El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace público unos días antes de las elecciones el contenido de una sentencia en la que se admite la objeción de conciencia en la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”.
No pasaría de ser una resolución judicial que gustaría más a unos que a otros, si no fuese porque la demanda fue presentada por un letrado designado por el Foro de la Familia, del que es Presidente Honorífico José Gabaldón López, quién a su vez es el padre de Enrique Gabaldón Codesido, magistrado ponente de la referida sentencia. Y con el Opus Dei como punto de unión entre unos y otros. No soy quién para dudar de la preparación de Enrique Gabaldón Codesido, pero sí tengo legítimo derecho como ciudadano español de poner en duda su integridad profesional y su imparcialidad. Son demasiadas casualidades para hacernos creer que es una mera coincidencia involuntaria, y las dudas se agudizan cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha tomado como estandarte la sentencia para anunciar que permitiría la objeción de conciencia para el estudio de Educación para la Ciudadanía.
Si hubiesen verdadero interés en evitar este tipo de corruptelas, el Consejo General del Poder Judicial debería de abrir de inmediato una investigación para saber por qué el magistrado ponente no se abstuvo de intervenir en este procedimiento judicial, ante la sospecha fundada de interés directo y personal en su resolución.
Para situaciones como la que nos ocupa la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en el artículo 219 como causas de abstención, o en su caso de recusación, los vínculos familiares con las partes (en este caso con el Presidente de Honor del Foro de la Familia, que es el que patrocina el procedimiento contencioso-administrativo planteado), así como el interés directo o indirecto en el pleito. Cualquiera de estas causas sería suficiente para que el propio magistrado decidiese abstenerse.
La sentencia, por estas circunstancias comentadas, me parece escandalosa, y dice muy poco de nuestra Administración de Justicia. Estoy convencido de que el Tribunal Supremo la revocará, dejando sin efecto la objeción de conciencia. Pero el mal ya está hecho, para disfrute de los políticos más reaccionarios de nuestro país.
