El neoliberalismo y el fundamentalismo religioso están dando lugar, en el Reino Unido, a una limitación del acceso a la justicia. Pragna Patel afirma que a las mujeres procedentes de minorías étnicas se les niega el derecho a participar en el colectivo político general como ciudadanas y no como simples sujetos.
Pragna Patel es una de las fundadoras de Southall Black Sisters y de Women Against Fundamentalism, y autora de numerosas publicaciones sobre la raza, el género y la religión.
El presente texto es una versión aumentada de la presentación realizada por P. Patel en el coloquio Secular 2014 Conference, celebrado en Londres los días 11 y 12 de octubre de 2014.
Traducción para Laicismo.org de Marisa Delgado.
En el Reino Unido, el movimiento Southall Black Sisters se viene enfrentando, desde hace varios años, a una pregunta fundamental: cómo facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones más vulnerables. Indudablemente, esta preocupación no es nueva, ya que, desde hace tiempo, nosotras hemos convertido el Derecho en un ámbito fundamental de la resistencia feminista; lo hemos utilizado de diversas maneras, para que los más vulnerables y marginados puedan ejercer su derecho a la igualdad, la justicia y la equidad en los procedimientos civiles y penales. Hemos realizado, por ejemplo, campañas sobre el caso de Kiranjit Aluwalia y sobre el matrimonio forzoso (campaña esta última que culminó, en 2007, en la promulgación de una ley de protección civil). Esto nos ha llevado a descifrar en los textos las normas relativas a la raza y el género que sirven para reproducir las desigualdades y para legitimar la exclusión y la discriminación a las que están sometidas las mujeres procedentes de minorías. La lucha para que el derecho se oriente en este sentido aún está lejos de haber concluido, a pesar de los grandes logros obtenidos junto con otros socios. Y esa lucha ha alcanzado un punto crítico. El auge constante del neoliberalismo y de las políticas identitarias basadas en el fundamentalismo religioso nos obligan a combatir en dos frentes interdependientes.
En primer lugar, debemos contestar las medidas estatales de supresión de la ayuda jurídica en numerosos ámbitos, tanto en lo civil como en lo penal, pues tienen repercusiones no sólo sobre los derechos individuales, sino sobre nuestras exigencias en materia de responsabilidad institucional frente a abusos de poder que parecen multiplicarse. Las «reformas» del Gobierno en materia de ayuda jurídica son parte de un contexto presupuestario que refuerza, en sus grandes líneas, los objetivos del Gobierno actual: «localismo», estrategias alternativas de resolución de conflictos, reducción del déficit y desregulación. Todo este conjunto de medidas está destruyendo uno de los principales pilares del Estado del bienestar y ha impulsado a Southall Black Sisters a sostener combates jurídicos y políticos contra los recortes de los instrumentos de ayuda jurídica.
Esta tendencia está directamente relacionada con los problemas que encontramos en un segundo plano: la creciente privatización de la Justicia y la adopción por parte del Estado de un enfoque «basado en la fe (la creencia)» para tratar los problemas de las minorías. Esto implica, entre otras cosas, oponerse a los fundamentalistas religiosos y a los llamados «moderados», que utilizan el vacío así creado para influir en el Derecho y en las políticas sociales, apelando a una identidad religiosa reaccionaria definida por ellos mismos.
Durante los últimos años, el Reino Unido ha visto multiplicarse las solicitudes de concesiones a los códigos jurídicos religiosos dentro del sistema jurídico, algo de lo que algunos elementos de la esfera pública se han congratulado enormemente. Una parte de ellas emana, en particular, aunque no exclusivamente, de portavoces o instituciones influyentes del islam, y se pueden relacionar directamente con la ascensión del islam político y, más en general, con el auge del integrismo en todas las religiones.
Los integristas musulmanes han realizado una maniobra teñida de tolerancia religiosa que es, en realidad, un acto de fuerza cuyo principal objetivo es el control de la sexualidad femenina. Por una parte, pretenden normalizar los códigos religiosos de cada uno dentro del sistema jurídico y, por otra, tratan de institucionalizar un sistema jurídico paralelo, instaurando foros religiosos alternativos para arreglar los litigios en materia familiar. Este proceso, una especie de islamización insidiosa del aparato judicial, consiste en hacer compatibles con la charía la ley y las políticas públicas. Si salen victoriosos de esta empresa, las otras religiones se apresurarán, sin duda, a exigir acuerdos parecidos con sus creencias específicas.
En el centro de este debate entre la religión y el Derecho se observa la tensión entre los derechos y las libertades fundamentales del individuo, por un lado, y los derechos de las minorías a la libertad religiosa y a modalidades educativas y culturales específicas, por otro, Pero, por lo general, son las mujeres y las minorías, sexuales o de otro tipo, las que se ven atrapadas en el enfrentamiento resultante. Hoy en día, nuestra lucha como mujeres negras, laicas y feministas debe ser un eco de las luchas de otro tiempo contra el multiculturalismo y su variante antirracista de izquierda. En otro tiempo, nos opusimos al movimiento antirracista y al multiculturalismo oficial por considerarlos el vehículo de una noción demasiado abstracta de la cultura y por su negativa a tener en cuenta las relaciones de poder entre los sexos. En la actualidad, debemos oponernos al multiconfesionalismo oficial (que ha reconocido oficialmente las identidades comunitarias) y a algunos segmentos de los movimientos antirracista y feminista, que son el vehículo de una noción demasiado abstracta de la religión.
