El acuerdo firmado hace unos días entre los Ministerios de Defensa y de Educación, con el fin de incluir en el currículum escolar de primaria y secundaria los valores que defiende el ejército, la Corona y los símbolos patrios me lleva a compartir una reflexión que considero esencial para la convivencia en una sociedad democrática: ¿hasta qué punto decisiones como esta ayudan a fomentar lo que se pretende – una visión compartida de valores y pertenencia – y hasta qué punto pueden tensar más las relaciones sociales entre los que piensan diferente?
Los millares de personas que trabajamos para la paz y la resolución dialogada de los conflictos desde instituciones, asociaciones, colectivos sociales, universidades y centros de investigación lo hacemos convencidas de que hay que superar el principio romano de ‘Si vis pacem para bellum’ (si quieres la paz prepara la guerra), porque se ha demostrado empíricamente falsa y además rotundamente desafortunada. Nos hemos pasado siglos preparando la guerra sin conseguir más paz que la alcanzada por vecinos y pueblos con juicio y sentido común, o la alcanzada por la diplomacia (¡ay, Clausewitz!), los tratados internacionales, la mediación entre enemigos o creando instrumentos para el diálogo o la construcción de paz. El resto, amenaza y guerra.
Por eso estamos convencidos de que si queremos la paz hay que preparar la paz, sin ingenuidades pero también sin que un falso realismo nos haga identificar caminos nuevos e inéditos como caminos imposibles. Si la paz hace falta construirla a partir de caminos de paz, es dudoso que propagar los supuestos valores del Ejército sea la mejor manera para alcanzar cohesión social. Al menos para una parte de nuestra ciudadanía, nada despreciable, que piensa también que hay otras vías -como la mediación, la defensa civil no-violenta, etc– para resolver los conflictos sin necesidad de armarse más que el vecino. Transformar este debate legítimo en una imposición doctrinal no nos parece una buena idea.
Enseñar a pensar y a respetar
En segundo lugar hay que pensar también en la manera de implantar estas enseñanzas. Decía Séneca que “el camino de la enseñanza por medio de teorías es largo y difícil, pero breve y eficaz por medio de ejemplos”. Las personas del mundo educativo lo saben lo muy bien, no hacen mucha falta horas de clase para que los niños cojan tics para imitar a sus ídolos, o para rehusar comportamientos que rechazan. Por eso el papel de la escuela es el de enseñar a pensar, a sentir, a ser uno mismo y a respetar a los otros.
Ejemplos concretos y continuados de unas fuerzas de seguridad próximas y al servicio de la ciudadanía, o de una Corona que arbitra entre visiones sociales diferentes sin excluir a nadie, serían mucho más útiles que un montón de horas de enseñanzas teóricas. Eso, sin entrar en el debate de si es la escuela el ámbito donde tenemos que ir invirtiendo todo aquello que encontramos socialmente mejorable y no sabemos resolver por otras vías.
Se añade a eso la noticia de que el ejército sigue un año más en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Una decisión que contraviene el punto 5 de la moción sobre desmilitarización, aprobada por el Parlament de Catalunya el 14 de julio de 2016, que insta al Govern a “evitar la presencia del ejército en cualquier centro educativo y de formación y evitar también que esté presente en espacios educativos y promocionales como el Saló de l’Ensenyament o de la Infància, en Barcelona; el Salón de Deporte y Turismo de Montaña o la Feria de Formación Profesional, en Lleida; ExpoJove, de Girona; o el Espacio del Estudiante, de Valls”. También el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona se manifestó en este sentido en el 2016.
Vulneración de normas de la competencia
Entre otras razones de tipo jurídico se esgrime la posible vulneración de normas de la competencia, razón bastante peregrina porque estas normas rigen para el mercado, no para las instituciones del Estado cuyos miembros ni se regulan por el Estatuto de los Trabajadores, ni están bajo la jurisdicción ordinaria ni tienen objetivos que se puedan homologar a las otras salidas profesionales. Sin embargo, el más grave a mi parecer es la falta de respeto que supone esta presencia hacia las decisiones de las instituciones democráticas, que representan la ciudadanía y tienen que ser la máxima expresión de nuestra vida en convivencia y en el Estado de derecho.
Las instituciones públicas de paz, como el ICIP, hemos nacido para defender todas las expresiones democráticas como instrumentos de construcción de paz. Por eso estamos profundamente preocupados por unas decisiones que alteran el ordenamiento del poder. En esta preocupación esperamos encontrar a todas las personas demócratas, sea cuál sea su ideología política y su proyecto de vida.
Xavier Masllorens Presidente del Institut Català Internacional per la Pau
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