La condena fue instigada por un líder religioso de la zona, a más de 300 kilómetros al norte de Kabul. El marido, que arrojó la primera piedra, se había enterado, al volver al país después de cinco años, de que su mujer, Amina, mantenía relaciones sexuales con un vecino. El adúltero recibió 100 latigazos y quedó en libertad.
La sentencia fue anunciada el jueves por el líder religioso local, el mulá Mohamed Yusuf. Tres días después, la mujer fue apedreada hasta morir en una plaza de Argo, zona rural situada al oeste de Feizabad, capital de la provincia de Badajshán. Según un testigo, que relató que la agonía de la mujer fue lenta, Aminafue llevada a la ejecución por autoridades locales y por su marido, que la sacaron de casa de sus padres.
El jefe local de policía, Shah Yahan Nuri, informó el domingo de que se ha enviado un equipo de investigación a la zona.Nuriprometió hacer lo posible por castigar a los responsables "porque este tipo de decisiones deben ser tomadas por la magistratura y no por los dirigentes locales", advirtió.
Masudah Jalal, que se presentó como candidata a las pasadas elecciones presidenciales y aspira al Ministerio de Derechos de la Mujer, ha anunciado que intentará esclarecer el caso de Amina.
Partir de cero
John Sifton, investigador para Asia de Human Rights Watch (HRW) -uno de los grupos internacionales más importantes en la defensa de los derechos humanos- lamentó ayer a este periódico que los líderes religiosos locales sigan teniendo tanto poder en Afganistán fuera de las principales ciudades.
Para Sifton, la Constitución aprobada en Kabul el año pasado, que concede igualdad de derechos a hombres y mujeres, "en la práctica es sólo un pedazo de papel; no menciona la pena de muerte, es muy vaga al respecto". Sifton señaló que, dada la situación, "lo más importante es que el Gobierno afgano reforme el sistema jurídico".
El representante de HRW reconoce que en Afganistán "hay un progreso en los derechos humanos, pero no existe sistema judicial, falta policía en muchos lugares, faltan abogados, queda mucho por hacer. El país ha partido de cero".
El asesor legal deAmnistía Internacional (AI), Yuval Ginbar, manifestó ayer a este periódico que la condena de Amina "fue un crimen totalmente injusto, no dieron tiempo siquiera de apelar al Tribunal Supremo, y además tendría que haber sido firmada por el presidente Hamid Karzai. Creemos que el Gobierno no sabía nada del tema".
Ginbar calificó los hechos de "un definitivo paso atrás para Afganistán, que había avanzado mucho con la nueva Constitución, aunque en abril de 2004 un hombre fue ejecutado en Kabul".
En los años noventa, con el Gobierno de los muyahidin (guerrilleros islámicos) muchos hombres y mujeres fueron lapidados en la provincia de Badajshán, y la práctica se volvió popular en la era de los talibanes, que controlaron el país de 1996 a 2001, hasta que fueron derrocados por la invasión de Estados Unidos. Durante el régimen talibán, las mujeres no tenían derecho a asistir a la escuela ni a la universidad, fueron obligadas a vestirburka (velo completo) y no se les permitió participar en la política.
Actualmente, la situación de las mujeres ha mejorado en Kabul (de nuevo pueden trabajar y estudiar), pero en las zonas rurales sigue imperando el poder omnímodo de los hombres. La población de Afganistán es de unos 28 millones, el 60% de los cuales son mujeres. Las afganas recuperaron el derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2004, después de no tenerlo durante 40 años, pero sólo un 50% participó en los comicios.
La sharía (ley islámica) considera delito el adulterio y puede castigarlo, en el caso de las mujeres, con la pena de muerte por apedreamiento, o bien, en sentencias menos severas, con series de latigazos.
Las últimas ejecuciones por lapidación se han producido en Irán (1997 y 2001) y Emiratos Árabes Unidos (2000). En Nigeria ha habido sucesivos intentos de aplicar esta pena a mujeres en los estados norteños, donde rige la sharía, pero los tribunales federales y la presión internacional lo han impedido.