La Universidad
A finales de 2012, con motivo de las manifestaciones públicas en las universidades contra el auge de la segregación por sexos, Universities UK (UUK), órgano rector de las universidades británicas, publicó instrucciones autorizando la segregación de las mujeres en los espacios universitarios, a fin de tener en cuenta las creencias religiosas de los actores de otros países. Estas directrices se presentan en forma de estudio de casos destinado supuestamente a aclarar las situaciones en las que el derecho de expresión religiosa choca con la igualdad entre los sexos.
Lejos de responder a la discriminación por razón del sexo, esta guía sirvió para legitimar el apartheid de género. Fue preciso que realizásemos una campaña de opinión y que amenazásemos con presentar demandas judiciales para que la UUK aceptase modificar sus planteamientos1. Nosotras afirmamos que esas instrucciones infringen los principios de igualdad y no discriminación enunciados en la Equality Duty Act relativa al sector público y otros textos relativos a la igualdad y los derechos humanos, resultado, a su vez, de largas y penosas luchas sostenidas por las feministas, las minorías raciales y otros grupos marginales. Después de que la UKK retirase sus intrucciones, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos abrió una investigación oficial y las declaró ilegales, a pesar de las acusaciones de «islamofobia» por parte no sólo de islamistas y conservadores, sino también de algunas voces de la izquierda y de personas que se consideran antirracistas y feministas, entre ellas, la de Laurie Penny, que rechazó nuestra argumentación por considerarla exagerada, teñida de «islamofobia» y un nuevo ataque a las prácticas musulmanas.
El Derecho hereditario
Haciendo caso omiso de este fracaso, la Law Society [Colegio de Abogados], organismo que representa los intereses de la profesión jurídica, siguió el ejemplo de UUK y publicó instrucciones para los juristas sobre la forma de realizar testamentos acordes con la ley islámica. Da la impresión de que esas instrucciones se han elaborado tomando como base referencias fundamentalistas indefendibles, las mismas que preconizan la muerte por lapidación. La instrucción relativa a las normas de sucesión establece que «por regla general, un heredero varón recibirá el doble que una heredera; los hijos ilegítimos no heredarán».
Evidentemente, estas instrucciones asumen, sin discusión, la discriminación aceptada por el islam (y también por otras religiones) contra las mujeres y los hijos ilegítimos. Por supuesto, el Colegio de Abogados no se preguntó cómo decidir entre lo que depende o no de la charía: los códigos religiosos musulmanes en el mundo son discordantes y, a menudo, enérgicamente contestados, cuando no están a punto de ser reformados o derogados. El problema es que el Colegio de Abogados no duda en empantanarse en aguas pesadamente ideológicas.
Sus instrucciones son parte de un programa más amplio de formación desarrollado por él para impulsar la toma en consideración de la ley islámica en todo lo relativo a la familia, los hijos, el patrimonio y los acuerdos financieros en las comunidades étnicas.
Todo se ajusta a las reivindicaciones islamistas en el Reino Unido, que pretenden separar las leyes religiosas de las laicas, para funcionar en universos paralelos: uno para las minorías y otro, para la mayoría blanca. Vemos en esto una forma inversa de racismo, pues lejos de promover una cultura (laica) de derechos humanos, el Colegio de Abogados, al igual que la UUK, tiende a impedir su implantación en las comunidades étnicas.
Los tribunales islámicos y las dificultades feministas
Nuestra lucha por volver a situar los derechos humanos dentro de un marco laico se ve obstaculizado por la apelación constante del Gobierno a la necesidad de respetar los «valores británicos» (lo cual significa, sin duda, el respeto de los derechos humanos, la democracia y la primacía del Derecho), al tiempo que amenaza con derogar la Human Rights Act, cada vez que un tribunal trata de hacer valer la aplicación universal de los derechos humanos cuando el Estado comete un abuso de poder.
Otro punto preocupante en lo relativo a la interdependencia creciente de la religión y del Derecho es el apoyo del Estado a los sistemas de arbitraje religioso no estatales.
Al suprimir la ayuda jurisdiccional, el Estado obliga a las mujeres de grupos minoritarios a recurrir a instancias religiosas, oficiales o inoficiales, como los consejos y los tribunales islámicos, que parecen estar generalizándose. Del lado oficial, los tribunales religiosos de arbitraje como el Muslim Arbitration Tribunal se presentan como organismos profesionales que tratan de adaptarse a las normas jurídicas oficiales sobre el matrimonio y a los principios no discriminatorios. Pero, en realidad, lo que tratan de hacer es sustraer los asuntos familiares a la competencia de la ley laica, considerada «occidental», para sustituirla por un sistema jurídico paralelo basado en la ley divina, que es incontestable por su propia naturaleza.
