Un virus nos ha tenido en cuarentena durante meses, encerrados en casa y amenazando nuestras vidas. Miles de personas han muertos, decenas de miles han sufrido la enfermedad de una manera grave y el riesgo del contagio se ha convertido en una sombra que nos va a acompañar, en el mejor de los caos, durante los próximos meses. Pero el sufrimiento para el ciudadano normal no termina allí, frente a nosotros se levanta el muro de la emergencia económica. Así que en esta dramática situación y arrastrando los flecos de las anteriores crisis, todos estamos obligados a responder con la máxima responsabilidad personal y social, identificando las cosas que han fallado, las cosas que se podrían haber hecho mejor, las cosas que se pueden y deben mejorar, cuanto antes mejor. No debemos sólo exigir las responsabilidades a los otros, tenemos que actuar cada uno de nosotros haciendo propuestas concretas de mejora, poniendo en marcha propuestas y exigiendo responsabilidades a todos los niveles.
Durante las últimas décadas la sociedad española ha realizado una profunda transformación. Vivimos en una nueva realidad con grandes cambios culturales (globalización económica, revoluciones digitales, precariedad laboral, acceso a la información, etc.) y habiéndose consolidado una sociedad multiétnica y multicultural. Junto a una mayoría social aconfesional, coexisten una diversidad de confesiones religiosas (católicas, evangelistas, judías, islámicas, anglicanas, ortodoxas, etc.). Toda persona tiene el derecho a practicar los ritos de su religión, pero ninguna religión tiene el carácter de estatal.
Con ese espíritu de responsabilidad, Europa Laica reivindica la obligación constitucional (Art. 20 Constitución Española) de todas las instituciones del Estado, de todos los servicios públicos y de todos los servidores públicos de mantener una exquisita neutralidad y respeto al pluralismo ideológico de nuestra sociedad.
Europa Laica considera la neutralidad del Estado de una gran relevancia política, social y económica para luchar contra la discriminación de ciudadanos por su forma de pensar, su religión, su origen étnico o su orientación sexual.
Semanalmente constatamos en nuestro Observatorio del Laicismo como la neutralidad institucional y el respeto a la diversidad de pensamiento se pisotea en nuestro país en todas las esferas de las administraciones del Estado. La participación de responsables públicos y funcionarios del Estado en actos confesionales, la localización de simbología particular de alguna confesión decorando estancias de edificios públicos (escuelas, salas judiciales, oficinas de la administración pública en general); ofensas, insultos y ataques directos a personas o símbolos de otras confesiones o pensamientos por parte de personal de las Fuerzas de Seguridad, son en nuestro país habituales y constituyen una fractura del consenso democrático que recoge nuestra vigente Constitución.
Esta situación de desamparo no solo es consecuencia de los cambios a los que estamos sometidos en estos tiempos de crisis y de profundos cambios tecnológicos y sociales sino que acompañan a nuestro país desde hace décadas y son clara consecuencia de un proceso de transición política claramente imperfecto.
El actual Estado democrático surge como herencia de un régimen franquista y de una guerra civil, donde la iglesia católica jugó un papel destacado en la represión de cualquier forma de pensar que traspasa su doctrina. Todas las instituciones del Estado y todo el personal público se formó dentro de los parámetros ideológicos del catolicismo franquista y 45 años después de la muerte del dictador, la democracia aún no ha conseguido asentar sólidas bases democráticas en sus instituciones, en la judicatura y en parte de la sociedad.
¿Por qué no se ha conseguido avanzar más en la democratización del país? Avanzar en democracia significa un continuo diálogo crítico y constructivo dentro de la sociedad, exponer ideas racionales e intereses legítimos, escuchar y discutir buscando acuerdos. Todo esto no surge de la nada, hay que aprenderlo y entrenarlo, hay que reconocer a cada persona su legitimidad para opinar y hay que respetar la legitimidad de cada una de las opiniones. Desgraciadamente nuestro sistema educativo no ha sido capaz de cumplir con su responsabilidad educacional, arrastrando grandes dosis de adoctrinamiento acientífico y discriminatorio.
Si se quiere unir al país hay que reconocer y respetar las diferentes sensibilidades ideológicas, culturales y religiosas. Hay que dejar espacio a todos los grupos sociales para poder sentirse integrados, formando parte de un proyecto que sólo podrá ser fuerte y duradero si cuenta con la mayor participación. Un país no es una bandera o un himno sino un estructura social eficiente que tiene que ser capaz de ofrecer soluciones a sus ciudadanos.
Mientras la iglesia católica quiere acabar con la epidemia organizando procesiones y desde el púlpito de la iglesia o del parlamento divulgan el catolicismo franquista propagando el odio contra todos los demás ya sea porque son comunistas, homosexuales, mujeres, musulmanes, judíos, gitanos, sudacas, …. Mucho odio, pero ninguna solución, sólo perpetuar los estamentos del poder para seguir beneficiándose, mientras tanto muchos ciudadanos sufren en extremo las consecuencia del abandono y la desigualdad.
Solo un reforzamiento de un pensamiento racional y aconfesional puede ser la base de una administración eficiente y al servicio de la ciudadanía.
Domingo Gómez
