La decisión del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos de nombrar coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva a una persona ligada al Obispado de Córdoba ha soliviantado a las clínicas especializadas en la interrupción voluntaria del embarazo, que funcionan a través de conciertos con el Ejecutivo autonómico. La Junta tiene actualmente contrato con diez empresas que practican abortos en 13 clínicas privadas ubicadas en todas las provincias andaluzas, excepto en Jaén. Todas ellas pertenecen a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en Andalucía, y su vicepresidenta, Eva Rodríguez, ha reconocido a este periódico que «el perfil elegido para dirigir la política de salud sexual y reproductiva recoloca a la Junta en una posición política claramente antiabortista».
Desde esta semana, la coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía es María Trinidad Lechuga Varona, médico de familia en la capital cordobesa, con muchos años de experiencia, y que actualmente dirige el Secretariado para los Cristianos Perseguidos de la Diócesis de Córdoba. La posición de esta archidiócesis, dirigida por el obispo Demetrio Fernández, es conocida por su rechazo visceral al «derecho a decidir» sobre el aborto cuando «está en juego la vida de un ser humano». Fernández ha llegado a calificar esta práctica de «crimen abominable» y una «matanza de inocentes».
La designación de Lechuga Varona ha sido duramente cuestionada por los dos partidos de izquierdas en la oposición -PSOE y Adelante Andalucía- que han exigido a la Consejería de Salud (PP) que «revoque el primer nombramiento de un alto cargo de la Junta elegido por Vox». Los socialistas denuncian así la proximidad de las tesis de la Diócesis de Córdoba con el partido de extrema derecha que sostiene al Gobierno de Juan Manuel Moreno, y que ha promovido varias iniciativas en el Parlamento en contra de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, calificadas por ellos como «abortorios». El portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, ha instado ya a Lechuga Varona a ser «consecuente» con su política contraria al aborto, y el consejo de Salud, Jesús Aguirre, ha reafirmado este viernes su confianza en esta médico de Córdoba y «su defensa de los no nacidos».
La sanidad pública andaluza fue la primera que incorporó en su cartera de servicios prestaciones como la planificación familiar, la reproducción asistida, la educación maternal, la dispensación gratuita de anticonceptivos de urgencia, el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la implantación sistemática de buenas prácticas en atención perinatal y la educación y asesorías sobre sexualidad.
El cambio de signo político en el Gobierno andaluz, hace ahora un año, no ha alterado significativamente la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Junta, según coinciden las clínicas abortistas consultadas, que hablan de «una inercia continuista». El Ejecutivo andaluz destina anualmente unos siete millones de euros a pagar los conciertos con las empresas que practican la interrupción voluntaria del embarazo, un servicio gratuito para las mujeres que lo soliciten (tengan o no tarjeta sanitaria).
«Andalucía siempre ha estado a la vanguardia en esta materia. Hay una ley nacional que regula y ampara el aborto y, en teoría, no debería influir el hecho de que la Junta haya puesto a una persona de perfil conservador y extremista al frente de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva», dice Rodríguez. Sin embargo, la vicepresidenta de ACAI percibe en los nuevos responsables de la Consejería de Salud un perfil «pronatalista» que «puede confrontar erróneamente la práctica del aborto». Las medidas que Vox ha impuesto a la Junta contra la educación afectivo sexual en las escuelas -a través del llamado pin parental- o el discurso beligerante contra estas clínicas puede ser «contraproducente». «Nosotros no queremos que aumenten los abortos en Andalucía, pero si la educación sexual en las aulas se vuelve restrictiva y si no se protegen y se conciencian a los colectivos más vulnerables, pueden aumentar los problemas, por ejemplo, pueden incrementarse los embarazos no deseados», dice Rodríguez.
Blindado en la ley
En 2018, último año de balance del Ministerio de Sanidad, en Andalucía se practicaron 18.170 abortos. El 95% (17.123) fueron antes de las 14 semanas (el supuesto más común) y se realizaron en clínicas concertadas por la Junta. La interrupción del embarazo tardía -hasta las 22 semanas que permite la legislación estatal- es menos habitual, se realiza con otros métodos y no todas las clínicas concertadas están preparadas para ofrecer este servicio. En Andalucía, el aborto hasta las 22 semanas se realiza en dos clínicas de Sevilla, una de Málaga y otra de Cádiz, pero «el volumen de trabajo no es muy alto».
La Junta ofrece esta asistencia sanitaria gratuita para abortar a través de clínicas privadas con las que tiene suscrito conciertos, una fórmula prevista en la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de Andalucía. «Esta forma de provisión de servicios permite preservar la intimidad de las mujeres y proteger la confidencialidad del proceso. Se viene realizando sin problemas y sin quejas de sus usuarias ni de los profesionales, de ahí que no se plantee ningún cambio en el modelo actual en estos momentos», según recoge la normativa autonómica.
La mayoría de abortos en España se realizan antes de la semana 14 (habitualmente antes de la novena semana). Menos del 7% de las mujeres interrumpe el embarazo después de la semana 14, según datos estimados por ACAI. Estos casos no suelen ser abortos por voluntad propia, tienen más que ver con malformaciones, con alguna patología fetal o materna detectada a partir del cuarto mes de embarazo, y se realizan previo dictamen médico.
Hasta las nueve semanas, existe el aborto farmacológico o instrumental (a elección de la mujer o en función de sus condiciones sanitarias). En Andalucía, la interrupción del embarazo con fármacos no llega al 1%, suele ser una opción muy residual, porque provoca más sangrado (y en la mitad de los casos hay síntomas colaterales: náuseas, vómitos, diarreas…). El 80% de los abortos se realizan antes de las ocho semanas y la mayoría se hacen con la técnica de la aspiración (con sedación), que no dura más de tres a cinco minutos.