El apoyo a sistemas jurídicos paralelos no lo dan únicamente los dirigentes religiosos masculinos y el Estado, sino también – de forma alarmante – algunos entornos feministas. Así, en los debates sobre la violencia ejercida contra las mujeres, se ha convertido en moneda corriente hablar de «interseccionalidad», la intersección entre la religión y el género, y recordar la necesidad de aportar una respuesta feminista a la ascensión de los valores religiosos, especialmente desde el 11 de septiembre, y a la del racismo antimusulmán. Y eso ha dado lugar a la incorporación de los valores religiosos en el Derecho. Sin embargo, pocas personas están dispuestas a reconocer que, cuando funcionan sistemas jurídicos paralelos, éstos suelen suprimir los conflictos y tratan de retirar a las mujeres de los espacios públicos – metafóricamente hablando – y de obstaculizar el ejercicio de sus libertades fundamentales en la esfera privada. Más escasos aún son los que admiten que hay importantes movimientos, dirigidos a menudo por mujeres y militantes de derechos humanos de ambos sexos, en pro del abandono de los mandamientos religiosos sancionados por el Estado, por ser incompatibles con los principios universales de los derechos humanos. En su lugar, se invocan las nociones de «autonomía» y de «poder femenino» – piedras angulares del análisis feminista – para apoyar un marco de análisis multiconfesional regresivo.
Un estudio reciente sobre las mujeres que han recurrido a los tribunales de arbitraje religioso sugiere que, en situaciones en las que el control de la religión deja poco margen de maniobra, lejos de plegarse «voluntariamente» a la autoridad religiosa, las mujeres sufren una enorme coacción. Ni una sola mujer consultada ha elegido recurrir a los tribunales religiosos para obtener órdenes de protección o para resolver sus conflictos sobre los bienes o los hijos. Sobre estas cuestiones de fondo han dado su confianza inequívoca al sistema jurídico secular, que, aunque imperfecto, les ofrece, a su modo de ver, mejores perspectivas de igualdad y de justicia.
El único ámbito en el que casi la mitad de las mujeres ha solicitado la intervención religiosa ha sido el del divorcio, aunque, incluso en este caso, muchas que habían obtenido ya el divorcio civil han hecho una demanda de divorcio religioso por presión social: por temor a que la comunidad no reconociese el divorcio civil por la necesidad de legitimar su salida del estado conyugal. Han tratado de evitar la estigmatización y la soledad inherente al divorcio, o de ejercer su libertad sexual permaneciendo casadas.
Los que están a favor de sistemas jurídicos paralelos sostienen que el recurso a los tribunales religiosos no significa que las mujeres de las minorías traten de excluirse de la comunidad política en sentido amplio, sino que piden ser gobernadas con arreglo a sus propias normas. Pero eso significa ignorar que las mujeres no eligen en absoluto retirarse: ¡son el Derecho religioso y el Estado los que eligen por ellas! Se les niega el acceso a las herramientas necesarias para resistir las presiones ejercidas para que se ajusten a la costumbre y para hacer valer su cuota de derechos humanos y de ciudadanía. De este modo, se les niega el derecho a participar en la comunidad política como ciudadanas y no como sujetos.
Lo que aquí estamos viendo es una clara tentativa de obstaculizar el desarrollo de una resistencia política progresista y laica. Esta tentativa se manifiesta en la desligitimación de nuestras luchas por el acceso a la justicia, consideradas ajenas a las preocupaciones supuestamente étnicas, antirracistas y feministas. En la actualidad, estas luchas se desarrollan en varios frentes, pues las fuerzas de la derecha religiosa y el Estado han lanzado, de manera simultánea, un ataque contra los valores humanistas y laicos, en busca de una forma de poder que les dispense de rendir cuentas.
- NDLR – Se nos informa de que el problema se ha vuelto a presentar con motivo de una conferencia impartida en la Universidad de Glasgow por una «asociación islámica de beneficencia» anónima, en la que las mujeres estaban detrás y los hombres, delante. Ver http://www.occuworld.org/news/1659240. Pragna Patel declara: «Es otro ejemplo aterrador de la manera en que los organismos públicos del Reino Unido siguen capitulando frente a las exigencias de la derecha religiosa. La Universidad de Glasgow, al igual que los demás organismos públicos, se niega simplemente a comprender que el derecho a manifestar la fe religiosa no puede primar sobre el derecho a la protección contra la discriminación sexual. La Universidad debe remitir a la jurisprudencia de la CEDH, que afirma, de manera inequívoca, que esta segregación por sexos es ilegal. Esta práctica de condescendencia con la misoginia y la intolerancia debe cesar. » [?]
Pragna Patel en una manifestación ante la Law Society. Foto: Ruth Whitworth | Demotix
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