Como suele suceder con leyes tan restrictivas, la punición extrema no genera un efecto disuasivo sino la emergencia de «mercados negros» en los que se efectúan alrededor de 500 mil abortos por año.
En el año 1998, un decreto del entonces presidente Calos Menem instituía el 25 de marzo como el “Día del niño por nacer”. Desde aquel momento tal fecha suele ser la excusa predilecta para la manifestación de grupos que además de ganar la batalla jurídica han ganado la batalla semántica al presentarse como “Pro-Vida”.
La idea de “niño por nacer” hace clara referencia a la controversia en torno a la posibilidad de despenalizar el aborto. Sobre tal asunto existen dos grandes posturas, una de tradición conservadora y otra de tradición liberal. La conservadora, generalmente llevada adelante en nuestro país por grupos católicos, afirma que dado que existe vida desde el momento de la concepción, el Estado debe encargarse de su salvaguarda aun cuando la madre, por las razones que fueren, tomase la decisión de no proseguir con su embarazo. La tradición liberal, por su parte, llevada adelante especialmente por grupos que reivindican los derechos de las mujeres, afirma que lo que debe primar es la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Esto implica, eventualmente, tomar la decisión de interrumpir un embarazo. Claro que entre las dos tradiciones hay posturas intermedias y legislaciones particulares en las que generalmente se despenalizan los abortos en casos específicos como aquellos en los que está en riesgo la vida de la madre, ha habido una violación o el feto posee profundas malformaciones que harían de su mínima sobrevida un calvario. Asimismo, parece haber una tendencia que se ha profundizado a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, especialmente en las democracias occidentales y laicas, a flexibilizar cada vez más las posibilidades de realizarse un aborto dentro de parámetros legales.
En el caso de la Argentina, comparado con otros países, se está frente a una legislación altamente restrictiva, algo que suele venir acompañado de objeciones de conciencia de médicos y jueces que se niegan a proceder aun cuando el caso en cuestión se encuentre englobado en esa pequeña porción de excepciones despenalizadas. Como suele suceder con leyes tan restrictivas, la punición extrema no genera un efecto disuasivo sino la emergencia de “mercados negros” en los que se efectúan alrededor de 500 mil abortos por año.
Así, en un país donde el catolicismo, más allá de que no sea de práctica efectiva, se ha transformado en una suerte de colchón ideológico fundido con el sentido común y valores presuntamente universales, son cientos de miles las mujeres que aun con una cruz colgando de su cuello se han practicado abortos clandestinos.
Ante este panorama y dado que se trata de un tema profundamente sensible, no es casual que se intente marcar agenda con proyectos que apunten a la despenalización. En este sentido, si bien CFK en las vísperas de las elecciones de 2007 se pronunció en contra de la posibilidad de despenalizar, sectores progresistas, en su mayoría, bajo el espectro kirchnerista, avanzan a diferente velocidad y por diferentes niveles en la posibilidad de una nueva legislación. Tal avance ha encendido el alerta en todos los sectores que rodean a la Iglesia Católica y que por razones extrarreligiosas tienen un profundo rechazo hacia las políticas del Gobierno. Esto, claro está, se agudizó después de que Bergoglio perdiera la “Guerra de Dios” contra el matrimonio igualitario, algo que habla o bien de la imperfección de un Dios derrotado, o bien del error de diagnóstico de un cardenal crispado.
En esta línea no es casual una curiosa minicampaña llevada adelante por el diario La Nación, la cual incluyó al menos tres artículos en torno a la problemática del aborto en la Argentina. El propio 25 de marzo, uno de los editoriales se encargó del asunto y fue acompañado por una columna firmada por Federico Gelay, integrante del Foro por la Vida y la Familia. Asimismo, el domingo 27, el mismo día en que se produjo un conflicto gremial por el que tanto La Nación como Clarín tuvieron sendas dificultades para distribuir sus publicaciones, la sección económica del diario publica una nota cuyo título es casi estremecedor: “Sin hijos no habrá fuerza laboral”.
