La SOF no está para financiar eventos religiosos, sean de la confesión que sean
La polémica sobre la desafortunada concesión de una subvención por parte de una entidad municipal, la SOF, de casi 40.000 euros al Arzobispado de Oviedo para la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en la ciudad en los próximos días, tiene, a mi juicio, dos enfoques para su valoración. El primero, que podríamos denominar como doméstico, hace referencia a las prioridades en la orientación del gasto público que desarrolla nuestro Ayuntamiento, y el segundo, de carácter más general, pone de manifiesto las dificultades que tienen algunos responsables políticos de la derecha (y no tan de la derecha) de nuestro país para establecer un modelo de relaciones con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. En este asunto, y por utilizar una expresión coloquial, nos encontramos con cargos públicos que acaban siendo más papistas que el propio Papa.
La SOF está para organizar actividades festivas, turísticas, de ocupación del tiempo libre y otras de idéntica naturaleza para las vecinas y vecinos de Oviedo, pero no para financiar eventos religiosos, sean de la confesión que sean. Desviar dinero público para estas actividades, en un momento de restricción del gasto, supone detraer esos recursos de otras que son más prioritarias para la ciudad. A mi juicio, y por poner sólo un ejemplo, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas ni entiende ni comparte que se destinen 40.000 euros a financiar un evento religioso a la vez que se anuncian drásticos recortes en un servicio esencial para cualquier ciudad, como es el transporte público. Por cierto, tengo que decir que eché de menos en esta reunión a los representantes del PSOE que, debido a su ausencia, no tuvieron ocasión de manifestar su punto de vista sobre esta cuestión.
Pero en relación con la segunda cuestión sí me importa aclarar algunos conceptos. La posición que ha defendido el grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes se basa en una visión de las relaciones entre las confesiones religiosas y los poderes públicos basada en la laicidad, es decir, en el mutuo respeto, la autonomía de cada parte y la neutralidad de las administraciones, que no deben favorecer en ningún modo a unas confesiones respecto de otras y deben establecer una estricta separación entre ambos planos. Un reputadísimo teólogo católico apuntó que «la sana laicidad implica que el Estado permita que a cada confesión religiosa (con tal de que no esté en contraste con el orden moral y no sea peligrosa para el orden público) se le garantice el libre ejercicio de las actividades de culto -espirituales, culturales, educativas y caritativas- de la comunidad de los creyentes». Por supuesto, no hay nada que objetar a esta afirmación, pero en ninguna parte el citado teólogo afirma que para que la laicidad sea «sana» los poderes públicos deban financiar dichas actividades. El teólogo en cuestión es Benedicto XVI y la cita es del discurso que pronunció a los juristas católicos el 9 de diciembre de 2006.