad musulmana se ha reunido durante mucho tiempo en los locales de Cáritas en Zorrozaurre y el Centro Ignacio Ellacuría, dependiente de los jesuitas, acoge a grupos de catequesis de la Iglesia Ortodoxa. El objetivo es alcanzar, a través del diálogo, un «acomodo razonable» de las demandas de cada religión. «Aunque hay mucho por hacer -reflexiona Martín Iriberri-, es posible gestionar la diversidad religiosa».