En estos artículos se pueden ver al menos dos cosas: la primera se vincula con el modo en que los principios de la derecha católica se funden con el nacionalismo más rancio para, siguiendo la línea de solicitadas y manifestaciones públicas de otros representantes Pro-Vida, afirmar que el ser nacional se ve amenazado por ideologías y lobbies extranjeros que buscarían disminuir la potencia de nuestra raza. Pero en segundo lugar hay algo menos sobreactuado y que tal vez haya pasado inadvertido por muchos. Nos referimos aquí a la forma en que estas manifestaciones de la tradición conservadora celebraron la extensión de la Asignación Universal por Hijo a las embarazadas desde los tres meses pero, al mismo tiempo, exigieron que tal medida llegue hasta el día de la concepción.
Las razones, claro está, no tienen que ver con el rédito económico que pudiera ocasionar cobrar tres meses más la asignación sino lo que jurídicamente esto conllevaría. En otras palabras, extender la Asignación al primer día del embarazo podría leerse en la línea de que “el niño por nacer” tiene derechos desde la concepción, es decir, avalaría la posición conservadora de la Iglesia Católica. Sin embargo, el Gobierno no fue tan lejos. ¿Por qué no lo hizo? Las interpretaciones pueden ser variadas pero no sería descabellado sugerir que además de lo profundamente inclusiva que puede resultar una medida que disminuirá los riesgos de mortalidad infantil, extenderla hasta los tres meses no excluye la posibilidad de compatibilizarla con un proyecto de despenalización del aborto en las primeras doce semanas, legislación que se encuentra vigente en decenas de países desarrollados.
Esto es, por lo menos, lo que parecen entrever las palabras temerosas que supuran de las páginas del diario fundado por Bartolomé Mitre. Lamentablemente, poca novedad agregan a un debate que responde a cuándo consideramos persona a un viviente. ¿Se es persona, esto es, se es sujeto de derecho, desde la concepción o hay determinadas características que le dan a esa vida concebida un plus que lo “eleva” a la condición de persona?
Los conservadores, en rasgos generales, hablan de la potencialidad de esa vida humana mientras que los liberales hablan, o bien de la posibilidad de viabilidad del feto o bien del desarrollo de la corteza cerebral. Tal desarrollo es central para la constitución del sistema nervioso, sin lo cual no existe dolor, y de ningún modo puede estar completo antes de las 12 semanas. Los conservadores, por su parte, dicen basarse en la “evidencia científica” de que hay vida desde la concepción, y a esta la confunden con la idea de que esa vida tiene los mismos derechos que, por caso, un recién nacido.
Por razones de espacio no es posible desarrollar la riquísima discusión en torno a la noción de persona. Sin embargo, las razones científicas que suelen ser utilizadas soslayan que atribuir a un viviente derechos no es un asunto que se siga de la naturaleza de ese ser. De hecho, en el derecho romano, en varias circunstancias quedaba claro que entre la persona y la cosa, el ser humano esclavo estaba más cerca de esta última. Es más, incluso en la actualidad, un pensador que aboga por los derechos de los animales como Peter Singer ha desarrollado una controvertida teoría por la cual considera que existen animales que por su capacidad de autoconciencia deben ser considerados sujetos de derecho, es decir, personas; mientras que, por otro lado, el “niño por nacer”, y aun “el nacido de pocos meses”, no sería considerado estrictamente persona y en este sentido poseería un “estatus inferior” que, por ejemplo, un gorila adulto.
En síntesis, las razones para considerar a una vida humana persona no dejan de ser arbitrarias más allá de que se apoyen en uno u otro fundamento científico. En este sentido, es una decisión política la que con mejores o peores razones se manifiesta en las legislaciones de cada Estado. Mientras tanto, da la sensación de que los próximos ciclos legislativos serán el espacio en que puedan seguir profundizándose programas de ampliación de ciudadanía y nuestra intuición es que más allá de sus manifestaciones, la Presidenta no recurriría a un veto, como sí lo hizo Tabaré Vázquez, en caso de que avancen proyectos de despenalización del aborto. Mientras tanto habrá que esperar el momento adecuado para dar el debate, algo que, sin duda, se aceleraría en caso de que un Dios enojado castigase a los varones argentinos con la posibilidad de quedar embarazados.